San Pedro se rinde ante el autócrata

Mauricio Fernández Garza Sada cesó a una integrante del Consejo Consultivo Ciudadano de San Pedro Garza García, porque se atrevió a pedir, públicamente, transparentar la compra que hizo ese municipio de un terreno de mil 200 millones de pesos al Grupo Alfa, propiedad de la familia del controvertido alcalde.

Valeria Villarreal buscaba investigar el conflicto de interés y la falta de transparencia en la compra del costoso inmueble. Igual como lo hicieron Vivianne Clariond y las regidoras Érika Monter y Nora Andrade, en una mesa en Código Magenta. Pero Valeria Villarreal recibió el cese fulminante a su cargo ciudadano honorífico. Su pecado: desafiar al político autócrata, quien además es un pésimo “portero”. Admite que le meten “goles” cuando su Secretario de Seguridad le instala como jefe policiaco a un personaje que purgó en Houston una condena de nueve años por tráfico de drogas.

¿Qué pasa con los ciudadanos de San Pedro que están pasivos, que no se indignan frente al abuso abierto y descarado del poder de un político que, por detentar uno de los apellidos más emblemáticos y respetados de Nuevo León, hace y deshace sin recato ni pudor, a su capricho y a su placer?

¿Qué diría de todo esto, si viviera, don Alberto Fernández Ruiloba, padre del alcalde de San Pedro, un ilustre y muy admirado prohombre que fue fundador y benefactor del Partido Acción Nacional, que nació entre otras cosas para combatir la corrupción del PRI?

¿Qué dicen de su opaco alcalde panista personajes de la talla de Fernando Canales Clariond, Rogelio Sada, José Luis Coindreau o Tere García de Madero, quienes lucharon cuesta arriba como funcionarios, alcaldes o gobernadores azules, para desterrar la corrupción, el conflicto de interés y la falta de transparencia en las cuentas públicas?

¿Puede, con toda impunidad, el alcalde Mauricio Fernández Garza Sada comprarle a su familia un terreno que equivale a la sexta parte del presupuesto anual del municipio más rico de México, sin que nadie le exija cuentas, y si lo hacen -como lo hizo Valeria Villarreal- pagan sus consecuencias?

¿Acaso no existen necesidades más urgentes entre los ciudadanos menos favorecidos del sector San Pedro 400, como para aplicar esos mil 200 millones que hoy van a dar a los bolsillos de los accionistas de Grupo Alfa? ¿Mejorar su movilidad, dotarlos de pisos de cemento a los que tienen piso de tierra o apoyarlos a cambiar sus techos de lámina por techos de concreto?

¿Qué dicen de esto los muy respetables accionistas insignia de ese conglomerado industrial, como Álvaro Fernández Garza Sada y Alberto Fernández Garza Sada, hermanos del alcalde? ¿Tan emproblemada estará su corporación para cerrar los ojos y alentar esa cuestionada venta para embolsarle a su compañía mil 200 millones de pesos, que es más de la tercera parte de los 3 mil millones de pesos que el ex alcalde Miguel Treviño le heredó en caja a su sucesor? ¿Qué dicen de esto el resto de los accionistas y consejeros del Grupo Alfa?

Si esos desplantes de falta de transparencia y conflicto de interés, como la compra acelerada y atropellada de ese inmueble familiar -que pueden caer en el terreno de la corrupción- lo hacen ciudadanos y políticos que presumen tener una ética intachable, ¿con qué cara, esos mismos personajes, van a denunciar mañana los atropellos y los saqueos de Morena, del PRI o del Partido Verde?

Alguien tiene que ponerle el cascabel al gato. Aceptar esta “transa-acción” es medir con una doble moral a la clase política. Si son morenos, tricolores o verdes, son corruptos. Si son azules, aunque el dinero vaya a sus bolsillos, son “de buena fe”.