El coletazo de Santander

¿Qué está dispuesto a hacer un Banco para eludir su responsabilidad de cumplir con el pago de una demanda de entre 1,000 y 1,200 millones de dólares que ya perdió en los tribunales? La respuesta es obvia. Lo que sea necesario.

Y eso es precisamente lo que está sucediendo con el caso de Santander, la institución financiera que en mayo del 2021 fue condenada por un Tribunal Colegiado a pagar a las herederas de Roberto Garza Sada el monto del fideicomiso saqueado por Roberto Garza Delgado, con la incompetencia o la complicidad del Banco español.

Solo para refrescar la memoria, el empresario regiomontano dejó un fideicomiso a nombre de sus cuatro hijos -Roberto, Carmen, Gabriela, Viviana- en el que depositó más de 36 millones de acciones de Grupo Alfa, que serían la herencia de sus cuatro hijos.

Pero, utilizando siete cartas de instrucción con firmas falsificadas, el único de los hermanos abusó de su carácter de albacea y sustrajo las acciones valuadas en cientos de millones de dólares, sin que mediara de por medio el debido cotejo de las firmas por parte de Santander.

Las hermanas Garza Delgado demandan hoy a la institución bancaria, que al perder en tribunales la última instancia, Santander está recurriendo en dos instancias diferentes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Buscando en tres ocasiones el Amparo directo contra el fallo en su contra, el presidente de la Suprema Corte ya las declaró improcedentes, al grado de que la máxima instancia judicial le instruye al Banco a no interponer nuevos intentos para desacreditar el fallo, porque ni existe ni cabe recurso alguno.

Y ya en una jugada calificada como desesperada, Santander pidió atraer el Amparo que se frenó en el Tribunal Colegiado y en votación unánime, la Primera Sala de la Suprema Corte votó que no existen fundamentos para esa atracción e instruyó que se regrese al Colegiado para su votación.

Acorralados después de perder en cuatro ocasiones ante la Suprema Corte de Justicia, ahora el Banco intenta comprar tiempo -o incluso evadir su responsabilidad- al iniciar ante la Fiscalía General de la República una serie de demandas contra las clientas que lo demandaron y le ganaron el juicio.

La maniobra es tan burda, como que la Fiscalía General de la República no tiene jurisdicción sobre temas que competen a los tribunales de Nuevo León. Pero ya en una ocasión, la FGR se declaró incompetente en la primera demanda que le interpusieron. Ahora esperan que con un nuevo abogado de mano más dura pueda dar reversa a lo que ya es cosa juzgada.

Su nueva estrategia es interponer dos demandas penales: una, acusando a los magistrados de imparcialidad, denunciando que sucumbieron a un poder económico mayor -¿mayor que Santander?- y la segunda, acusar a las clientas que lo demandaron de hacer declaraciones falsas, sin sustento. Son declaraciones que, además, fueron hechas en 2013, lo que significa que cualquier acción estaría prescrita. ¿Por qué Santander esperó 9 años para interponer la presunta falsedad de declaraciones?

Lo que los nuevos abogados de mano dura intentan es cambiar de Tribunal Colegiado, considerando que se tiene que votar de inmediato la reclamación interpuesta por las clientas que ganaron ya todas las instancias, para cerrar el caso en definitiva. Y, de acuerdo a jurisconsultos, el Amparo no procede dado que se trata del Amparo de un Amparo de un Amparo y ya se votó de fondo esa materia.

Pero en medio de todos estos legalismos, lo que preocupa es que Santander no haya informado todavía a sus inversionistas de este quebranto, considerando que la sentencia en firme de la tercera etapa ya causa ejecutoria. Es decir, se tiene que pagar el quebranto.

El tema del ocultamiento es crucial, porque el Consejo de Administración tiene una responsabilidad fiduciaria de hacer pública información relevante -como lo es un quebranto cercano a los mil millones de dólares- y lo están ocultando.

¿Por qué en los últimos estados financieros dictaminados de Santander no se contempla reserva alguna para semejante contingencia? Su auditor independiente, Price Waterhouse Coopers, obligado a reportar este tipo de información, hasta el segundo trimestre de este año no incluía mención alguna.

Pero, sin duda, el cuestionamiento más relevante para Santander es por qué no ha procedido con una denuncia penal en contra de Roberto Garza Delgado, el heredero que saqueó el fideicomiso en perjuicio de sus hermanas. Por el contrario, se acercaron a él para tratar de ayudarlo a evadir su responsabilidad, a sabiendas de que esto podría ser tipificado como delincuencia organizada. ¿Negligencia o complicidad?

Roberto Garza Delgado tiene, en la sociedad regiomontana, un largo historial de fraudes que van más allá del fideicomiso de Santander. El domingo pasado fue vinculado a proceso en un juicio penal en su contra, también por la falsificación de documentos y firmas contra un prestamista. Lo mismo que hizo con Santander y las siete cartas con firmas falsificadas con las que dispuso a su favor de 35.2 millones de acciones de Grupo Alfa, que debieron ser repartidas con sus hermanas como lo dispuso su padre, Roberto Garza Sada. Los peritajes grafológicos con los que se ganaron todas las instancias así lo confirman.

Entonces ¿por qué Santander se rehúsa a enfrentar los múltiples fallos, a sabiendas de que se dispuso de un patrimonio multimillonario al capricho de uno solo de los beneficiarios del fideicomiso en su custodia?

¿Por qué una corporación financiera de clase mundial recurre al hostigamiento de sus clientes, mujeres perjudicadas en su patrimonio, bajo la amenaza de demandas penales sin fundamento? ¿Qué dirá de todo esto Ana Botín, la presidenta del Consejo de Administración del Banco Español? ¿Tendrían que ver con este caso sus múltiples y recientes visitas a Palacio Nacional?