Operaciones Clandestinas: La CIA y el Cártel de Sinaloa

El 21 de diciembre de 2025, Óscar Noé Medina González, alias ‘El Panu’, fue asesinado de doce disparos en el restaurante Luau de la Zona Rosa de la Ciudad de México. Tenía apenas dos días de haber aterrizado en la capital mexicana, procedente de Sinaloa. ‘El Panu’ era el comandante que coordinaba a los jefes de plaza de ‘Los Chapitos’, uno de los tres lugartenientes más cercanos a Iván Archivaldo Guzmán Salazar. De manera casi simultánea a este asesinato, Alan Gabriel Núñez Herrera, otro operador del Cártel de Sinaloa vinculado a los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, fue ejecutado en Culiacán. El gobierno de Estados Unidos ofrecía una recompensa de cuatro millones de dólares por Medina González y de un millón de dólares por Núñez Herrera. Hasta la fecha, ambos homicidios siguen sin ser esclarecidos por la Fiscalía General de la República. En los días posteriores a la doble ejecución, en la comunidad de inteligencia se hizo una observación: “Demasiada coincidencia, alguien está cantando y los gringos están ubicando gente”.

¿Se trató, entonces, de una ejecución extrajudicial operada por agencias de inteligencia de Estados Unidos? Al momento del asesinato de Medina González y de Núñez Herrera, el Departamento de Justicia llevaba meses extrayendo información de cinco actores clave de la facción de ‘Los Chapitos’ que han sido extraditados o entregados al gobierno norteamericano: José Ángel Canobbio, alias ‘El Güerito, un operador fundamental en la transición del Cártel de Sinaloa al negocio de drogas sintéticas; Kevin Gil Acosta, alias ‘El 200’, uno de los jefes de seguridad del grupo; Néstor Isidro Pérez Salas, alias ‘El Nini’, comandante de un brazo armado de la facción; Ovidio Guzmán López, heredero de sangre del cártel; y su hermano, Joaquín Guzmán López, acusado de colaborar con Washington en el secuestro de Ismael ‘El Mayo’ Zambada.

La acusación del Departamento del Distrito Sur de Nueva York contra ‘Los Chapitos’ identifica a esta organización criminal como el epicentro de la exportación de fentanilo en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. El gobierno de Donald Trump se ha planteado la destrucción total del cártel, sancionándolo como una organización terrorista internacional y declarando el fentanilo como un arma de destrucción masiva. Stefano Ritondale, ex oficial de inteligencia del Ejército de Estados Unidos y fundador de la firma Artorias Tech, argumenta que la guerra civil del Cártel de Sinaloa fue manufacturada por el aparato de seguridad norteamericano con la finalidad de destruir la capacidad de operación del negocio de drogas sintéticas en la costa del Pacífico. La tesis no es descabellada: está confirmado que agentes de Homeland Security Investigations participaron en el operativo para entregar a Ismael ‘El Mayo’ Zambada al gobierno de Estados Unidos, en un aeródromo del Paso, Texas. Este fue el evento que inauguró el conflicto fratricida que ha costado más de tres mil muertes y tres mil desapariciones en Sinaloa. Sin embargo, la pregunta esencial es: ¿hasta dónde está dispuesto a llegar Washington para implementar su política de declaración de guerra a los cárteles?

Este martes, Washington ofreció un panorama claro de cuáles son sus pretensiones en la relación de seguridad con México. En una comparecencia frente a la Cámara de Representantes, Pete Hegseth, secretario de la Defensa, exigió al gobierno mexicano a tomar acciones mucho más contundentes en la ofensiva contra los cárteles. En la misma audiencia, el congresista demócrata, Henry Cuéllar, dijo que existe preocupación porque las organizaciones criminales mexicanas están adaptando tecnología ucraniana de drones de última generación. El mismo día, Terry Cole, titular de la DEA, declaró que la acusación federal de Gran Jurado en contra de Rubén Rocha Moya es apenas el principio de una serie de investigaciones contra políticos mexicanos bajo sospecha de estar coludidos con el crimen organizado. Al mismo tiempo, agentes de inteligencia filtraron a la revista Proceso que el gobernador con licencia de Sinaloa está bajo vigilancia y que está siendo resguardado por las Fuerzas Armadas mexicanas, en el Palacio de Gobierno en Culiacán. Todas estas señales, sin excepción, son consistentes con la Estrategia Nacional Contra las Drogas y la Estrategia Nacional Contra el Terrorismo publicadas por la Casa Blanca. En palabras del presidente Donald Trump dirigidas al gobierno de Claudia Sheinbaum: “Si ustedes no hacen el trabajo (contra los cárteles), lo haremos nosotros”.

No obstante, el elemento más contundente de los mensajes enviados por Washington fue la admisión implícita de que el gobierno de Estados Unidos está dispuesto a ejecutar a objetivos de los cárteles, en territorio mexicano, de manera unilateral y extrajudicial. En marzo de este año, Francisco Efraín Beltrán, alias ‘El Payín’, llegó al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles procedente de Sinaloa. Se trata de una figura conectada a Héctor Manuel ‘El Meño’ Avendaño Ojeda, la mano derecha de Ismael Zambada en el negocio internacional de la cocaína y quien resistió durante casi una década un juicio de extradición que acabó con su transferencia a Estados Unidos, en julio de 2016. ‘El Payín’ fue recogido por su chofer, Humberto Rangel Muñoz en el estacionamiento del AIFA, un recinto federal manejado por las Fuerzas Armadas. La camioneta estaba cargada con un dispositivo explosivo que fue detonado en la Carretera México-Pachuca. Los dos pasajeros murieron al instante. Durante meses, la Fiscalía del Estado de México guardó un silencio hermético sobre el caso. En algún punto, incluso se filtró la noción de que se había tratado de una “falla mecánica”. Dos meses más tarde, este martes 12 de mayo, la fuente de seguridad nacional del medio estadounidense CNN reportó que la explosión fue asistida por la CIA. The New York Times ratificó la información horas más tarde, agregando que ningún agente estadounidense estuvo en el terreno al momento de la detonación. La revelación marca un antes y un después en la relación bilateral.

Como era de esperarse, la CIA, la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, negaron la versión de CNN y del New York Times. Todos fueron consultados antes de la publicación de la nota. Ninguna de las tres instancias comentó al respecto, sino hasta después de que se hizo pública la información. El hecho de que la CIA emprenda acciones letales en territorio mexicano colocan a Sheinbaum y a García Harfuch en una posición delicada. Si no tienen conocimiento de los operativos, significa que no tienen control de lo que está pasando en el país. Ante los ojos de Washington, son irrelevantes. Esto sería un golpe fatal a las aspiraciones políticas del secretario de Seguridad Ciudadana. Por otro lado, si en efecto sabían de los operativos de la CIA en Mexico, entonces el país está frente a una gran hipocresía. Implicaría que el discurso de soberanía del oficialismo es una bandera falsa, como lo sería también la intención de Morena de iniciar un juicio político contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, por haber “permitido” el ingreso de dos agentes de la CIA a un operativo de desmantalemianto de un laboratorio de drogas sintéticas.

Cabe una tercera posibilidad: que la CIA haya utilizado a mercenarios, cárteles rivales o a operadores clandestinos del aparato de seguridad mexicano. Este parece ser el escenario de la intervención de dos agentes de la CIA en el desmantelamiento de un laboratorio de metanfetaminas en Chihuahua. El funcionario que trabajó de cerca con la CIA fue el fiscal de Operaciones Estratégicas, Guillermo Arturo Zuany Portillo. Ayer, el gobierno de Maru Campos hizo efectiva su renuncia. En cualquier caso, cualquier opción es latente cuando el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, fue parte del ala paramilitar de la CIA que hoy es protagonista en la guerra contra los cárteles.

Las operaciones clandestinas de la CIA envían un mensaje a los capos, al gobierno mexicano y a su aparato de seguridad nacional: Washington está reconfigurando el mapa criminal del país. La administración de Donald Trump parece decir que, en esta guerra, el fin sí justifica los medios.