Instituciones en juego

Lorenzo Córdova, Arturo Zaldívar y Gerardo Esquivel representan tres figuras de contrapeso al creciente poder ejecutivo emanado de la oficina del presidente Andrés Manuel López Obrador. Los tres están a punto de dejar su puesto.

El recambio de cuatro miembros del Consejo General del INE y de su Presidencia, la sucesión de la Suprema Corte de Justicia y el nombramiento de un asiento en la Junta de Gobierno de Banco de México se resolverán en los próximos días.

Esto ha despertado un intenso proceso de negociación y cabildeo dentro de la Cuarta Transformación. Ante la ausencia de Alfonso Romo y de Julio Scherer, dos funcionarios clave de la Oficina de la Presidencia que tenían fuerte ascendencia política en estos nombramientos, se ha abierto la puerta a que diversos poderes fácticos disputen espacios de influencia en posiciones clave del Estado mexicano.

La renovación del INE, la Suprema Corte y el Banco de México tienen el potencial de alterar significativamente la dinámica de tres instituciones fundamentales para la integridad de la democracia, el estado de derecho y la estabilidad macroeconómica.

Los tiempos de cambio se han sincronizado en un momento de creciente tensión entre los aspirantes a la candidatura presidencial del oficialismo y en el contexto de la que podría ser la mayor fractura de la coalición de López Obrador: la inminente salida de Ricardo Monreal de Morena.

El futuro del Instituto Nacional Electoral representa el punto más álgido de estas discusiones. Lorenzo Córdova y Ciro Murayama son dos de los cuatro consejeros que terminan su mandato en abril de 2023. Se trata de dos actores identificados por el oficialismo como figuras críticas de la Cuarta Transformación; dos personajes cuyo perfil público es señalado como prácticamente de oposición. Córdova y Murayama son el rostro de la resistencia del INE como un organismo autónomo que protege la organización y certificación de las elecciones de la injerencia gubernamental.

La selección de los consejeros electorales transita por un Comité Técnico Evaluador de siete personas: tres nominadas por la Junta de Coordinación Política, dos por la CNDH y dos por el INAI. Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, ha denunciado que Morena pretende infiltrar este Comité para nombrar consejeros a modo.

Por otro lado, Ignacio Mier, coordinador de Morena en la cámara baja, ha dejado claro que la ruta del oficialismo para reformar el Consejo General del INE no es la de la negociación con la oposición, sino la de llegar a la última instancia que marca la ley: un sorteo de perfiles realizado por la Suprema Corte de Justicia.

“No va a haber concertacesiones, ni negociaciones, ni acuerdo. Será con la votación y si no se alcanzan los dos tercios, por congruencia, por consistencia, que sea la insaculación”, declaró Mier.

La Suprema Corte de Justicia será un protagonista para detener o avalar el intento del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de cambiar los cimientos estructurales del INE.

El gobierno federal pretende que la reforma electoral realice modificaciones de orden constitucional con la aprobación de una mayoría simple. La oposición, incluido el PRI, y el propio Ricardo Monreal advierten que esto podría ser retado en tribunales mediante una acción de inconstitucionalidad. La Suprema Corte de Justicia tendría la última palabra.

Esta determinación y el probable proceso de insaculación coinciden con la renovación de la Presidencia del máximo tribunal.

Arturo Zaldívar termina su periodo como presidente de la Corte el 31 de diciembre de 2022. Su gestión estuvo marcada por una operación política y mediática de mano izquierda para regular la relación con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Zaldívar garantizó cierta deferencia al poder judicial que el presidente no concedió a otros poderes y organismos constitucionalmente autónomos.

No obstante, esto también se tradujo en críticas como la del senador Germán Martínez, quien atribuye a Zaldívar la decisión de no haber discutido en el pleno el llamado “Acuerdo Militarista”, lo que habría bloqueado la reforma que extendió hasta 2028 la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.

La sucesión de la Presidencia de la Suprema Corte, que será definida por consenso de los ministros, está marcada por el argumento de que es momento de que una mujer asuma la posición más alta del poder judicial y por la relación de algunos de los miembros del tribunal con el presidente López Obrador. Este presidente ha logrado colocar a cuatro de once ministros.

Hasta el momento, el perfil que ha sido más asertivo en su campaña para sustituir a Zaldívar ha sido el de la ministra Yasmín Esquivel, una figura con amplia trayectoria en el poder judicial que fue nominada a la Corte en este sexenio.

A estas discusiones se suma el proceso de designación de un asiento en la Junta de Gobierno de Banco de México, el órgano colegiado encargado de definir la política monetaria y de regular el sistema financiero. El futuro de Gerardo Esquivel, subgobernador de Banco de México, es incierto. El presidente López Obrador ha sugerido que podría no ser renovado. La fallida candidatura de Esquivel a dirigir el Banco Interamericano de Desarrollo abona a esta sospecha.

Durante años, Esquivel, doctor en Economía por la Universidad de Harvard, fue uno de los asesores más cercanos de López Obrador. Sin embargo, no se integró a su equipo económico cuando asumió el poder.

Aunque Esquivel fue parte del equipo de transición e iba ser nombrado subsecretario de Hacienda, tuvo diferencias de fondo en materia de política fiscal que lo apartaron del gobierno. En el 2018, fue nominado a la Junta de Gobierno de Banco de México.

Fue el primero de la terna original de Hacienda, compuesta junto a Carlos Urzúa y Arturo Herrera, en alejarse de la Cuarta Transformación.

Ciertamente, Esquivel representa la figura más heterodoxa de la Junta de Gobierno de Banco de México. Ha votado de manera consistente por posiciones de política más laxas que el del resto de la junta del banco central, en la que cuatro de cinco miembros fueron seleccionados en este sexenio. A pesar de ello, la independencia de Esquivel ha sido incuestionable.

Eso podría cambiar. De acuerdo a Bloomberg, el gobierno de López Obrador está considerando cuatro perfiles para sustituir a Esquivel: Gabriel Yorio, subsecretario de Hacienda; Juan Pablo de Botton, subsecretario de Hacienda y personaje cercano al entorno familiar del presidente; Lucía Buenrostro, vicepresidentes de política regulatoria de la CNBV y hermana de la influyente secretaria de Economía, Raquel Buenrostro; y Jorge Mendoza, titular de Banobras e hijo de un importante ejecutivo de Grupo Salinas.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha roto muchas reglas no escritas del poder presidencial en México. Ahora, a meses de que inicie el proceso formal de la sucesión, tiene la oportunidad de ganar influencia en el aparato electoral, en el aparato judicial y en el aparato financiero de este país.

El INE, la Suprema Corte y el Banco de México son tres contrapesos que están en riesgo.