Ramírez Cuéllar denuncia a Samuel García y exige juicio político

¿Qué pasó?

• Alfonso Ramírez Cuéllar elevó la presión política y judicial contra Samuel García. El vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados exigió el 1 de noviembre que el Congreso de Nuevo León reinstale su Comisión Anticorrupción para dar continuidad al procedimiento de juicio político contra el gobernador emanado de Movimiento Ciudadano.

• La ofensiva ocurre después de una denuncia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Según informó La Jornada, el órgano fiscalizador presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntas irregularidades y triangulaciones relacionadas con 7,200 millones de pesos del gobierno estatal.

• La denuncia penal fue reforzada por Morena el 4 de noviembre. Clara Luz Flores, coordinadora política del partido en Nuevo León, acudió a la FGR acompañada por Ramírez Cuéllar y el senador Alejandro Murat para denunciar al gobernador, a su esposa Mariana Rodríguez y a su padre, Samuel Orlando García Mascorro, por presuntos delitos relacionados con el manejo de recursos públicos.

• Ramírez Cuéllar plantea retirar las protecciones constitucionales del gobernador. El legislador sostiene que debe avanzar el juicio político y cuestionó la suspensión temporal del procedimiento concedida por la ministra Estela Ríos, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con base en consideraciones sobre la gobernabilidad de Nuevo León.

• La investigación tiene ahora dos dimensiones institucionales. Por una parte, la FGR deberá evaluar las denuncias penales y determinar si procede investigar responsabilidades federales. Por otra, el Congreso de Nuevo León debe resolver el curso del procedimiento político.

¿Por qué importa?

• La investigación amenaza con convertirse en la crisis judicial más importante de la administración de Samuel García. La ASF identificó operaciones por aproximadamente 7,212 millones de pesos, de los cuales 928.13 millones habrían terminado en un despacho jurídico vinculado con la familia del gobernador.

• El caso enfrenta al gobierno de Movimiento Ciudadano con el aparato federal de fiscalización y con Morena. La intervención de la ASF, las denuncias ante la FGR y la exigencia de juicio político plantean una disputa que puede tener consecuencias tanto judiciales como políticas.

• La ofensiva de Morena también alcanza al PRI en Nuevo León. Clara Luz Flores presentó una segunda denuncia contra el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, por presuntas irregularidades relacionadas con Next Energy. De esta manera, Morena coloca bajo escrutinio a los dos principales gobiernos encabezados por sus adversarios políticos en la entidad, en el contexto de la competencia electoral de 2027.

Los detalles:

• La ASF identificó cuatro rutas de transferencia. Según la información difundida sobre la auditoría, los recursos salieron de la administración estatal hacia constructoras, comercializadoras y empresas de servicios. A través de operaciones posteriores, 928.13 millones de pesos habrían llegado a un despacho jurídico relacionado con Samuel García y su padre.

• La denuncia de la ASF es anterior a su presentación pública. De acuerdo con N+, el órgano fiscalizador presentó la denuncia penal el 16 de octubre de 2026. El asunto está identificado con el número de denuncia 1231 y corresponde a la auditoría 1492, derivada de la revisión de la Cuenta Pública 2025. Los hallazgos se divulgaron durante la segunda entrega de informes de fiscalización.

• Ramírez Cuéllar llevaba más de un año cuestionando al gobernador. El legislador recordó que desde octubre de 2025 había advertido sobre posibles esquemas de facturación irregular en Nuevo León. Además, el 20 de agosto de 2026 solicitó una revisión integral de los recursos federales ejercidos por el gobierno estatal, ante señalamientos de sobrecostos y anomalías en contratos públicos.

• Morena pidió investigar contratos con empresas señaladas por autoridades estadounidenses. Clara Luz Flores denunció la existencia de contratos por aproximadamente 110 millones de pesos entre el gobierno de Nuevo León y compañías que, según sus declaraciones, fueron sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

• La denuncia contra Adrián de la Garza involucra otros 7,370 millones de pesos. Según la acusación presentada por Morena, el contrato de Next Energy para desarrollar un parque solar habría generado una afectación económica de esa magnitud al Ayuntamiento de Monterrey. La denuncia también señala a Jovita Morín Flores, ex contralora municipal. Se trata de un expediente distinto al del gobernador.

El contexto:

• Samuel García niega las acusaciones. El 2 de noviembre, el gobernador difundió nuevamente un video publicado originalmente el 21 de septiembre en el que sostuvo que distintas autoridades habían investigado sus cuentas sin encontrar ilegalidades. Se declaró abierto a nuevas investigaciones y afirmó ser incorruptible.

• La Suprema Corte estableció un límite preciso a la suspensión del juicio político. En julio, la ministra María Estela Ríos aclaró que la medida cautelar concedida en la controversia constitucional 386/2026 no paraliza el procedimiento legislativo: permite continuar su tramitación, pero impide temporalmente ejecutar sanciones contra el gobernador mientras se resuelve el fondo del asunto.

• Ramírez Cuéllar vincula el caso con la agenda anticorrupción de Claudia Sheinbaum. El diputado ha respaldado la transformación del Sistema Nacional Anticorrupción y propone eliminar el fuero, fortalecer las auditorías y reformar las fiscalías especializadas.