El engaño al Presidente

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, engañó al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Fue a llorarle hasta la Ciudad de México para denunciarle que los legisladores del PRI y del PAN, que controlan -por el voto democrático- el Congreso de Nuevo León no lo dejan cambiar al Fiscal del Estado. Y que incluso están utilizando el poder judicial para hostigarlo.

Y en su cuento, Samuel García le vendió al inquilino de Palacio Nacional que, con lujo de violencia y armas, acudieron ministeriales a irrumpir en la Torre Administrativa que alberga oficinas de su gobierno. Todo un cuento absolutamente falso.

Los videos muestran, con claridad, que fue un solo agente ministerial, sin armas, quien fue a entregar una notificación judicial. La entregó y se fue. Pero los comunicadores del Cártel Jalisco Nueva Comunicación, los que por decreto les manejan la imagen a todos los políticos naranja, difundieron una fotografía falsa de la supuesta agresión. Era de otra fecha y de otro tema.

Y sin preguntar a la otra parte, como debió ser, el presidente López Obrador compró la mentira y se lanzó en su mañanera del pasado jueves a defender al gobernador de Nuevo León y a apoyar su petición de juicio político contra el fiscal.

El inquilino de Palacio Nacional acabó mordiéndose la lengua, cuando dijo que los prianistas de Nuevo León abusaban de su control del Congreso. ¿Acaso no es lo mismo que hace Morena con sus mayorías en la Cámara de Diputados y la de senadores, cuando imponen Su Ley por encima de todos? Pero nadie puede darse por ofendido, porque lo que hacen es muy legítimo, porque ganaron esa mayoría en las urnas.

Por fortuna, el fiscal Pedro Arce no se achicó frente a la mentira y la embestida presidencial. Salió con protocolo y respeto a dejar claro en conferencia de prensa que jamás existió el presunto abuso que el gobernador denunció.

¿Cuál es la disputa que libra el gobernador de Nuevo León que busca tan afanosamente instalar a un fiscal suyo, a modo?

La respuesta es simple. Hay dos o tres casos espinosos que si se consuman pueden colocar al gobierno del Nuevo Nuevo León contra la pared.

Uno es el del asesinato de un menor en las instalaciones del DIF, que entonces estaban a cargo de un amigo de la primera dama, Mariana Rodríguez. A ese personaje ahora lo rescataron y lo ungieron como presidente de Movimiento Ciudadano en Nuevo León. Dante Delgado repartiendo fueros. A pesar de ello, la orden de aprehensión en su contra está vigente. Y las responsabilidades de cremar un cuerpo sin la debida autopsia podrían acabar en un homicidio por negligencia, con encubrimiento de los altos mandos del DIF.

El otro caso es el de Glen Villarreal, el que inició el sexenio Fosfo como director de Comunicación Social y al que le encontraron contratos millonarios en favor de sus empresas de redes sociales. La evidencia obligó a removerlo de su cargo. Y su silencio, para no revelar que era una empresa fachada. Pero halló su reacomodo convirtiéndose en el kamikaze a sueldo del gobernador para hacer en sus redes sociales una campaña violenta contra los legisladores del PRIAN, en especial contra Francisco “Paco” Cienfuegos y Adrián de la Garza.

Pero esa campaña tenía un destino. Buscar que se detuviera una investigación en la que presuntamente se ligan algunas de sus empresas con personajes que despachan en la ventanilla del crimen organizado. Y ante los señalamientos judiciales en puerta, Glen Villarreal optó por el sabio dicho de que la mejor defensa es el ataque. Por supuesto que lo último que quiere el gobernador Fosfo Fosfo es que a su administración la relacionen con actividades del crimen organizado. Suficiente ya es despachar con el desorganizado.

Por eso, Samuel García fue a esconderse bajo las faldas presidenciales, a pesar de que sabe sobradamente que el inquilino de Palacio Nacional no tiene autoridad ni vela en el entierro, porque los estados y sus poderes se manejan de manera autónoma.

Cuestión de recordar cuántos años tiene el presidente López Obrador cuestionando también en sus mañaneras -y con toda razón- la intocabilidad del fiscal de Guanajuato, Carlos Zamarripa, a quien desde hace más de 12 años que tiene en el cargo se le vincula como protector del crimen organizado en aquel estado que liderea a nivel nacional el número de policías asesinados por los Cárteles a los que su fiscalía no toca ni con el pétalo de un abrazo.

Bien haría el presidente López Obrador en no comprar boletos que ni le van ni le vienen. Ni el ejecutivo ni el Congreso Federal tienen facultades para entrometerse en los asuntos de una entidad libre y soberana. Que reviva el mandatario los pasajes del presidente Benito Juárez buscando someter al entonces gobernador de Nuevo León, Santiago Vidaurri, confiscándole sus aduanas y sus fronteras. Esos conflictos de intromisión nunca terminan bien.