La designación va contra Morena

“La presidenta Claudia Sheinbaum está en pánico”. Una fuente de alto nivel del gobierno federal le dijo a la periodista canadiense Katarina Szulc que la designación de los cárteles de la droga como organizaciones terroristas cimbró al gobierno de la Cuarta Transformación. Existen razones de sobra para tener miedo. El decreto firmado el pasado lunes por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, coloca en “riesgo de contagio” a todas las estructuras políticas, empresariales y financieras que hayan otorgado “apoyo material” a los cárteles. Por supuesto, esto incluye potencialmente a Morena, el partido de Estado que detenta el control casi absoluto del sistema político en México.

La orden ejecutiva del presidente Trump señala que “ciertos cárteles internacionales y otras organizaciones… constituyen un riesgo de seguridad nacional que va más allá de los peligros que representa el crimen organizado tradicional”. La clave está en la frase “otras organizaciones”. Con la designación, el nuevo aparato de seguridad, inteligencia y justicia de Estados Unidos se ha abrogado la facultad de decomisar activos, congelar cuentas bancarias, ampliar la jurisdicción de la Ley RICO, así como establecer sanciones y cargos criminales contra todos aquellos individuos, empresas o instituciones financieras que estén bajo sospecha de haber colaborado con una organización criminal. La designación es tan estricta que los pagos de extorsión son imputables bajo este marco legal como un mecanismo de colaboración con los cárteles.

Para entender la magnitud del riesgo: una encuesta de la American Chamber of Commerce citada por FTI Consulting refiere que el 12 por ciento de las operaciones comerciales en México están sujetas a la intervención de algún grupo del crimen organizado. Además, el 45 por ciento de las firmas consultadas señala que ha sido objeto de extorsión de algún cártel. El Comando Norte del Ejército de Estados Unidos estima que el 30 por ciento del territorio mexicano está bajo control del crimen organizado. ¿Existen empresas de minería, logística o servicios de conveniencia que puedan operar en Michoacán, Sinaloa o Tamaulipas sin algún tipo de acuerdo con el crimen organizado? La experiencia de la cementera Lafarge, en Medio Oriente, o de la compañía bananera Chiquita, en Colombia, son ejemplos de libro de texto de cómo esta designación alcanza a firmas multinacionales. FTI Consulting argumenta que esto representa “un riesgo indocumentado que los corporativos con operaciones en México no pueden ignorar”.

En un país en el que los servicios “factureros” y el “huachicol fiscal” se han convertido en el deporte nacional de la élite política y empresarial, la designación de los cárteles como organizaciones terroristas representa el mayor cambio al status quo de poder en México desde que Andrés Manuel López Obrador ganó la elección presidencial en junio de 2018. La simbiosis del partido Morena con el crimen organizado en territorios como Sinaloa y Tamaulipas está plenamente documentada. Un ejemplo clásico: Código Magenta tuvo acceso al testimonio de una operadora electoral de Morena sobre una reunión que sostuvieron los actuales gobernadores de Sinaloa, Rubén Rocha, y de Tamaulipas, Américo Villarreal, con uno de los principales capos del Cártel del Pacífico, ‘El Chapo Isidro’, durante el proceso electoral de 2021. Rocha llegó al poder en Sinaloa, en gran medida, gracias a que sicarios del cártel secuestraron a cientos de operadores electorales de la oposición y a que su campaña obtuvo financiamiento de la estructura criminal de trasiego de combustible del empresario tamaulipeco Sergio Carmona.

La designación de los cárteles de la droga como organizaciones terroristas abarca un esfuerzo conjunto de toda la administración Trump que va desde el Departamento de Estado hasta el Departamento del Tesoro y el Departamento de Justicia. Establece la aplicación de decenas de leyes que van desde el Patriot Act hasta el Foreign Intelligence Surveillance Act y el Foreign Narcotics Kingpin Designation Act. La Ley que regula esta designación refiere que el gran coordinador de este marco legal es el secretario de Estado. Es decir, Marco Rubio, quien fue ratificado por el Senado de manera unánime: 99 votos a cero. Traducción: A diferencia de hace ocho años, ahora toda la clase política norteamericana avala las acciones contra México. La interpretación de la Alien Enemies Act citada en la orden ejecutiva firmada por Trump concluye que México podría ser considerado “una nación enemiga” si se comprueban vínculos de alto nivel del Estado con los cárteles. El único antecedente reciente de una designación contra actores no estatales son las sanciones contra la Guardia Revolucionaria de Irán. México, ahora, está en esa dimensión.

En el despacho de Rubio se ha manejado la posibilidad de que sean designadas por lo menos cuatro grandes organizaciones criminales: el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel del Golfo y el Cártel del Noreste. Aunque estas medidas no avalan en automático la posibilidad de una intervención militar estadounidense en México, el secretario de Estado dijo en su comparecencia frente al Senado que la posibilidad de enviar fuerzas especiales a territorio mexicano es una opción a disposición del presidente Trump. De hecho, la intervención militar en México es la alternativa preferida de prácticamente todos los funcionarios de seguridad del nuevo gobierno estadounidense para lidiar con los cárteles. Tom Homan, zar de la frontera, lo pone de esta manera: “Los cárteles han matado a más estadounidenses que cualquier organización terrorista en el mundo. Trump está comprometido con llamarlos terroristas y utilizar toda la fuerza de las operaciones especiales del Ejército para eliminarlos”.

El fin de semana, Mike Waltz, asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, le dijo a Face The Nation que los cárteles no son simples grupos criminales que trafican droga, sino que representan complejas estructuras paramilitares que controlan un tercio del territorio mexicano. Como legislador de Florida, Waltz presentó una iniciativa en el Congreso para “declarar la guerra contra los cárteles” y autorizar el uso de fuerza militar en México. Dan Crenshaw, el congresista republicano por Texas que fue coautor de esta iniciativa, se ha referido a los grupos criminales mexicanos como “insurgencias terroristas”. Crenshaw es uno de los partidarios de enviar fuerzas especiales a México: “Necesitas algo que diga ‘finalmente hicieron enojar a los gringos’. Autorización de fuerza militar”, le dijo al periodista Ioan Grillo.

En México, la presidenta Sheinbaum habla de mantener la “cabeza fría” ante la designación de los cárteles como organizaciones terroristas. Su coalición ha hecho lo contrario. Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, acusó a Estados Unidos de una intervención imperialista. Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa, sugirió que la designación era irrelevante. Américo Villarreal comenzó a depurar el gobierno de Tamaulipas de personajes vinculados a la trama criminal de Sergio Carmona. Carlos Peña, alcalde de Reynosa, celebró la medida y solicitó ayuda al gobierno de Trump para combatir al crimen organizado. En cambio, Pablo Gómez, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y el funcionario más importante para lidiar con la designación, está desaparecido de la escena pública.

Sin embargo, en silencio, un pequeño grupo del gobierno federal ha optado por un enfoque alternativo a la retórica nacionalista de Morena: tender puentes con las agencias de seguridad e inteligencia de Estados Unidos. De acuerdo a personas cercanas al asunto, eso es precisamente lo que ha estado haciendo el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch. Hace meses, Dan Crenshaw le dijo a The Wall Street Journal que, a diferencia del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, ahora sí existen aliados en el gobierno mexicano para enfrentar a los cárteles.

No obstante, la designación representa un dilema para Claudia Sheinbaum: alinearse con la nueva política de Donald Trump o con la vieja herencia de Andrés Manuel López Obrador. No es difícil imaginar por qué se respira pánico en los círculos de la Cuarta Transformación.