El INE y la Elección de Estado

La conferencia mañanera se ha convertido en territorio de campaña para la elección presidencial. Y dado que el único dueño del micrófono es el presidente Andrés Manuel López Obrador, los grandes beneficiarios de esta descarada intervención del Estado mexicano en los comicios son Morena y Claudia Sheinbaum.

Frente a la abierta violación de la Ley Electoral desde la instancia más alta del poder en el sistema político mexicano, el Instituto Nacional Electoral guarda un silencio cómplice. En los hechos, el órgano constitucionalmente autónomo que preside Guadalupe Taddei se ha vuelto un facilitador de las ilegalidades de la conferencia mañanera.

Las constantes diatribas del presidente López Obrador en contra de Xóchitl Gálvez, la virtual candidata presidencial del Frente Amplio por México, son la exhibición patente y brutal de que las medidas cautelares impuestas por el INE no tienen consecuencia alguna. La autoridad electoral le prohibió explícitamente al presidente mencionar a Gálvez. López Obrador simplemente decidió ignorar la Ley.

El acoso del aparato del Estado en contra de la senadora del PAN ha llegado al extremo de que Morena está promoviendo un recurso legal para demoler la casa de Gálvez. Esto es una consecuencia de la propaganda política que el presidente López Obrador emite un día sí y otro también para descalificar a su principal rival en la oposición.

La línea que ha dictado el mandatario mexicano desde la conferencia mañanera también ha motivado la apertura de un expediente en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. La oficina de Ernestina Godoy ha comprado la narrativa presentada por el presidente como el eje de la investigación contra el llamado ‘Cártel Inmobiliario’, una etiqueta que el gobierno busca asociar con Xóchitl Gálvez.

En otras latitudes, como en Brasil o en Estados Unidos, la intervención del poder presidencial en las elecciones se ha perseguido a través de causas judiciales formales o incluso mediante la apertura de un procedimiento de juicio político contra el jefe de Estado. No es el caso de México.

El INE no sólo guarda un silencio cómplice frente a la evidente ilegalidad, sino que se ha negado de manera sistemática a fiscalizar la ruta del dinero de las elecciones primarias de los partidos, principalmente de Morena.

La trayectoria ya fue marcada por una denuncia pública de Marcelo Ebrard, quien acusa que la Secretaría del Bienestar operó a favor de la campaña de Claudia Sheinbaum en el proceso interno del oficialismo. La tesis de Ebrard también ha sido reconocida por miembros del equipo de Adán Augusto López, quienes aseguran que la victoria de Sheinbaum obedece en gran medida a una cargada que incluyó no sólo a la oficina de Ariadna Montiel, sino también a la participación activa del Centro Nacional de Inteligencia que preside Audomaro Martínez Zapata y de la dirigencia nacional de Morena de Mario Delgado.

El INE está obligado a seguir una investigación de oficio que atienda la denuncia pública de Ebrard, las miles de bardas a favor de Claudia Sheinbaum que aparecieron en todo el país y que dé seguimiento a los millones de pesos que la campaña de Adán Augusto López desplegó en espectaculares y eventos masivos de movilización a nivel nacional.

La oficina de Guadalupe Taddei, la consejera presidente del INE que recientemente sustituyó a Lorenzo Córdova, no se ha inmutado ante estos eventos políticos de alto perfil.

La equidad de la contienda está comprometida por el papel de Taddei, una funcionaria cuya familia tiene amplios nexos políticos y burocráticos con el gobierno federal y con la administración de Alfonso Durazo en Sonora.

Esta red de intereses supone un conflicto ético para la consejera presidenta del INE. Durazo es el presidente del Consejo Nacional de Morena y fue, junto a Mario Delgado, el principal responsable de organizar y juzgar la cuestionada contienda interna de Morena. Ebrard se quejó de que Durazo y Delgado fueron “cobardes” por ignorar las denuncias de irregularidades en el proceso. El INE, que tiene un carácter constitucionalmente autónomo, ha tomado esencialmente la misma postura que los órganos oficiales de Morena.

El presunto colaboracionismo de Taddei con el poder trasciende a la incompetencia de la autoridad electoral frente a las ilegalidades ignoradas. En mayo, un mes después de asumir la Presidencia del INE, Taddei ordenó la remoción de la titular de la Unidad Técnica de Fiscalización del instituto electoral. Jacqueline Vargas siempre fue una figura incómoda para Morena y su salida se operó sin que Taddei consultara al Consejo General. Como sustituto, la consejera presidenta del INE promovió el nombramiento de David Ramírez Bernal, un funcionario sin experiencia en el área de fiscalización o auditoría. Taddei le quitó los dientes al Instituto Nacional Electoral.

Además, el INE está condicionado por las permanentes amenazas del presidente Andrés Manuel López Obrador contra cualquier instancia del Estado mexicano que exhiba rasgos de autonomía. Morena está planteando un recorte presupuestal de 4 mil millones de pesos al INE para el proyecto de egresos del 2024.

Se ha vuelto evidente el contraste entre el servilismo del INE y el papel de autonomía constitucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya presidenta es Norma Piña. La amenaza del presidente contra el Poder Judicial es todavía más severa: ha propuesto una reforma judicial para elegir a los ministros de la Corte por voto popular, pone de relieve la extinción de los fideicomisos y sugiere un recorte de 24 mil millones de pesos al aparato judicial para el próximo año.

En la oposición, temen que los comicios de 2024 sean una elección de Estado. De manera ilegal, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha utilizado el aparato de comunicación del gobierno federal para intervenir electoralmente.

En ese sentido, los analistas esperan que esta actitud se exacerbe mediante el uso faccioso de las instituciones de justicia y del financiamiento de estructuras electorales con recursos públicos. La contienda interna de Morena es la primera exhibición de lo que podría significar una elección de Estado.

José Ramón Cossío, ministro en retiro de la Suprema Corte y un crítico del presidente López Obrador, escribió en el periódico El País: “Tal como Plutarco Elías Calles tuvo su ‘maximato’ en tanto ‘jefe supremo de la revolución’, López Obrador busca tener el suyo como ‘jefe supremo de la transformación’”. Las condiciones de una elección de Estado están puestas sobre la mesa y el INE no va a meter las manos.