El principio del fin del caso Lozoya

¿Qué pasó?

La Fiscalía General de la República (FGR) pidió la pena máxima de 39 años de prisión para el ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, en relación al caso Odebrecht, con lo que también le cerró la ventana del criterio de oportunidad.

¿Por qué importa?

Se trata del caso de más alto perfil de la cruzada anticorrupción del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Lozoya ha solicitado siete veces ampliar el plazo de cierre de los procesos; la última vez, el pasado 8 de diciembre, su defensa solicitó un plazo de un mes, el cual fue negado por el juez.

El contexto:

• El pasado 3 de noviembre, casi un mes después de ser exhibido en el restaurante Hunan, Emilio Lozoya arribó al Reclusorio Norte, luego de estar bajo “arresto domiciliario” desde julio del 2020 cuando fue extraditado. El juez José Artemio Zúñiga ordenó prisión preventiva justificada en su contra.

• Los fiscales argumentaron como necesario el encarcelamiento inmediato del ex funcionario al existir riesgo de fuga, ya que Lozoya tenía acceso a una cuenta “offshore” con 2 millones de euros y a contactos políticos y económicos de alto nivel.

Los detalles:

• De acuerdo con Animal Político, la FGR envió este lunes al juez de control, Artemio Zúñiga, la acusación por escrito en contra del ex titular de Pemex por los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho en el caso Odebrecht.

• Además, la dependencia ordenó la apertura de un juicio oral para que Lozoya sea declarado culpable e imponerle penas en suma ascenderían a 39 años de prisión. La petición incluye a su madre, Gilda Margarita Austin Solís, acusada de lavado y asociación delictuosa. Los fiscales piden una pena de hasta 25 años de cárcel.

• Fuentes ministeriales reportaron que -lejos de toda duda razonable- la Fiscalía General de la República cuenta con las pruebas suficientes para demostrar que Emilio Lozoya recibió más de 9 millones de dólares en sobornos de la compañía brasileña Odebrecht.

• Dichos recursos habrían sido ocultados por Lozoya a través de empresas ‘fachada’ y propiedades, en colusión con su madre y otros familiares. De esta manera, la constructora Odebrecht se benefició con diversos contratos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, lo que según la Auditoría Superior de la Federación provocó pérdidas millonarias al Estado mexicano.

• Por el cargo que ostentaba como director de la empresa pública más grande de México y por su rol protagónico en el entramado delictivo del caso Odebrecht, el Ministerio Público federal plantea la imposición de las penas máximas en los tres casos que se le imputan a Lozoya.

• Como lo indica el Código Penal Federal en su artículo 400Bis, en el caso de lavado de dinero (denominado técnicamente como operaciones con recursos de procedencia ilícita) la sanción va de los cinco hasta los 15 años de prisión.

• En el caso del delito de asociación delictuosa, el artículo 164 del mismo código contempla una pena de cinco a 10 años, mientras que en el rubro de cohecho -incluido en el artículo 222-, la sanción oscila entre dos y 14 años.

• Debido a que los ilícitos fueron cometidos de forma independiente, la petición de la FGR es que las penas deban sumarse y acumularse, lo que daría una condena de hasta 39 años de prisión para Emilio Lozoya. En caso de que hubiera una sentencia condenatoria, dependerá del juez especializado en sanciones determinar si proceden o no dichas penas.

• Gilda Margarita Austin Solís, madre de Lozoya, alcanzaría 25 años de cárcel por los dos delitos que se le imputan, aunque dado su estado de salud y edad avanzada, su situación tendría que ser analizada por el juez, de ser declarada culpable.

• Cabe destacar que la FGR, a cargo del fiscal General Alejandro Gertz Manero, decidió proceder en contra de Emilio Lozoya y su madre, al considerar que éste no ha aportado evidencia suficiente que justifique el designarlo testigo protegido (también llamado criterio de oportunidad).

• A partir de este lunes, las víctimas (Petróleos Mexicanos y la Unidad de Inteligencia Financiera) disponen de tres días hábiles para definir su posicionamiento y si se unen a la acusación de la FGR. Posteriormente, la defensa contará con 10 días hábiles para responder a los alegatos de los fiscales.

• Con ello concluirá la fase escrita de la parte intermedia y se dará paso a la fase oral, donde el juez Artemio Zúñiga convocará a una audiencia para que las partes presentes sus posturas y debatan la validez de las pruebas antes de abrir un juicio oral ante un nuevo tribunal. Este podría darse en el primer semestre de 2022.