Decisión de Estado: La apuesta de Sheinbaum por el gas y petróleo shale

¿Qué pasó?

• El gobierno de Claudia Sheinbaum presentó esta semana una estrategia para fortalecer la “soberanía energética” mediante la explotación de yacimientos de gas natural no convencional, un viraje que en la práctica reabre la puerta al “fracking” en México.

• La apuesta oficial busca reducir la dependencia de México respecto al gas importado desde Estados Unidos, que hoy cubre alrededor de tres cuartas partes del consumo nacional, una vulnerabilidad que el propio gobierno y analistas han colocado ya en el centro del debate energético.

• Pemex planteó que la extracción podría comenzar en 2027 y que los yacimientos no convencionales identificados contienen alrededor de 141 billones de pies cúbicos de gas, con potencial para elevar de forma significativa la producción nacional hacia 2035.

• El giro rompe con la narrativa política previa de la propia Sheinbaum y del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que habían rechazado el “fracking” por sus altos costos ambientales, sobre todo, por el uso intensivo de agua y los riesgos para acuíferos y comunidades.

• La nueva ruta abre la puerta a esquemas de participación privada o contratos mixtos con Pemex para hacer viable técnica y financieramente la explotación de estos recursos.

¿Por qué importa?

• Confirma una de las decisiones de Estado más relevantes de esta administración: frente al riesgo de depender de un solo proveedor externo y de un sistema eléctrico cada vez más atado al gas, Sheinbaum optó por priorizar seguridad de suministro y pragmatismo económico sobre el discurso ambiental que acompañó su trayectoria política.

• Además, revela que la autosuficiencia energética que promete el oficialismo ya no pasa sólo por Pemex como operador exclusivo, sino por asociaciones de capital y tecnología en un terreno donde la empresa estatal arrastra limitaciones financieras y técnicas.

• Sin embargo, el costo político y ambiental puede ser alto: los principales yacimientos señalados se ubican en regiones con estrés hídrico y organizaciones ecologistas sostienen que no existe, en los hechos, un “fracking sustentable” comercialmente probado.

Los detalles:

• La secretaria de Energía, Luz Elena González, defendió el gas natural como combustible de transición hacia energías más limpias, pero esa premisa es cuestionada por organizaciones que advierten sobre las emisiones de metano asociadas a la extracción y transporte.

• El gobierno ha planteado que la explotación podría hacerse con agua salada, agua no potable o agua reutilizada y con químicos menos agresivos, aunque críticos del sector ambiental y técnico consideran que esas soluciones siguen siendo más caras y de viabilidad incierta a escala comercial.

• El Plan de Trabajo 2025-2030 de Pemex ya había fijado la meta de elevar la producción de gas natural a 5 mil millones de pies cúbicos diarios, con una fuerte inversión pública.

• De acuerdo con el analista y ex eje utivo petrolero Ramsés Pech, para acercarse a la autosuficiencia en gas, México requeriría miles de pozos y una inversión de entre 36 mil y 45 mil millones de dólares en una década, lo que vuelve difícil pensar en este proyecto sin capital privado y sin incentivos regulatorios más claros.

El contexto:

• México consume alrededor de 9 mil millones de pies cúbicos diarios de gas natural, mientras Pemex produce cerca de 2.3 mil millones; esa brecha explica la fuerte dependencia del gas proveniente de Estados Unidos, especialmente de Texas.

• Un diagnóstico del Natural Resource Governance Institute advierte que México tiene dependencia externa, tecnológica y logística: importa la mayor parte del gas, su sistema eléctrico depende de centrales de ciclo combinado y su almacenamiento equivale apenas a unos 2.4 días de consumo.

• El antecedente más incómodo para Pemex es Chicontepec, donde la explotación en formaciones complejas dejó costos elevados y resultados decepcionantes, una experiencia que pesa sobre cualquier nueva ofensiva shale.

• El viraje ocurre además en un momento de tensión geopolítica y volatilidad energética internacional, lo que permitió al gobierno presentar el regreso al shale no como una concesión ideológica, sino como una respuesta estratégica a la fragilidad del modelo energético mexicano.