Política de refugiados: las dos caras del canciller

“Welcome to Mexico”. Así saludó el canciller Marcelo Ebrard a cientos de refugiados afganos que huyeron desesperadamente del régimen Talibán y arribaron la noche de este martes a tierras mexicanas, en donde han solicitado asilo político.

La decisión del gobierno mexicano, consistente con los principios de política exterior definidos en la Constitución y practicados durante la presente administración, fue incluso destacada por el diario más influyente del mundo, cuyos periodistas también recibieron asistencia diplomática mexicana para escapar de Afganistán.

Pero la acción humanitaria altamente mediática encabezada por el aspirante presidencial, Marcelo Ebrard, sucede al mismo tiempo que el gobierno mexicano se prepara para recibir en territorio nacional a aquellos solicitantes de asilo centroamericanos que el gobierno de Joe Biden no puede -o no quiere- procesar en su territorio.

Eso, luego de que la Suprema Corte de Estados Unidos ordenó que el gobierno federal demócrata regrese los Protocolos de Protección de Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés), un eufemismo para la llamada política “Permanece en México” (Remain in Mexico, en inglés) desplegada durante la administración de Donald Trump, y la cual originalmente buscaba restarle el costo político al gobierno norteamericano que significa albergar en su país a decenas de miles de migrantes de Centroamérica.

Así que, mientras que con una mano, rodeado de fotógrafos y reporteros, el canciller Marcelo Ebrard celebra la llegada de los refugiados afganos para proteger sus derechos humanos, con la otra, el gobierno mexicano regresa al entendimiento con Estados Unidos para que miles de refugiados centroamericanos aguarden su proceso migratorio en México.

Una espera que, de acuerdo con decenas de organizaciones de derechos humanos en ambos México y Estados Unidos, ha infligido daño en más de 72 mil personas que buscan protección del gobierno estadounidense, pero que han sido regresadas a México para esperar sus audiencias migratorias.

Es durante esta espera -normalmente a lo largo de la frontera norte- que se han registrado miles de casos de secuestro de migrantes, asaltos y violaciones, ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México y otras instancias civiles.

Y eso, sin tomar en cuenta la política llamada Título 42, que se ha escudado en supuestos riesgos sanitarios a raíz del covid-19 para expulsar a más de 1 millón de solicitantes de asilo sin siquiera concederles su derecho a audiencia. Y la cual México no ha condenado, pese a violar los tratados internacionales firmados por ambas naciones, los cuales garantizan el derecho humano a cualquier persona a solicitar asilo político en un país extranjero.

En una carta al gobierno mexicano, las organizaciones no gubernamentales señalaron que un retorno a dicha “política inhumana exacerbaría las peligrosas condiciones e inseguridad para aquellos que buscan asilo en la frontera México-Estados Unidos”. La legalidad de la actuación del gobierno de México en torno a esta medida está siendo revisada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde febrero de 2020, sin que hasta ahora se haya pronunciado al respecto.

Cuestionado por The New York Times sobre cómo podía justificar la admisión de afganos mientras instaba a los centroamericanos a quedarse en sus países, Ebrard respondió que sus acciones eran consistentes con los esfuerzos de México de “diferenciar entre los migrantes económicos y aquellos que buscan refugio y asilo”.

En su declaración, Ebrard omitió el hecho de que un gran porcentaje de aquellos que huyen de Nicaragua, Honduras, Guatemala y El Salvador, lo hacen obligados por la violencia sistémica y desbordada que se vive en sus lugares de origen, un violencia a la cual, ahora, se tendrán que seguir enfrentando una vez que sean devueltos a México para esperar su audiencia en Estados Unidos.

Welcome to Mexico.