La ministra y los pedófilos

Hay suficientes motivos para celebrar la detención de Mario Marín, el famoso “Gober Precioso”, quien desde Puebla protegió los oscuros intereses de políticos y empresarios ligados a la pedofilia.

Y por supuesto, hay que celebrar también que por fin se le haya hecho justicia a Lydia Cacho, la periodista que durante 15 años luchó a contracorriente para defender su derecho a publicar las perversas desviaciones de esos hombres del poder, acusados de ser depredadores sexuales de menores de edad. Sus investigaciones están documentadas en su libro “Los Demonios del Edén”.

Dicho lo anterior, hay que tener cuidado de que el caso no se desborde frente al impacto mediático y termine politizado, ensuciando lo que debe ser un expediente que demuestra que la justicia, aun tarde, siempre llega. Y confirmar que el que la hace, la paga.

Viene esta reflexión a cuento, porque en medio del festejo de la detención en Acapulco del “Gober Precioso”, se pretende colocar en el epicentro del debate a Olga Sánchez Cordero, la actual secretaria de Gobernación en el gobierno de la Cuarta Transformación.

La trama político-jurídica se remonta al jueves 29 de noviembre del 2007, en pleno sexenio de Felipe Calderón, y se centró en el debate sobre si la grabación en la que se escucha al empresario Kamel Nacif festinar con su amigo Mario Marín, la detención en Cancún de Lydia Cacho, era una prueba válida o no.

MARÍN.- “Quiúbole, Kamel”…

NACIF.- “Mi Gober precioso”…

MARÍN.- “Mi héroe, chingao”…

NACIF.- “No, tú eres el héroe de esta película, papá”…

MARÍN.- “Pues ya ayer le acabé de darle un pinche coscorrón a esta vieja cabrona. Le dije que aquí en Puebla se respeta la ley y aquí no hay impunidad, y aquí quien comete un delito se llama delincuente. Y que no se quiera hacer la víctima y no quiera estar aprovechando para hacerse publicidad. Ya le mandé un mensaje, a ver cómo nos contesta. Pero es que nos ha estado jode y jode, entonces que se lleve también su coscorrón y que aprendan otros y otras”.

NACIF.- “Yo sé, pero estos cabrones siguen sacando mamadas y mamadas”.

La pregunta de si quedaba probada la existencia de violaciones graves de garantías individuales, en términos del artículo 97 constitucional, fue rechazada en votación dividida de seis votos en contra y cuatro votos a favor.

En esa ocasión, la entonces ministra Sánchez Cordero reconoció públicamente en la sesión de la Corte que sí se habían dado violaciones a los derechos humanos de la periodista, pero que no calificaban en los términos del artículo 97 constitucional.

Solo para cotejar casos, bajo este artículo descansan sentencias tan contundentes en la violación de derechos humanos, como la matanza de Acteal.

En aquel entonces, la ministra Sánchez Cordero dijo que con solo atender a la declaración de Lydia Cacho, existían suficientes elementos para sustentar que sí hubo tortura psicológica. Es decir, se condenó el traslado ilegal desde Cancún hasta Puebla.

Pero se excusó -al igual que otros cinco ministros- de decir que esa violación evidente de derechos humanos podría calificar dentro del artículo 97 constitucional, puesto que la periodista al llegar a Puebla declaró, no fue ingresada a prisión y salió libre de inmediato, pagando la fianza correspondiente.

Pretender decir que el voto de la hoy secretaria de Gobernación fue el decisivo para no condenar al “Gober Precioso” es falso.

En una votación de seis a favor y cuatro en contra, cualquiera de los seis votos a favor -no solo el de la entonces ministra Sánchez Cordero- habría modificado la resolución y se estaría ante un empate.

Existen, además, testimonios en los archivos del caso en los que la ministra Sánchez Cordero exigió no solo una profunda investigación sobre la pedofilia denunciada por la periodista, incluyendo a los actores que eran denunciados por abuso de menores. Ahí están las versiones estenográficas.

Así que, el hecho de que se desestimara que la violación correspondía o no al artículo 97, jamás implicó ni proteger al gobernador poblano quien hoy -más tarde que temprano- enfrentará a la justicia.

De hecho, si en el 2007, la resolución de los ministros se hubiera votado mayoritariamente a favor, la única consecuencia habría sido una simple declaración de la Corte, pero sin efectos penales. Tampoco podía resultar en acusaciones por delito alguno contra el “Gober Precioso”.

Incluso, el expediente jurídico se mantiene tan controversial, que hoy Verónica Chávez, una ex agente ministerial presuntamente involucrada en la detención de la periodista en diciembre del 2005, y acusada de tortura, está buscando que la periodista la indemnice por “daño moral”.

Lo que en el fondo hay que valorar es que la detención de Mario Marín se da, precisamente en el gobierno de la Cuarta Transformación, cumpliendo las promesas del presidente Andrés Manuel López Obrador de combatir la corrupción y la impunidad.

Ojalá que lo que ya se asoma como un acto de justicia, sea de verdad el inicio de una profunda embestida contra la pederastia y el turismo sexual de menores en México.

Si eso se logra, la lucha de 15 años de la periodista Lydia Cacho bien habrá valido la pena.