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12 de julio 2024

10 de julio 2024

Política

Reforma Judicial: no hay punto medio

Las intervenciones públicas de Norma Piña y Javier Laynez indican que existe una brecha cada vez más amplia entre la reforma que el gobierno pretende aprobar y los riesgos de implementación que advierten los miembros de la Judicatura

Por Redacción Magenta

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El presidente Andrés Manuel López Obrador y su eventual sucesora, Claudia Sheinbaum, han sido enfáticos en que no habrá una negociación sobre la Reforma Judicial. Ricardo Monreal, quien será el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados en la siguiente Legislatura, subrayó esta posición en uno de los foros de la reforma: “El diálogo es con los legisladores”, puntualizó.

Las intervenciones públicas de los ministros de la Corte, puntualmente las de Norma Piña y de Javier Laynez, indican que existe una brecha cada vez más amplia entre la reforma que el gobierno pretende aprobar y los riesgos de implementación que advierten los miembros de la Judicatura.

Ayer, Norma Piña, ministra presidenta de la Suprema Corte, le dijo al periódico Reforma que rechaza el cambio constitucional más importante de la iniciativa: la designación de los jueces y magistrados por voto popular. “Yo no comparto la gradualidad, yo sí considero que la elección de jueces y magistrados no es un método de selección apto para el juzgador”, argumentó Piña. “No somos representantes populares, no estamos por la popularidad, y cuando hay conflicto entre dos partes, con una quedas mal”, agregó.

En un evento en Chiapas que reunió a legisladores y a miembros del Poder Judicial, el ministro Javier Laynez emitió un discurso de casi diez minutos en defensa de la Corte y de su papel como contrapeso constitucional. Laynez puso de relieve que el argumento de la mayoría política, Morena, contra el Poder Judicial no se sostiene. El ministro dijo que no hay indicios concretos de que la Suprema Corte haya utilizado sistemáticamente la violación de procedimientos parlamentarios para neutralizar reformas aprobadas por el Poder Legislativo. “Respetuosamente, no veo el abuso de la Corte en el proceso legislativo”, dijo Laynez. Agregó que, desde 1996, sólo se han realizado cuatro declaratorias de invalidación de leyes federales de 221 casos revisados de presuntas violaciones parlamentarias.

El discurso de Laynez trastoca el principal argumento público de Morena para aprobar la Reforma Judicial. Monreal, uno de los principales interlocutores del gobierno con la Corte, admitió que la reforma se justifica por la supuesta intromisión de los tribunales para frenar iniciativas que reflejan la voluntad popular. “Se plantean interrogantes sobre su interferencia e intromisión en las funciones principales del Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo”, dijo el senador de Morena.

El gobierno y el equipo de transición de Claudia Sheinbaum han concedido a la oposición y al Poder Judicial la negociación de cambios menores en la reforma. El presidente Andrés Manuel López Obrador se negó explícitamente a dialogar con la ministra Norma Piña, pero le planteó que podría ser recibida por funcionarios de la Secretaría de Gobernación.

Acto seguido a esta propuesta, López Obrador elevó el tono contra los tribunales, repitiendo la falacia de que existe una política sistemática en el Poder Judicial para liberar a criminales. El presidente también dijo que, contrario a lo expresado por el equipo de Sheinbaum y por los miembros de la Judicatura afines a la 4T, no es necesario que los candidatos a jueces tengan experiencia profesional para ser elegibles.

Dado que el partido en el poder ha sido claro en que la elección popular de los jueces no es negociable, los diálogos en torno a la Reforma Judicial actualmente se concentran en la gradualidad. La implementación de la iniciativa en los términos que definió en febrero el Poder Ejecutivo implicaría la sustitución simultánea de 1,600 juzgadores.

En sus intervenciones recientes, tanto Piña como Laynez critican que la Reforma Judicial no toca ninguno de los dos puntos críticos del sistema: la incapacidad de las fiscalías para investigar y los déficits de los tribunales locales. Para los escépticos, esto representa una señal inequívoca de que, en el fondo, la reforma es un asunto de poder, no de transformación.

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