FGR retoma investigación electoral de Sinaloa

¿Qué pasó?

• La Fiscalía General de la República (FGR) retomó la investigación sobre la presunta influencia del Cártel de Sinaloa -también identificado como Cártel del Pacífico- en la elección de 2021 en la que ganó Rubén Rocha Moya.

• La reapertura ocurre dos semanas después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Rocha Moya y a otros nueve funcionarios y ex funcionarios sinaloenses de presuntos delitos de narcotráfico y armas. La acusación sostiene que habrían colaborado con el Cártel de Sinaloa a cambio de sobornos y apoyo político.

• En ese sentido, el Ministerio Público federal también reactivará el caso del asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda, ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y rival político de Rocha Moya, ocurrido el 25 de julio de 2024. De acuerdo a la Revista Espejo de Sinaloa, el expediente de Cuencanos habría sido cerrado y posteriormente reabierto.

• La nueva línea de investigación incorpora relatos sobre la presunta intervención del Cártel de Sinaloa en la elección del 6 de junio de 2021, así como el papel político de Cuén en la campaña y en el gobierno de transición de Rocha Moya.

¿Por qué importa?

• El caso coloca bajo escrutinio judicial uno de los señalamientos más graves contra el sistema político de Sinaloa: la posible participación del crimen organizado en una elección estatal y en la conformación de un gobierno. La acusación estadounidense afirma que “Los Chapitos” habrían ayudado a Rocha Moya a llegar al poder mediante intimidación y secuestro de rivales.

• La reapertura del expediente conecta dos crisis que hasta ahora avanzaban en carriles paralelos: la investigación electoral de 2021 y el asesinato de Cuén, un político clave en la alianza inicial entre Morena y el Partido Sinaloense.

• El caso también profundiza la tensión entre México y Estados Unidos: mientras Washington presentó cargos formales, la Secretaría de Relaciones Exteriores sostuvo que las solicitudes de detención provisional con fines de extradición no anexaban pruebas suficientes y la FGR anticipó que pediría más elementos antes de proceder.

Los detalles:

• La investigación electoral no parte únicamente del expediente estadounidense: según los reportes citados por El País, la FGR habría incorporado nuevos relatos dentro del caso Cuén para revisar la presunta intervención criminal en la elección de 2021.

• Cuén fue un actor central en el arranque del gobierno de Rocha: participó en la campaña y en el gobierno de transición, y el acuerdo entre Morena y el fundador del PAS incluyó espacios en el gabinete estatal.

• La ruptura entre Rocha y Cuén derivó en una crisis política que alcanzó a la Universidad Autónoma de Sinaloa, donde el ex rector mantenía influencia política, y en al menos 12 carpetas de investigación abiertas por la fiscalía estatal, un órgano controlado políticamente por Enrique Inzunza (quien también fue acusado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por presunta colusión con el Cártel de Sinaloa).

• La versión inicial de la Fiscalía de Sinaloa sostuvo que Cuén fue atacado durante un intento de robo de vehículo en una gasolinera; esa narrativa fue cuestionada después de la carta atribuida a Ismael “El Mayo” Zambada, quien afirmó que Cuén fue asesinado en el mismo lugar donde él fue secuestrado.

• La FGR ya había descalificado la versión local del asesinato de Cuén: en 2024, investigaciones federales ubicaron indicios hemáticos en la finca Huertos del Pedregal, lo que reforzó la hipótesis de que el crimen no ocurrió como lo había presentado inicialmente la fiscalía estatal.

El contexto:

• El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó el 29 de abril de 2026 una acusación contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios o ex funcionarios de Sinaloa por conspiración para importar narcóticos y delitos relacionados con armas.

• La acusación estadounidense sostiene que los señalados habrían estado alineados con la facción de “Los Chapitos” y que Rocha Moya habría recibido apoyo electoral en 2021, a cambio de protección política para esa estructura criminal.

• El Gobierno de México ha respondido con cautela institucional: la SRE informó que las solicitudes de detención provisional serían turnadas a la FGR, pero señaló que los documentos enviados por la Embajada de Estados Unidos no incluían elementos probatorios suficientes en esa etapa.