Tren Maya: El gobierno de López Obrador desafía al poder judicial

¿Qué pasó?

El mismo día que el Juez Primero Distrito de Yucatán concedió la segunda suspensión definitiva a una organización de la sociedad civil que exige frenar la construcción del Tramo 5 del Tren Maya, el presidente Andrés Manuel López Obrador emitió un decreto de expropiación de 36 inmuebles (109 hectáreas) en esta área.

¿Por qué importa?

• El gobierno ha hecho caso omiso de los amparos en los que el poder judicial ha deliberado que deben detenerse las obras del Tramo 5 del Tren Maya hasta que se cumplan los permisos y estudios de impacto ambiental necesarios.

• El desafío de la administración de Andrés Manuel López Obrador pone en tela de juicio su apego a la legalidad y el respeto al Estado de Derecho en el desarrollo de las obras prioritarias del gobierno.

• Este mes, el Departamento de Estado de Estados Unidos emitió un reporte sobre el clima de inversión en México en el que se advierte sobre la violación de estos amparos como una señal más amplia de la relación del gobierno mexicano con el capital extranjero.

El contexto:

• Aunque dos suspensiones definitivas han ordenado detener la construcción del Tramo 5 del Tren Maya, el gobierno federal continuó con el proyecto luego de decretar la obra como un proyecto prioritario de seguridad nacional.

• La responsabilidad del desarrollo del Tren Maya pasó de Fonatur a la Secretaría de Gobernación. Esto ha permitido que las Fuerzas Armadas asuman un rol preponderante en el proyecto.

• Recientemente, el gobierno federal rescindió el contrato de más de 800 millones de dólares de la construcción del Tramo 5 a Grupo México, propiedad de la familia Larrea. El Ejército mexicano asumió el control de la obra.