Espionaje 4T | Parte 1

“Apple believes you are being targeted by state-sponsored attackers who are trying to remotely compromise the iPhone associated with your Apple ID”.

“These attackers are likely targeting you individually because of who you are or what you do”.

Santiago Aguirre, director del Centro Prodh, recibió este mensaje en su iPhone en diciembre de 2022.

Aguirre es un abogado y activista de derechos humanos que ha acompañado a los familiares de las víctimas de los 43 normalistas desaparecidos del caso Ayotzinapa.

Su trabajo ha sido crítico del papel que jugó el Ejército en los eventos de la madrugada del 27 de septiembre de 2014 y en la presunta construcción de la llamada “verdad histórica”, emanada de la investigación de la Procuraduría General de la República.

Un documento interno de la Secretaría de la Defensa Nacional publicado por la filtración de los servidores del Ejército identifica al Centro Prodh como un “grupo de presión”.

Ahora, un reportaje publicado por The New York Times y que cita un análisis forense realizado por Citizen Lab, de la Universidad de Toronto, confirma que el Centro Militar de Inteligencia utilizó el software de espionaje Pegasus para intervenir -en junio, julio y septiembre de 2022- las comunicaciones de Santiago Aguirre y de María Luisa Aguilar, responsable del área internacional del Centro Prodh.

The New York Times ha hecho una revelación que exhibe la magnitud del crecimiento desproporcionado y sin controles democráticos de las actividades de inteligencia del Ejército:

El Centro Militar de Inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional ha utilizado el software Pegasus para intervenir dispositivos móviles más que cualquier otra agencia gubernamental en el mundo. Y, más importante, lo ha utilizado para vigilar los movimientos de activistas de derechos humanos que son críticos de la operación de las Fuerzas Armadas.

El espionaje a Santiago Aguirre y a María Luisa Aguilar es altamente representativo de esta tendencia.

Citizen Lab detectó infecciones el 22 de junio de 2022, día de la ceremonia de inicio de los trabajos de la Comisión de la Verdad sobre la Guerra Sucia, en el Campo Militar Número 1; el 23 de junio de 2022, fecha en que el Centro Prodh participó en una audiencia pública de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de Estados Unidos; y el 29 de septiembre de 2022, el día en que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes presentó el IV Informe del caso Ayotzinapa.

Las fechas en que Aguirre y Aguilar fueron intervenidos representan momentos clave de la investigación del caso Ayotzinapa. En septiembre de 2022, la Comisión para la Verdad y Justicia publicó un informe sobre la desaparición de los normalistas.

La versión sin testar de este documento exhibe comunicaciones entre miembros del crimen organizado y el entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, con miembros del Ejército que ponen de relieve que las Fuerzas Armadas habrían participado activamente en la desaparición y encubrimiento del crimen de los 43 estudiantes.

Las intervenciones a Santiago Aguirre y a María Luisa Aguilar se suman a otros dos objetivos civiles que, de acuerdo a análisis forenses realizados por Citizen Lab, fueron espiados por el Centro Militar de Inteligencia:

Raymundo Ramos, el activista que investiga presuntas ejecuciones extrajudiciales de las Fuerzas Armadas en Nuevo Laredo, incluido el más reciente caso del asesinato de tres personas por elementos de la Guardia Nacional el pasado 16 de abril.

Y Netzaí Sandoval, el ex titular del Instituto de Defensoría Pública que ha litigado en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional.

La política de espionaje a críticos de las Fuerzas Armadas y a activistas de derechos humanos representa una estampa de la 4T. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador cambió radicalmente la composición del aparato de inteligencia civil y militar.

El presidente extinguió al CISEN y creó el Centro Nacional de Inteligencia, cuyo titular es un general en retiro, Audomaro Martínez Zapata.

Dentro del CNI, destaca el Centro Nacional de Fusión de Inteligencia, una entidad encargada de recopilar información de todo el aparato de seguridad y justicia del Estado mexicano. Luis Rubén Sandoval Medina, hijo del secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, es el responsable de esta instancia.

Sin embargo, la agencia de espionaje más importante del gobierno es el Centro Militar de Inteligencia, que está adscrita a la subjefatura de Inteligencia del Estado Mayor y que reporta directamente al general secretario.

De acuerdo al reportaje de The New York Times, el Centro Militar de Inteligencia es la única agencia mexicana con acceso a Pegasus.

La Secretaría de la Defensa Nacional fue el primer cliente de NSO Group, la firma israelí integrada originalmente por ex funcionarios de inteligencia del Ejército, que diseñó este software de espionaje. Pegasus fue adquirido por el gobierno mexicano en 2011, durante la administración de Felipe Calderón.

Durante las últimas tres administraciones federales, México ha gastado alrededor de 60 millones de dólares por los servicios del software de espionaje de NSO Group.

Los casos de Aguirre, Aguilar, Ramos y Sandoval ponen de relieve el uso que ha hecho el gobierno mexicano de Pegasus, atacando a activistas de derechos humanos y violando los lineamientos regulatorios del gobierno de Israel sobre la exportación de servicios de inteligencia. Hasta ahora, Tel Aviv no ha ordenado el cese del uso de Pegasus en México.

La Secretaría de la Defensa Nacional ha encontrado dos contrapesos a la expansión de sus capacidades de inteligencia: la resolución de esta semana de la Suprema Corte, que prohíbe a las Fuerzas Armadas la intervención de comunicaciones sin orden judicial, y la creciente presión de Washington.

En 2021, el gobierno estadounidense colocó a NSO Group en una lista negra del Departamento de Comercio. Hace dos semanas, la administración de Joe Biden extendió la restricción y prohibió a todas las agencias de inteligencia de Estados Unidos contratar software de espionaje comercial, debido a que herramientas como Pegasus son desplegadas contra críticos, periodistas y activistas de derechos humanos en países autoritarios.

México y el aparato de inteligencia que está en manos de la familia del general secretario Sandoval no son la excepción.