AMLO-Larrea: Perversidad o complicidad

O estamos ante un enorme acto de perversidad o ante una disfrazada operación de complicidad.

No se explica de otra forma el decretazo del presidente Andrés Manuel López Obrador para ordenar que el gobierno federal asumiera el control de tres tramos de Ferrosur para sacar adelante su proyecto del Ferrocarril Transístmico.

Peor aún, exhibir el despliegue de la fuerza del Estado a través de elementos de la Marina, que armados tomaron por asalto las instalaciones de esa empresa privada mexicana propiedad de Grupo México, de German Larrea, el segundo mexicano más rico, después de Carlos Slim.

El hecho es -de facto- una expropiación, la primera que se ejecuta en este sexenio en el que el inquilino de Palacio Nacional siempre prometió desde su campaña, e incluso al tomar posesión, que jamás se darían en su gobierno actos expropiatorios.

El sacudimiento del decreto contra Ferrosur fue de tal magnitud que desplomó las acciones de Grupo México arriba del 4 por ciento, una pérdida de valor de 30 mil millones de pesos.

Algunos analistas advierten que es perverso, porque a pesar de sus diferencias de visión, el presidente López Obrador y Germán Larrea tenían abierta la línea de diálogo. ¿Cuál era la urgencia del mandatario para dar el golpe en la mesa a una corporación internacional, enviando ondas de choque a los mercados internacionales? ¿No hubo manera de arreglarlo por las buenas en la mesa de la confianza? ¿Doble cara del Ejecutivo Nacional?

Apenas el pasado martes 16, Larrea se había apersonado a la convocatoria en Palacio Nacional para asistir a la comida del Consejo Asesor Empresarial, a la que acuden un puñado de dueños de corporaciones que se reúnen periódicamente con el presidente para trazar estrategias y ser consultados sobre temas relevantes. El presidente de Grupo México es integrante de este selecto clan.

Unas horas antes de esa comida, en la conferencia Mañanera, el presidente López Obrador había externado su beneplácito por lo que consideraba la compra consumada de Citibanamex, por parte del grupo liderado por Larrea.

“Tenemos información que van muy bien las negociaciones y que uno de los posibles compradores es el Grupo México, y nosotros les hemos transmitido a los consejeros, directivos, de Citibanamex que no hay, de parte del Gobierno de México, ninguna inconformidad, que no hay de parte nuestra ningún problema en que se lleve a cabo esa operación”.

Pero las sonrisas de la comida y los buenos oficios en La Mañanera del martes se toparon con pared el viernes, cuando se declararon como bienes de utilidad pública tres tramos de líneas detrás de Ferrosur, ubicados en Coatzacoalcos y Cosoleacaque, en Veracruz, y se ordenó la “ocupación temporal inmediata” del Ferrocarril del Itsmo de Tehuantepec, propiedad de Ferrosur.

Y, en acciones que recordaron las expropiaciones en el sexenio de Luis Echeverría Álvarez, la Secretaría de Marina ocupó por la fuerza las instalaciones, advirtiéndose en el decreto que “el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec debe cubrir con su presupuesto autorizado el monto de la indemnización que, en términos de ley, deba pagarse a quienes acrediten su legítimo derecho, de conformidad con las cifras del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales”. Es decir, al anunciarse en el decreto el pago correspondiente se acepta que se está ante una acción expropiatoria.

Pero el sábado 20, después de la censura nacional e internacional a dicha medida, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, salió a enmendar la plana para aclarar que no se trataba de una expropiación y que la toma violenta de las instalaciones privadas tenía carácter de temporal, buscando reducir el impacto que el golpe mediático original ya había causado.

Otros piensan que podríamos estar frente a un acto de complicidad, porque sin evidenciarse ruptura alguna entre el presidente López Obrador y Larrea, la presunta expropiación obligaría al gobierno de la Cuarta Transformación a pagar la indemnización, ya fuera por el valor de los tres tramos o si la empresa lo demuestra asentar que no solo deberán pagarse los tramos confiscados, sino liquidarlo a Ferrosur como un todo.

Y en estos momentos en que Larrea tiene la urgencia de recaudar los más de 7 mil millones de dólares que se requieren para cubrir el pago de Citibanamex, ese pago parcial o total sería de gran ayuda.

Por lo pronto, no se percibe la suficiente indignación ni de la corporación Grupo México ni del Consejo Coordinador Empresarial.

Ambos emitieron débiles y poco contundentes comunicados. Grupo México, el viernes, anunciando que estudian las medidas para responder y el Consejo Coordinador Empresarial demoró más de 48 horas para fijar una tibia posición. ¿Será que, en el fondo, no existe conflicto real y estamos frente a un valor entendido?

¿Podría repetirse con Ferrosur y Larrea el rescate del “aeroproa”, ese mecanismo bajo el cual, el Gobierno de la Cuarta Transformación canceló las obras el nuevo aeropuerto de Texcoco -que se estaban hundiendo- y que los contribuyentes acabamos pagándole a Carlos Slim y constructores que lo acompañaban la indemnización total de sus errores? No tardaremos en ver el desenlace.