Murillo, Osorio y el pacto roto

Al presidente Andrés Manuel López Obrador le urgía borrar la narrativa sembrada en su Mañanera de la semana pasada, porque dejó lo que es un secreto a voces y que las evidencias no dejan ocultar: que el gobierno de la Cuarta Transformación tiene pactos con el crimen organizado.

El terrorismo que apareció en los ataques a la población civil, con el incendio de autos, camiones urbanos y tiendas de conveniencia en Jalisco, Guanajuato, Chihuahua y Baja California, se le salió de control al inquilino de Palacio Nacional. Su discurso de que eran actos de propaganda de los conservadores y los neoliberales no prendió.

Menos aun cuando el ex gobernador de Baja California, el morenista Jaime Bonilla dijo que el terrorismo desatado en aquella entidad obedeció a que la gobernadora, la también morenista María del Pilar Ávila, “incumplió pactos” con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

En pocas palabras, el controvertido Bonilla, el ahijado de Ricardo Peralta al que tanto le gusta reunirse con las autodefensas de Michoacán y Tamaulipas, descorrió el velo para confirmar que entre los gobiernos morenistas existen acuerdos con los criminales. Y no lo dijo de oídas. Él fue el anterior gobernador de Baja California y, por lo tanto, sabe de lo que habla.

Pero el presidente López Obrador calibró bien el devastador efecto de la confesión de Bonilla y salió a respaldar, junto a sus 21 mandatarios morenistas, a la gobernadora de Baja California. Demasiado tarde, el daño estaba hecho.

Sobre todo, si a eso se le suman las absurdas declaraciones de la alcaldesa de Tijuana, la también morenista Montserrat Caballero, quien le pidió a los criminales que sembraron el pánico en su ciudad, “que cobren las facturas a quienes no les pagaron lo que les deben, no a las familias ni a los ciudadanos que trabajan”. O sea, el gobierno morenista dándole carta de legitimidad al cobro de piso de los criminales.

Para colmo, el desfalco de más de nueve mil millones de pesos a Segalmex -la Conasupo de la Cuarta Transformación- fue revelado en la misma Mañanera por la Secretaría de la Función Pública, en una trama de abierta corrupción que equivaldría a una ordeña de 20 millones de pesos diarios, en los poco más de dos años que tiene ese nuevo sistema alimentario mexicano, el de “Primero los Pobres”.

Por eso, el pasado viernes, en menos de 12 horas, se asestaron dos golpes mediático-políticos. Para darle la vuelta a la página al terrorismo que estremeció al país y que venía desplomando la popularidad presidencial que tanto les ocupa. Y porque el inocultable fraude de Segalmex venía a confirmar aquello de “no somos iguales”, pero confirmaba que “somos peores”. El monto de lo desviado por Ignacio Ovalle y sus directivos equivale a dos Estafas Maestras. ¿Algún cuatroteísta, ya en la cárcel?

El primer golpe para cambiar la narrativa fue la detención de Jesús Murillo Karam, el que fuera procurador en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Se le acusa de ser el fabricador de la “verdad histórica” en el caso de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa. “Un crimen de Estado”, de acuerdo con las investigaciones reveladas esa misma semana por Alejandro Encinas desde la subsecretaría de Gobernación.

El segundo golpe mediático fue la liberación de Rosario Robles, la ex secretaria de Desarrollo Social -también en el gobierno de Peña Nieto-, detenida el 13 de agosto de 2019 y enviada al penal femenil de Santa Martha Acatitla donde permaneció tres años privada de su libertad, sin que le fuera resuelta su situación jurídica.

El caso de la detención de Murillo Karam tiene distintas aristas. La primera es cuestionar si se puede cometer un “crimen de Estado”, sin que el Jefe de Estado sea informado.

En el caso de Ayotzinapa, es inevitable concluir que, si se inculpa a Murillo Karam, las investigaciones deben alcanzar a Miguel Ángel Osorio Chong, el que fuera Secretario de Gobernación y responsable entonces de la Seguridad Nacional, además del general Secretario, Salvador Cienfuegos, y por supuesto el entonces presidente Enrique Peña Nieto. El procurador de aquellos días no era “independiente”. Ninguno es todavía investigado.

En el caso de Rosario Robles, si existieron desvíos superiores a los 5 mil millones de pesos y si la mayoría de estos fueron a parar al estado de Hidalgo -tanto a la Universidad como al sistema de televisión estatal- que Osorio Chong, ex gobernador hidalguense que en el momento de la estafa despachaba como poderoso Secretario de Gobernación, no se viera involucrado en el diseño del desvío o al menos en el destino de esos recursos.

¿No es curioso que en ambos golpes mediático-políticos -el de Murillo Karam y el de Rosario Robles- un común denominador sea el nombre de Osorio Chong?

Sí, el mismo personaje y actual senador, instigador del hasta ahora fallido golpe de Estado contra Alejandro “Alito” Moreno, presidente nacional del PRI, quien alejó al partido tricolor de la sombra del gobierno de la Cuarta Transformación para sumarlo al movimiento opositor Va por México.

Lo que parece evidenciarse -tanto en la detención de Murillo Karam como en la liberación de Rosario Robles- es un ajuste de cuentas con todos aquellos que pactaron su inmunidad en la transición del gobierno anterior al de la Cuarta Transformación, comenzando por el ex presidente Enrique Peña Nieto.

El pacto presumiblemente incluía el “nadie toca a nadie”, si el PRI apoya las iniciativas de Morena. Con el rechazo a la Reforma Eléctrica y la votación de la Guardia Nacional en puerta, desde la óptica presidencial el pacto no se cumplió. Sobre todo, cuando aquellos que pactaron su inmunidad son incapaces de hacer un control de daños y expulsar del partido a Alito, convertido hoy en un perseguido político al que le allanan su casa, lo boletinan desde la Presidencia, lo detienen en Migración y ahora le intentan aplicar un desafuero exprés.

Con la detención de Murillo Karam será obligado citar a Osorio Chong bajo la premisa de que si él era el responsable de la Seguridad Nacional, no podía estar ajeno a los hechos, sobre todo, cuando la Policía Federal estaba bajo su manto y ahí se ubica a los presuntos torturadores con cuyas declaraciones se armó “la verdad histórica”. Incluido el presunto involucramiento de Omar García Harfuch, el actual Secretario de Seguridad de la Ciudad de México.

Con la liberación de Rosario Robles se abre también la puerta para que se indague a Osorio Chong,  a quien siempre se le señaló como el auténtico estratega de la Estafa Maestra, quien hasta ahora no había sido “molestado” porque se presumía del brazo y por la calle con el gobierno de la Cuarta Transformación, en un acuerdo que incluía no solo su inmunidad, sino la congelación de la aprehensión de su oficial mayor, Frida Martínez, por el desvío de dos mil millones de pesos del área de Seguridad Nacional.

Si ese es el caso -arrimarle el fuego a Osorio Chong- quien hasta ahora falló en su misión de acabar con Alito y devolver el PRI a los brazos de la Cuarta Transformación, el mensaje obligado es para quien desde España pactó lo que hoy no puede cumplir.

Y la pregunta obligada es si esas promesas pasarán también por la entrega a Morena del Estado de México, el último bastión junto con Coahuila, con lo que se mantiene vivo al PRI.