Juez exonera a abogados vinculados a Julio Scherer

¿Qué pasó?

La principal trama judicial del conflicto entre el fiscal General, Alejandro Gertz Manero, y el ex consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, se ha desvanecido en tribunales.

¿Por qué importa?

La resolución de la magistrada Graciela Rocío Santes constituía la última instancia judicial para que la Fiscalía General de la República (FGR) probara que los abogados vinculados a Scherer habrían exigido sobornos millonarios a Juan Collado a cambio de sacarlo de prisión, en donde permanece desde 2019.

El contexto:

• En mayo pasado, el  juez de control Jesús Delgadillo Padierna declaró inválido el proceso que la FGR inició en contra de los abogados Juan Araujo, César Omar González, Isaac Pérez y el asesor financiero, David Gómez Arnau por asociación delictuosa, tráfico de influencias, extorsión y lavado de dinero en agravio de Juan Collado. Los abogados habían sido vinculados por la FGR con Julio Scherer.

• Tras 23 horas de audiencia se desestimaron los argumentos que presentó la fiscalía para vincular a proceso a los cuatro investigados. “La Fiscalía General de la República se ha conducido con mala fe y mala intención”, dijo el juez federal días antes de dar a conocer su resolución.

• Tanto la Fiscalía General de la República (FGR) y el abogado Juan Collado apelaron la decisión del juez federal de no presentar cargos en contra de los tres abogados y el asesor financiero, presuntamente ligados a Julio Scherer.

Los detalles:

• La magistrada federal Graciela Rocío Santes, desechó por improcedentes las más de 20 acusaciones de soborno y extorsión de la FGR en contra de un grupo de litigantes presuntamente vinculados a Julio Scherer.

• “Este tribunal de alzada aprecia que contrariamente a lo alegado, la imputación contiene incongruencias sobre la versión de los hechos que se atribuyen a los imputados y a Julio Scherer Ibarra, así como omisiones acerca de las acciones o conductas que ejecutaron y que impiden ejercer la facultad de reclasificar la hipótesis delictiva propuesta”, se lee en el expediente 147/2022 radicado en el Cuarto Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito.

• De acuerdo con el periódico Milenio, la magistrada determinó desde el pasado 26 de octubre “el no ejercicio de la acción penal” en contra de los demandados, luego de encontrar inconsistencias y versiones incongruentes en los argumentos presentados por la FGR.

• “Del análisis de cada uno de estos datos prueba, es posible insistir en las inconsistencias expuestas. Lo anterior porque sólo permiten acentuar las omisiones de la investigación, ya que se limitan a informar el contexto en que se imputan las conductas ilícitas a Juan Antonio Araujo Riva Palacio y César Omar González Hernández, sin precisarse la forma en que intervinieron ante la Unidad de Inteligencia Financiera”, se añade en el documento.

• Desde prisión, Juan Collado acusó a los abogados Araujo y González -ambos vinculados a Julio Scherer- de haberlo extorsionado con 10 millones de pesos para “hacer las gestiones necesarias” para evitar ir a prisión por los delitos relacionados con lavado de dinero y crimen organizado. El monto habría sido entregado en la terraza del Hotel Hyatt de Polanco, en la Ciudad de México.

• Según los testimonios del propio Collado y su hijo, presentados por la FGR, los litigantes cercanos al ex consejero jurídico de Presidencia le habrían exigido más de un millón de euros, los cuales se entregaron en el hotel Wellington, de Madrid, España, a través de intermediarios.

• Además, entre sus alegatos se incluía la versión de que los enviados de Scherer le habrían pedido al ex abogado de Enrique Peña Nieto vender la empresa de su propiedad, Caja Libertad, para ser adquirida a un precio menor por inversionistas cercanos al ex funcionario federal. “Libertad por Libertad”, citó Collado.

• Al respecto, la magistrada Santes halló incongruencias en las horas en las que se dieron las supuestas reuniones, además de falta de evidencias para aportar credibilidad al relato de Collado en relación al presunto caso de soborno.

• “La incongruencia de la narrativa de la imputación da lugar a considerar, que la Fiscalía pretende ejercer la acción penal contra los imputados porque obligaron a Juan Collado a entregar dos diversas cantidades de dinero, suscribir un contrato y vender su empresa de servicios financieros, aun cuando este último conocía que su origen o propósito tenía relación directa con una conducta antijurídica diversa”, argumentó la magistrada.

• Su postura coincide con la resolución dada anteriormente por el juez Jesús Delgadillo Padierna, quien consideró que al denunciar a sus propios abogados, Collado Mocelo buscaba beneficiarse con un criterio de oportunidad a todas luces improcedente, debido a que no ha ofrecido información fidedigna, por lo que sólo se prestó a ser un instrumento de venganzas.