Slim y la Corte

Tres días antes de que cerrara el 2018, el Consejo de la Judicatura Federal –del que depende la Suprema Corte- emitió un fallo que pasó inadvertido pero que exhibe mucho de lo que el gobierno del Cuarta Transformación busca desterrar.

Y en un atentado abierto contra la libre competencia, aun con el ministro Luis María Aguilar como integrante del pleno, se le entregó un contrato de telecomunicaciones con valor mínimo de dos mil 400 millones de pesos a Telecomm, una empresa de Telmex y de Carlos Slim.

El cuestionamiento en la asignación de este apresurado y jugoso contrato se da porque la Judicatura, que por esencia debería ser ejemplo en el cumplimiento de las leyes, de la legalidad y de la justicia, violentó tiempos y procedimientos que colocan esa asignación en el oscuro territorio del sospechosismo.

Simplemente el supremo órgano judicial de nuestro país convocó a una licitación apresurada, con plazos muy cortos y con restricciones excesivas para los potenciales participantes.

La convocatoria para la licitación se lanzó apenas un mes antes de que venciera el contrato que se tenía con la misma filial de Telmex.

Para inhibir mas el proceso, se estableció que en solo tres días naturales el ganador diera continuidad al servicio, algo que solo podría hacer quien ya lo estaba dando, que era el consorcio de Carlos Slim.

Y por si fuera poco, fijó un plazo de cuatro meses para la implementación total de servicios, un hecho que es imposible en un proceso serio de licitación de servicios de telecomunicaciones.

Lo que se asoma en esta apresurada asignación del contrato de telecomunicaciones para el Consejo de la Judicatura Federal es que fue un traje hecho a la medida de un solo jugador. Y ese jugador lleva por nombre Carlos Slim.

Y para consumar la llamada licitación para uno solo, la Judicatura implementó una evaluación financiera excesiva, contraria a las normas vigentes. Exigió requisitos de liquidez estabilidad y rentabilidad que son ajenos a los procesos de licitación. Otra vez, con dedicatoria para dejar solo al favorito.

El sesgo del supuesto concurso fue de tal magnitud, que los responsables de la licitación le colocaron trabas a la presentación de propuestas conjuntas -de dos o más jugadores- que habrían significado una competencia real para Telmex.

Es decir, que no gane el mejor, que gane el mío. Y ganó el consorcio de Carlos Slim, quien dicho sea de paso, y si al récord histórico nos atenemos, sus fallos en las demandas antimonopolio y otras prácticas indebidas siempre le son favorables en la Corte.

Por eso decimos que es muy lamentable que en los días en que soplan vientos de cambio, cuando se buscan desterrar las viejas prácticas de favoritismos y se intentan romper las mafias del poder, sea el Consejo de la Judicatura Federal el que dé tan vergonzoso ejemplo de fabricar una licitación a modo.

Sobre todo en un mercado como el de las telecomunicaciones, en donde los usuarios tienen ya acceso a distintos proveedores, de quienes reciben ya servicios mas avanzados y a precios menores que los que da el jugador dominante.

La llegada del ministro Arturo Zaldívar a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación –y por tanto al Consejo de la Judicatura Federal- abre un camino a una nueva era en la forma de ver y hacer valer la justicia.

Su llegada puede marcar un cambio dramático en las asignaciones oscuras, como esta, una licitación que en justicia debería reponerse por considerarse un proceso viciado de origen.

Una señal así, en los momentos en que México y su nuevo gobierno abre expedientes para atacar frontalmente la descarada corrupción, sería una bocanada de aire fresco que dejara en claro que las cosas han cambiado dentro del poder judicial.

Y al magistrado Arturo Zaldívar le significaría un reconocimiento más en su bien ganada reputación de enemigo de la corrupción.