9 de noviembre 2026
Política
Jorge Álvarez Máynez pide a Samuel García “dar la cara”
Mientras el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, exige respuestas al gobernador de Nuevo León, Dante Delgado sostiene que las acusaciones promovidas por Morena constituyen una persecución política de la 4T
Por Redacción Magenta
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¿Qué pasó?
- El coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, pidió al gobernador Samuel García responder públicamente a los señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por presuntas triangulaciones de recursos públicos durante su administración.
- Las declaraciones se produjeron el 8 de noviembre en Monterrey, antes del informe legislativo del senador Luis Donaldo Colosio Riojas, en un contexto de creciente presión política y judicial sobre el gobernador emecista.
- Máynez sostuvo que las administraciones de Movimiento Ciudadano tienen la obligación de responder a las observaciones de las autoridades fiscalizadoras. Expresó que su partido no pretende descalificar automáticamente los señalamientos.
- El dirigente también cuestionó el contexto político de las investigaciones. Consideró que la ASF podría estar utilizando el caso para equilibrar la atención pública frente a controversias de corrupción que involucran a actores vinculados con Morena.
- En tanto, Dante Delgado, fundador de Movimiento Ciudadano, defendió a Samuel García y acusó a Morena de impulsar una campaña de desprestigio contra representantes de su partido. Calificó las acusaciones como información reciclada que, según él, carece de suficiente sustento.
¿Por qué importa?
- Tensiones internas en Movimiento Ciudadano: Las declaraciones exhiben dos posiciones dentro del partido. Mientras Máynez enfatiza la necesidad de rendir cuentas, Delgado privilegia la defensa política del gobernador frente a las acusaciones de Morena.
- Riesgo jurídico: La ASF presentó una denuncia ante la FGR por posibles irregularidades en movimientos financieros vinculados con el gobierno estatal.
- Impacto económico y electoral: Los señalamientos colocan bajo revisión la administración de recursos públicos en Nuevo León y pueden afectar la credibilidad de Movimiento Ciudadano rumbo a las elecciones de 2027, particularmente por la relevancia estratégica del estado para el partido.
Los detalles:
- La ASF informó sobre operaciones que involucrarían aproximadamente 7 mil 212 millones de pesos, distribuidos a través de empresas proveedoras, constructoras y prestadoras de servicios vinculadas con la administración estatal.
- De acuerdo con los esquemas financieros difundidos durante la revisión de la Cuenta Pública 2025, alrededor de 928.13 millones de pesos habrían llegado, mediante distintas transferencias, a un despacho jurídico señalado por sus vínculos con familiares del gobernador.
- La denuncia de la ASF fue presentada ante la FGR el 16 de octubre de 2026. Los reportes identifican la denuncia 1231 y la auditoría 1492 como referencias del procedimiento.
- El auditor superior de la Federación, Aureliano Hernández Palacios Cardel, explicó públicamente que el organismo tenía identificados los movimientos de recursos a través de proveedores y empresas intermediarias.
- Samuel García rechazó las acusaciones y retomó una defensa pública anterior en la que afirmó haber sido exonerado en investigaciones locales. Sin embargo, el fiscal general de Nuevo León, Javier Flores Saldívar, aclaró que las nuevas investigaciones federales se refieren a hechos distintos de los examinados previamente por autoridades estatales.
El contexto:
- Durante la presentación de resultados de fiscalización de la Cuenta Pública 2025, la ASF también expuso posibles esquemas de triangulación financiera en otras entidades, incluido Sinaloa.
- El 3 de noviembre, el Congreso de Nuevo León exhortó a la FGR, a la Unidad de Inteligencia Financiera y a la Auditoría Superior del Estado a investigar las operaciones financieras identificadas por la ASF.
- El 4 de noviembre, legisladores de Morena, encabezados en Nuevo León por Clara Luz Flores, anunciaron denuncias ante la FGR relacionadas con las presuntas triangulaciones y otros contratos públicos del gobierno estatal.
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