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Piden remover a “Mike” Flores

El Congreso de Nuevo León, la Fiscalía General del Estado y la Comisión Estatal de Derechos Humanos atendieron ayer las querellas y denuncias sobre las amenazas lanzadas por Miguel Ángel “Mike” Flores contra el periodista Ramón Alberto Garza y su familia

Por Ramón Alberto Garza

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El Congreso de Nuevo León, la Fiscalía General del Estado y la Comisión Estatal de Derechos Humanos atendieron ayer las querellas y denuncias sobre las amenazas lanzadas por Miguel Ángel “Mike” Flores contra el periodista Ramón Alberto Garza y su familia.

El jefe de la oficina del gobernador Samuel García envió hace unos días por teléfono, a través de WhatsApp, una serie de mensajes amenazantes a un familiar del director de Código Magenta.

En ellos acusaba que, al exhibir un incidente de tránsito en el municipio de San Nicolás, en el que se abusó de la intervención de Fuerza Civil estatal para rescatar una pipa propiedad de una empresa de la familia de “Mike” Flores, el funcionario amenazaba que, por haberse metido con su familia, el periodista ponía en riesgo la suya. Cabe mencionar que, el dato sobre la propiedad familiar de esa pipa fue publicado -aún días antes que Código Magenta- por distintos medios, tanto de prensa, como de radio, televisión y redes sociales.

Y las reacciones no se hicieron esperar. El Congreso de Nuevo León emitió ayer martes un Punto de Acuerdo para demandar la separación de su cargo de Miguel Ángel “Mike” Flores Serna, jefe de la oficina del gobernador Samuel García.

La petición -aprobada por mayoría- tendría como término el tiempo necesario para concluir las investigaciones sobre las presuntas amenazas que “Mike” Flores hizo contra el periodista Ramón Alberto Garza, director de Código Magenta, y contra su familia.

El Punto de Acuerdo fue presentado por el diputado panista Carlos de la Fuente Flores y los integrantes del bloque legislativo panista, bajo el precepto de que el Gobierno está obligado a respetar la libertad de expresión y a no interferir con ese derecho.

“Exhorto al Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León, Ciudadano Samuel Alejandro García Sepúlveda, para que en uso de sus facultades y atribuciones, separe de su cargo como Jefe  de la Oficina del Gobernador del Estado al ciudadano Miguel Flores Serna, mientras ordena una investigación por su participación en los hechos denunciados por el periodista Ramón Alberto Garza de presuntas amenazas contra él y su familia, derivadas de su pleno ejercicio de la libertad de expresión a través del medio de comunicación Código Magenta, basados en la garantía constitucional del respeto a libertad de expresión y a la legislación de protección a periodistas”, denunció el diputado De la Fuente.

El legislador albiazul fue tajante cuando dijo que “esto es un abuso de autoridad y lamentablemente extiende el clima de represión y persecución política que hemos sufrido diputados, Alcaldes y opositores al Gobierno de Samuel García, hacia los ciudadanos, hacia los periodistas que en su vocación crítica cuestionan los manejos del actual Gobierno y sus funcionarios, cuando en su lugar deberían prevalecer el respeto a la libertad de expresión, la tolerancia y la democracia”.

El Punto de Acuerdo legislativo se dio apenas horas después de que Ramón Alberto Garza presentó, ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, una querella contra Miguel Ángel Flores Serna.

La denuncia -por el delito de amenazas y/o los que resulten- fue recibida por la licenciada María Dolores Hidalgo de León y se le asignó el folio número 131917/2023-CDV.

En la querella se citan los mensajes enviados por teléfono, en los que el jefe de la oficina del gobernador de Nuevo León le advierte al periodista sobre un editorial publicado, amenazando que “la bronca es que ya se metió con mi familia, esos camiones son de mi papá, y al meterse con mi familia pone en riesgo la suya… porque yo no me voy a quedar con los brazos cruzados”.

La Fiscalía General del Estado de Nuevo León inició de inmediato las investigaciones correspondientes.

En el Punto de Acuerdo también se pidió la investigación por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como su homóloga a nivel Estatal y se solicitó a la  Fiscalía Anticorrupción y a la Contraloría interna del Gobierno del Estado de Nuevo León, para que investiguen los hechos denunciados por el periodista.

De inmediato, la Segunda Visitaduría General de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León abrió el expediente CEDH-2023/2099/02.

Y tras consignar los detalles de las amenazas de “Mike” Flores al periodista, envió una carta de medidas precautorias al gobernador Samuel García Sepúlveda, en la que se le solicita que “tomando en cuenta lo anterior, así como que (Ramon Alberto) Garza García pertenece a un grupo de atención prioritaria como periodista, se considera sin prejuzgar la veracidad de los hechos que, en el ejercicio de su libertad de expresión y periodismo, sus derechos humanos podrían encontrarse en riesgo, destacadamente a la vida, a la integridad, a la libertad y seguridad personales, así como también la de sus familiares”.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos le plantea al gobernador de Nuevo León una serie de solicitudes para proteger la integridad del director de Código Magenta y de su familia.

La dependencia responsable de garantizar los derechos básicos le otorga al gobernador 24 horas, al momento de recibir esa notificación, para que informe de acciones o medidas que se hayan tomado para cumplir con la medida precautoria. Firma el licenciado José Antonio Garza López.

En los próximos días, las mismas querellas y denuncias por amenazas serán presentadas ante el Comité Internacional de Protección a Periodistas.

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