Samuel García, protegido por la SCJN de la 4T

¿Qué pasó?

• La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aplazó este jueves 5 de noviembre la discusión de un proyecto que propone mantener la suspensión judicial que protege al gobernador de Nuevo León, Samuel García, frente a una eventual destitución mediante juicio político.

• La ministra Sara Irene Herrerías Guerra elaboró un proyecto que plantea confirmar la suspensión concedida al gobernador por la ministra María Estela Ríos González el pasado 13 de julio.

• El proyecto estaba incluido entre los primeros asuntos de la sesión del Pleno. Sin embargo, su discusión fue pospuesta sin que se anunciara públicamente una explicación específica. La propuesta podría ser modificada antes de volver a presentarse.

• La controversia se originó después de que el Congreso de Nuevo León declarara procedente, el 12 de junio de 2026, someter al gobernador a juicio político por señalamientos de presunto peculado y enriquecimiento ilícito.

• El mandatario estatal impugnó la decisión legislativa mediante una controversia constitucional, bajo el argumento de que el Congreso local carece de atribuciones para procesarlo. La suspensión vigente impide ejecutar una eventual destitución o inhabilitación mientras se resuelve el litigio constitucional.

¿Por qué importa?

• La Corte puede definir el alcance de las facultades de fiscalización y sanción del Congreso estatal. El conflicto enfrenta el ejercicio de atribuciones legislativas con la protección constitucional de la continuidad del Poder Ejecutivo.

• Una suspensión confirmada podría proteger a Samuel García durante el resto de su administración. Su mandato concluye en octubre de 2027 y no existe un plazo establecido para que la Suprema Corte resuelva el fondo de la controversia constitucional.

• El proceso representa una nueva disputa institucional en Nuevo León. La confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo ha llegado al máximo tribunal, que deberá decidir sobre los límites de actuación de ambos poderes.

Los detalles:

• La controversia constitucional promovida por el Ejecutivo estatal quedó registrada con el expediente 386/2026.

• La ministra María Estela Ríos admitió la controversia el 8 de julio. Posteriormente se otorgó la suspensión que impide ejecutar sanciones de destitución o inhabilitación.

• El Congreso de Nuevo León promovió dos recursos de reclamación: el 53/2026-CA, contra la admisión de la controversia, y el 54/2026-CA, relacionado con la suspensión concedida al gobernador.

• Los proyectos de Sara Irene Herrerías proponen declarar infundados los recursos del Congreso y mantener las determinaciones judiciales impugnadas.

• La suspensión no impide que el Congreso continúe el procedimiento de juicio político. Su efecto es impedir que se ejecuten determinadas sanciones mientras permanezca vigente la medida cautelar.

El contexto:

• Samuel García, gobernador emanado de Movimiento Ciudadano, ha mantenido una relación de confrontación política con las fuerzas opositoras que integran el Congreso de Nuevo León.

• La declaración de procedencia del juicio político se sustentó en denuncias relacionadas con presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones.

• La suspensión se justificó por la necesidad de preservar la continuidad del gobierno estatal mientras se resuelve el conflicto constitucional, ante la imposibilidad de recuperar retroactivamente el tiempo de mandato perdido por una eventual separación del cargo.

• La decisión pendiente de la Suprema Corte resolvería la impugnación contra la medida cautelar, no la responsabilidad penal del gobernador. El análisis de fondo sobre las atribuciones del Congreso constituye una cuestión jurídica distinta.