Samuel García, en la mira de la 4T por 7,200 mdp en desvíos

¿Qué pasó?

• La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó el 16 de octubre una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República por un presunto esquema de triangulación de recursos públicos en el gobierno de Nuevo León. La denuncia deriva de la revisión de la Cuenta Pública 2025.

• La ASF identificó operaciones por 7,212 millones de pesos que involucraron pagos del gobierno estatal a empresas constructoras, prestadoras de servicios, comercializadoras y un despacho jurídico relacionado con familiares de servidores públicos.

• Aureliano Hernández, titular de la ASF, informó ante la Cámara de Diputados que el organismo tiene trazada la ruta de los recursos y detectó patrones compatibles con posibles esquemas de triangulación y simulación de operaciones.

• La denuncia quedó registrada con el número 1231 y corresponde a la auditoría 1492, de acuerdo con la información presentada durante la segunda entrega de informes individuales de la Cuenta Pública 2025.

• Corresponde ahora a la FGR determinar si existen delitos y quiénes serían responsables.

¿Por qué importa?

• El caso eleva el nivel institucional de los señalamientos contra la administración de Samuel García: trasciende las denuncias formuladas por adversarios políticos dado que se trata de una querella presentada por el órgano técnico encargado de fiscalizar el uso de recursos federales.

• El esquema descrito por la ASF pone el foco en un posible conflicto de interés: proveedores que recibieron dinero público habrían efectuado posteriormente transferencias hacia entidades relacionadas con familiares de funcionarios estatales.

• La investigación abre un nuevo frente político para Movimiento Ciudadano y para el gobernador de Nuevo León en la antesala del proceso electoral que definirá la sucesión de poder en el estado.

Los detalles:

• La ASF explicó que mantiene reservados nombres y detalles adicionales para proteger la secrecía y el debido proceso de la investigación penal.

• El auditor señaló que la institución siguió los movimientos desde el pago inicial a proveedores hasta posteriores dispersiones entre distintas empresas y personas.

• La revisión nacional de la Cuenta Pública 2025 detectó más de 9,008 millones de pesos pendientes de aclaración, de los cuales más de 80 por ciento corresponde a gobiernos estatales y municipales.

• La fiscalización también documentó un caso distinto en Sinaloa relacionado con contratos públicos y una constructora vinculada con familiares del entonces gobernador Rubén Rocha Moya.

• La cifra de 7,212 millones corresponde al conjunto de movimientos examinados dentro del esquema.

El contexto:

• La investigación corresponde al ejercicio fiscal 2025 y forma parte de las atribuciones de la ASF para revisar el uso de recursos públicos y denunciar ante el Ministerio Público hechos que pudieran constituir delitos.

• La presentación de una denuncia penal traslada el expediente de la esfera administrativa de fiscalización al ámbito de investigación ministerial.

• La ASF sostuvo que encontró en Nuevo León patrones de triangulación, simulación de operaciones y transferencias hacia cuentas vinculadas familiarmente con servidores públicos.