El Departamento de Justicia utilizará leyes anti terrorismo contra funcionarios mexicanos

¿Qué pasó?

• The New York Times reportó que el Departamento de Justicia de Estados Unidos instruyó a fiscales federales a construir casos contra políticos y funcionarios mexicanos presuntamente vinculados con cárteles, recurriendo a leyes anti terrorismo.

• La base jurídica de esta estrategia se desprende de la orden ejecutiva firmada por Donald Trump el 20 de enero de 2025, que inició el proceso para designar a ciertos cárteles como Organizaciones Terroristas Extranjeras y Terroristas Globales Especialmente Designados.

• El Departamento de Estado formalizó el 20 de febrero de 2025 la designación del Cártel de Sinaloa, el CJNG, Cárteles Unidos, el Cártel del Noreste, el Cártel del Golfo y La Nueva Familia Michoacana, entre otros grupos, como Organizaciones Terroristas Extranjeras.

• En un memorando interno del 5 de febrero de 2025, el Departamento de Justicia instruyó a sus fiscales a usar los cargos “más serios y amplios” disponibles contra líderes y operadores de cárteles, incluyendo cargos de terrorismo, crimen organizado, sanciones económicas y delitos vinculados con armas.

• La nueva ofensiva ocurre mientras fiscales del Distrito Sur de Nueva York ya acusaron al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros nueve funcionarios y ex funcionarios mexicanos de delitos de narcotráfico y armas. Esa acusación pública, hasta ahora, no incluye cargos de terrorismo.

¿Por qué importa?

• La estrategia eleva el combate judicial contra los cárteles de una lógica antidrogas a una lógica de seguridad nacional. Eso permite al gobierno estadounidense usar herramientas legales más agresivas, incluidas acusaciones por apoyo material a organizaciones terroristas, narcoterrorismo, sanciones y decomisos.

• El cambio aumenta el riesgo diplomático para México: si fiscales estadounidenses construyen casos contra políticos mexicanos bajo estatutos anti terroristas, Washington estaría tratando la presunta protección institucional a cárteles como una amenaza directa a la seguridad de Estados Unidos, no sólo como corrupción o narcotráfico.

Los detalles:

• El memorando del Departamento de Justicia suspendió, inicialmente por 90 días, ciertos requisitos de aprobación interna de la División de Seguridad Nacional para presentar la mayoría de cargos de terrorismo contra miembros o asociados de cárteles designados.

• La flexibilización no elimina todos los controles: las fiscalías federales deben avisar con 24 horas de anticipación a la División de Seguridad Nacional y la concurrencia de esa división sigue siendo necesaria para acuerdos de culpabilidad, recomendaciones de sentencia y mociones bajo la ley de información clasificada.

• El Departamento de Justicia también ordenó priorizar investigaciones de soborno extranjero, asociadas con cárteles y organizaciones criminales transnacionales, incluidas conductas relacionadas con tráfico de personas, narcóticos y armas.

• La acusación contra Rocha Moya y otros funcionarios de Sinaloa ya incorpora el lenguaje de la nueva doctrina: el administrador de la DEA, Terrance Cole, afirmó que el Cártel de Sinaloa “no sólo trafica drogas mortales”, sino que es una organización terrorista designada que depende de corrupción y sobornos.

• Gerardo Mérida Sánchez, ex secretario de Seguridad Pública de Sinaloa y uno de los acusados en el caso, fue detenido en Arizona y presentado ante un juez federal; la acusación sostiene que habría recibido sobornos de “Los Chapitos” para alertarlos sobre operativos contra laboratorios de droga.

El contexto:

• La orden ejecutiva de Trump define a los cárteles como una amenaza de seguridad nacional y sostiene que algunas organizaciones criminales operan como estructuras cuasi gubernamentales en partes de México.

• Desde la designación terrorista, el Departamento de Justicia ya ha presentado casos por narcoterrorismo y apoyo material a organizaciones terroristas contra presuntos líderes del Cártel de Sinaloa, incluyendo a René Arzate-García, alias “La Rana”.

• Otro caso del Distrito Sur de Illinois sostiene que integrantes de alto rango del Cártel de Sinaloa enfrentan cargos por narcoterrorismo, apoyo material a una organización terrorista extranjera, narcotráfico y lavado de dinero.

• La presidenta Claudia Sheinbaum ha respondido a las acusaciones contra funcionarios mexicanos señalando que no protegerá a nadie que haya cometido delitos, pero también advirtió que, si no hay pruebas claras, las acusaciones del Departamento de Justicia tendrían un objetivo político.