Silenciando al periodismo crítico

En México, la libertad de expresión enfrenta uno de sus momentos más oscuros desde el retorno de la democracia. La coalición gobernante de la Cuarta Transformación (4T) ha desplegado un abanico de estrategias legales, administrativas y políticas para acallar voces críticas. En vez de dialogar con la prensa y garantizar la pluralidad informativa, los gobiernos y políticos de la 4T han optado crecientemente por el hostigamiento judicial, la estigmatización y la promoción de leyes regresivas. Estos ataques, lejos de ser episodios aislados, evidencian la consolidación de una maquinaria de censura que busca disciplinar al periodismo independiente y a cualquier ciudadano incómodo.

Caso 1: Ley de Ciberacoso en Puebla

El Congreso de Puebla, bajo mayoría de Morena, aprobó una reforma promovida por el gobernador Alejandro Armenta para tipificar el “ciberasedio” con penas de hasta tres años de prisión para quien insulte, injurie, ofenda, agravio o vejación en redes sociales. Organizaciones defensoras de la libertad de expresión alertaron que la ambigüedad de la redacción convierte críticas legítimas en posibles sujetos de sanción penal o administrativa, con efectos disuasorios para periodistas y activistas digitales que cuestionan al gobierno local. Incluso la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió un exhorto para revisar la ley por sus “ambigüedades que podrían dar lugar a restricciones indebidas al derecho a la libertad de expresión”.

El propio gobernador Armenta había protagonizado episodios de hostigamiento verbal a reporteros y presiones a instancias federales para denuncias por difamación. La percepción es que esta norma, bajo la etiqueta de “combate al ciberacoso”, funciona como “Ley Mordaza” ante comentarios incómodos hacia autoridades.

Caso 2: Acoso de Layda Sansores contra Jorge González Valdéz

En Campeche, la gobernadora Layda Sansores promovió un procedimiento judicial contra el periodista Jorge González Valdéz por supuesta “incitación al odio” tras sus investigaciones sobre presunta corrupción en el DIF estatal. A través de una jueza calificada como “sumisa”, se ordenó el cierre de su plataforma digital, la suspensión de su actividad periodística por dos años y una multa millonaria, bajo riesgo de perder su vivienda. Esta acción de carácter penal y administrativo contra el ejercicio periodístico generó alarma en organizaciones y colegas, pues ejemplifica el uso de órganos estatales para intimidar y desincentivar indagaciones críticas.

Caso 3: Demanda contra Miguel Meza por Luis Castañeda Palacios

Miguel Alfonso Meza, activista y presidente de Defensorxs, promovió una investigación sobre señalamientos de acoso sexual contra el ex director de la Consejería Jurídica de la Presidencia y candidato a juez laboral, Luis Castañeda Palacios. En respuesta, Castañeda Palacios presentó una denuncia por “violencia política” -una figura inexistente en la legislación para hombres-, argumentando perjuicio moral.

El INE, en lugar de desecharla por improcedente, inició un procedimiento, lo cual supone un precedente peligroso de validar que cualquier señalamiento adverso pueda traducirse en presión institucional sobre defensores de derechos y periodistas que investigan a figuras con poder.

Caso 4: Acoso contra Karla Estrella por Sergio Gutiérrez Luna y Diana Karina Barreras

En Sonora, la ciudadana Karla Estrella criticó en redes un presunto nepotismo al sugerir que la diputada Diana Karina Barreras obtuvo candidatura por influencia de su esposo, Sergio Gutiérrez Luna (líder de diputados de Morena). Barreras denunció a Estrella por “violencia política de género” y el Tribunal Electoral impuso multas y la obligación de disculpas públicas diarias por 30 días. Este uso de la figura de violencia política de género para sancionar expresiones críticas sobre nepotismo ha sido cuestionado como “instrumentalización de una causa legítima para acallar a la ciudadanía”.

Caso 5: Denuncia ante IETAM de Tania Contreras contra Código Magenta, Rodrigo Carbajal, Héctor de Mauleón y El Universal

Tania Contreras, ex consejera jurídica de Tamaulipas, aspirante a magistrada, promovió una denuncia por calumnias y violencia política de género contra el periodista Héctor de Mauleón tras una columna que vinculaba a su familia con presunta corrupción y tráfico de huachicol. De forma paralela, Contreras accionó contra el medio digital Código Magenta y su director Rodrigo Carbajal por la cobertura crítica del proceso de selección judicial. Bajo una composición del Tribunal Electoral local favorable a la denunciada, se ordenó retirar contenidos y emitir disculpas, configurando una censura institucionalizada que limita la investigación periodística sobre el Poder Judicial y sus candidatos.

Caso 6: Demanda por daño moral de Ricardo Peralta Saucedo contra Código Magenta, Ramón Alberto Garza y Rodrigo Carbajal

Ricardo Peralta Saucedo, ex administrador General de Aduanas y ex subsecretario de gobernación, presentó una demanda de daño moral en un juzgado civil de la Ciudad de México en contra de los periodistas que han revelado la trama detrás huachicol fiscal. Las investigaciones periodísticas han cuestionado el papel de Peralta en la estructura que permitió financiar campañas políticas de manera ilegal a través de una industria multimillonaria de contrabando de hidrocarburos que contó con la complicidad de funcionarios federales.

Estas acciones judiciales, aún sin resolverse, generan un efecto amedrentador sobre medios independientes que buscan indagar rendición de cuentas en administraciones previas y actuales. Ante la falta de avances transparentes en el proceso, prevalece la sospecha de que la mera amenaza de litigio funciona como mecanismo de intimidación.

Caso 7: La salida de Salvador García Soto

El periodista Salvador García Soto anunció que su programa sería cancelado por “argumentos de comercialización”, si bien reconoció que su línea crítica al poder lo había convertido en blanco de presiones. Ha habido reportes sobre la intervención de actores cercanos a Palacio Nacional y a convenios publicitarios para exigir el retiro de espacios incómodos. Este episodio ejemplifica el acoso indirecto vía influencias en medios privados, alineándose con la estrategia de cerrar micrófonos o espacios a voces incómodas.

Erosión de la libertad de expresión y señales de autoritarismo

Estos casos comparten el uso de figuras jurídicas (violencia política de género, calumnias, difamación, “incitación al odio”) o legislativas (leyes de ciberacoso) para judicializar la crítica, muchas veces con ambigüedad normativa y tribunales permeables a influencias.

Se observa un patrón en el que actores de la coalición dominante utilizan recursos del Estado -fiscalías, tribunales electorales, Congresos locales- para hostigar a periodistas y activistas. Esto ocurre en un contexto donde el equilibrio institucional está debilitado: la elección y composición del Poder Judicial ha sido cuestionada, y los contrapesos suelen ceder ante presiones políticas. La libertad de expresión, pilar de la rendición de cuentas, se ve amenazada por la tendencia a sancionar penal o administrativamente críticas incómodas, generando autocensura y debilitando el escrutinio público.

El 24 de junio, en su conferencia matutina, la presidenta Sheinbaum rechazó tajantemente que exista censura desde su gobierno, declaró estar a favor de la libertad de expresión y calificó como “falsa” la idea de que se busque acallar críticas en casos como Puebla o Campeche, atribuyendo las polémicas a malinterpretaciones de leyes de ciberacoso o procesos judiciales de ámbitos estatales ajenos al Ejecutivo federal.

Insistió en que no se instruye a medios ni se presiona a periodistas desde Presidencia, y que la administración respeta la crítica. Sin embargo, la persistencia de casos en los que instancias vinculadas al poder afín a la 4T actúan contra periodistas evidencia un desfase entre la retórica oficial y la práctica en territorios o instituciones con afinidad política. Las objeciones de la CNDH, de ONGs y de organizaciones defensoras de prensa muestran que, para la sociedad civil, la inquietud sobre censura no se disipa con declaraciones presidenciales.