Perseguidor perseguido

¿Puede un Fiscal Anticorrupción fiscalizar a otros, cuando él mismo rechaza la fiscalización que de él hacen otros organismos jurídicos por actos presuntamente ilegales?

Viene la pregunta porque Ernesto Canales Santos, el Fiscal Anticorrupción de Nuevo León –designado por el gobernador Jaime “El Bronco” Rodríguez- está dando un miserable ejemplo como abogado.

Por segunda ocasión en lo que va del 2017, el hombre responsable de perseguir la corrupción en Nuevo León, no acude a un citatorio de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.

Se le requería para comparecer y aclarar el destino de los 6 millones de dólares que recibieron él y su socio César Gerardo García Mendez, como presunto finiquito del litigio que sostenían su cliente Paula Cusi y su demandada Televisa.

El meollo del conflicto es que mientras Cusi reclama que nunca le entregaron ese dinero, que dice sería parte del acuerdo de desistimiento de su demanda sobre la herencia de Emilio Azárraga Milmo, sus abogados Canales y García Méndez lo tomaron para ellos, bajo el argumento de que eran sus honorarios.

Pero el Fiscal Anticorrupción de Nuevo León, un abogado de prestigio, sin apremios económicos, con una usual excelente reputación, acabó por reaccionar como lo suelen hacer los delincuentes que él persigue: eludiendo a la justicia.

Si Ernesto Canales dice que nada debe y nada teme, ¿por que dejar plantada en dos ocasiones a la máxima autoridad judicial capitalina en sendas comparecencias?

¿Cuál es la necesidad de que la próxima escena sea que con policías uniformados acabe por ser requerido a la fuerza para que se cumpla el mandato de su comparecencia? ¿Es digna reacción de un Fiscal Anticorrupción?

Se dirá, y no sin razón, que es su privilegio presentarse o no, que se acoge a las instancias y que en la inevitable tercera lo hará. Pero ¿cual es la necesidad de dejar ese pésimo sabor de boca en quien exige que sus presuntos culpables se presenten en la primera llamada? ¿Es candil de la calle y oscuridad de su casa?

El caso toma especial relevancia en momentos en que el poder legislativo de México debate la implementación del SNA (Sistema Nacional Anticorrupción) y que se están por elegir al Fiscal General que relevará la figura del Procurador General de la República y al Fiscal Nacional Anticorrupción.

Se da cuando apenas ayer el Consejo de Acompañamiento Ciudadano (CAC) para designar al Fiscal Nacional Anticorrupción renunció en pleno, en protesta porque los juegos políticos del Senado impiden elegir con la urgencia debida al nuevo zar anticorrupción.

Lo advertíamos aquí hace en la columna Políticos Miserables que circuló el 30 de junio pasado.

Los legisladores y los partidos políticos tienen secuestrada la designación del Fiscal General y el Fiscal Anticorrupción, por juegos políticos que incluyen, entre otras cosas, la anulación de las elecciones en Coahuila.

Triste espectáculo para la ciudadanía el que a esos jaloneos entre legisladores y comités ciudadanos, se sume ahora la pobre exhibición en el cumplimiento de sus responsabilidades judiciales del Fiscal Anticorrupción de Nuevo León.

El Bronco buscó adelantarse al futuro con la designación de Ernesto Canales como el primer zar anticorrupción. Y las expectativas fueron muy altas.

Pero la realidad confirma que ni pueden cumplir su promesa de poner tras las rejas el ex gobernador Rodrigo Medina, como tampoco se pueden darse baños de pureza exigiendo el derecho de perseguir, cuando al final acaban siendo los perseguidos.