Destituyen a funcionario vinculado a red de huachicol

¿Qué pasó?

• Tres funcionarios del puerto y de la Aduana de Tampico fueron destituidos tras el decomiso histórico de 10 millones de litros de huachicol a finales de marzo en Tamaulipas.

• La incautación de la gasolina clandestina fue una reacción a una publicación que hizo Código Magenta, en la que se reveló que en el puerto de Tampico se realizaban desembarcos clandestinos constantes de petrolíferos en complicidad con las autoridades de la Administración y Finanzas de la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA).

• Entre los cesados se encuentra Francisco Javier Antonio Martínez, director administrativo y de finanzas de la ASIPONA Tampico, quien fue relevado de su cargo el 2 de mayo.

• }La remoción se produjo cuatro días después de que Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) revelara sus vínculos societarios con los dueños de Intanza, empresa que importó el combustible decomisado.

• La Marina confirmó oficialmente su destitución y fuentes federales indicaron que ya fue denunciado ante la Fiscalía General de la República (FGR), junto con otros funcionarios de aduanas y del puerto.

• También fueron removidos Hugo Alonso Rodríguez Aguilar, subgerente de Protección Portuaria, y Luis Jorge Goicochea Sotomayor, entonces administrador de la aduana de Tampico.

¿Por qué importa?

• El caso evidencia cómo redes de contrabando de combustible operan con la posible complicidad de funcionarios de alto nivel en el sistema portuario federal.

• La remoción y la investigación contra estos funcionarios plantean dudas sobre la eficacia de los controles anticorrupción en áreas estratégicas bajo control militar, como los puertos.

• El decomiso se convirtió en uno de los más grandes en la historia reciente del país, pero aún persisten interrogantes sobre el destino de una parte importante del cargamento ilegal.

Los detalles:

• La empresa Intanza importó diésel desde Beaumont, Texas, y lo hizo pasar como aditivo para aceites; la carga fue asegurada tras arribar al puerto de Tampico a bordo del buque Challenge Procyon.

• Antonio Martínez figura como socio de los dueños de Intanza -Ricardo Ayón Rodríguez y Ramiro Rocha Alvarado- en la empresa Belure, una comercializadora de productos electrónicos.

• En su declaración patrimonial de 2024, Martínez omitió reportar su participación en Belure, aunque sí registró la propiedad de 18 vehículos, incluidos autos clásicos, camionetas de lujo y motocicletas Harley-Davidson.

• MCCI documentó que el exfuncionario pasó de administrar una taquería en Chimalhuacán a acumular un patrimonio vehicular millonario en solo dos años.

• Aunque el decomiso reportado fue de 10 millones de litros, MCCI reveló que documentos judiciales y reportes internos de la Marina indican que el buque traía 20 millones de litros, sin que se haya explicado el destino del resto.

El contexto:

• La Secretaría de Marina tomó el control de los puertos desde 2021 con el objetivo de frenar la corrupción, el contrabando y el tráfico de drogas en puntos estratégicos del país.

• A pesar del control castrense, los puertos mexicanos siguen siendo vulnerables a redes criminales que operan mediante empresas fachada y funcionarios aliados.

• Intanza ha recurrido a juicios de amparo para recuperar el combustible incautado, lo que ha permitido a MCCI documentar su rol en el contrabando desde Estados Unidos.

• La omisión de datos patrimoniales en las declaraciones de funcionarios como Martínez refleja deficiencias en los mecanismos de vigilancia sobre el enriquecimiento ilícito.

• El caso ocurre en un contexto de creciente presión internacional, especialmente de Estados Unidos, para frenar el tráfico ilegal de combustibles, vinculado al financiamiento de organizaciones criminales mexicanas.