Cuéntame una de Barreiros

Si la agilidad que la Procuraduría General de la República le da al caso del presunto lavado de dinero de Ricardo Anaya se le diera a otros asuntos más relevantes y trascendentales, otro gallo nos cantara.

No se trata de salir en defensa del candidato del Por México al Frente, sino de poner el dedo en la yaga. Cuando existe voluntad política, las denuncias caminan y van hasta sus últimas consecuencias. Pero cuando no, ni hablar.

Cuestión de comparar la celeridad que la PGR le da a la investigación de presunto lavado de dinero en la compra-venta de la bodega propiedad de Anaya, contra el largo y escabroso caso de los sobornos de Odebrecht.

El expediente oscuro del candidato de Por México al Frente se integró en cuestión de semanas y se está operando con avances que se registran por horas. Y qué bueno, así debe ser la justicia. Pronta y expedita.

Pero cuando esa velocidad no se le da a casos como el de Odebrecht, que ya está por cumplir un año en investigaciones que nunca concluyen, a pesar de que el procurador Raúl Cervantes advirtiera al renunciar que ese expediente lo dejaba concluido.

Desde el pasado 16 de octubre estamos esperando que el procurador interino o quien sea la autoridad competente para dar los detalles, nos abra esos expedientes que acaben por revelar quien recibió los 10.5 millones de dólares.

El monto Odebrecht equivale al costo de cinco bodegas como la que vendió Anaya, con la diferencia de que los dineros investigados al candidato presidencial van de un privado a otro privado, mientras que los de Odebrecht van de una empresa privada a una autoridad pública.

Lo que aquí se asoma, por la razón que fuere, es que alguien sí tiene la voluntad política para que el expediente de Anaya acabe de integrarse, se detenga al presunto lavador -Manuel Barreiro- y que eso hiera de muerte o de plano aniquile las aspiraciones del candidato de Al Frente por México.

En el expediente de Odebrecht lo que se asoma es una operación de Estado, en la que la voluntad política es que el caso se mantenga a la sombra, al menos hasta después de la elección presidencial. Antes podría ser letal para el partido en el gobierno y en consecuencia para su candidato Meade.

Insistimos en que la única explicación para que el sistema busque torpedear la candidatura a Anaya, es nivelar el terreno entre los presuntos saqueos a Sedesol y el presunto blanqueo de dineros en la bodega de Anaya. Y que nadie se mueva.

Cualquier otra explicación es suicida. Improvisar un nuevo candidato en el Frente por México es riesgoso, sobre todo si se considera que Anaya sí prendió, con un ascenso de seis puntos en las encuestas.

Y reducir la contienda presidencial a Andrés Manuel López Obrador y José Antonio Meade, además de polarizar todavía más a los electores, acabaría por enviarle mas simpatizantes a Morena que al PRI.

La mitad de los panistas decepcionados por la falta de un candidato a su medida, sin duda se irían con Meade porque jamás comulgarían con el llamado “Peligro para México”.

Pero el panismo antisistema, el PRD y Movimiento Ciudadano, sin duda engrosarían las filas de simpatizantes de López Obrador, abriendo su ventaja en por lo menos cinco puntos.

Por eso la pregunta inicial tiene vigencia… ¿Cuál es el juego de la PGR al acelerar el desenlace del Caso Anaya? ¿Contarnos una de Barreiros?