AMLO “evasor”

La propuesta es estúpida, producto de la supina ignorancia de los enemigos de la Cuarta Transformación. Pero el chistecito se volvió viral y puede ser el dolor de cabeza de su vida para quien le haga caso.

Se coló este fin de semana en las redes sociales una “iniciativa fiscal” que propone que cuando un ciudadano pague en efectivo y no le sirva la factura –sea en restaurantes, supermercados o cualquier consumo- se pida una factura a nombre de Andrés Manuel López Obrador.

Los ingenuos promotores de esta iniciativa difunden el registro federal de contribuyentes del presidente y su dirección, para que quien lo necesite solicite la factura con la que se pueda demostrar el gasto en efectivo.

La absurda intención es que al final del año los promotores de semejante disparate solicitarían una consulta al SAT para ver cuánto se le facturó al ciudadano López Obrador.

Y como el monto sería desproporcionado, el inquilino de Palacio Nacional no podría acreditar de donde salieron esos ingresos y por lo tanto enfrentaría una discrepancia que lo mostraría como “evasor fiscal”.

Y, para muestra de que se puede hacer, distribuyen algunas facturas en compras de bebidas alcohólicas o gasolina, como diciendo “¡Miren, sí se puede!”.

Insistimos en que es una medida de supina ignorancia, porque aquellos que sean sorprendidos ejerciéndola estarían incurriendo en un acto que podría calificar como “sedición fiscal”.

Es decir, exhortar abiertamente a cometer un ilícito fiscal con el propósito de inculpar en vano a un contribuyente o para desestabilizar un sistema con fines ajenos a la propia recaudación.

Si esa “iniciativa fiscal” de pedir facturas a nombre de terceros prosperara, cualquier empresa que quisiera sacar del mercado a su competidor le fabricaría facturas fantasmas para denunciarlo ante el SAT y ante la imposibilidad de pagar la diferencia, convertirlo en delincuente.

Usar sin autorización el RFC de terceros es, sin duda, un delito que de probarse podría llevar a la cárcel a quien lo hizo.

Pero peor aún, también tendría que pagar por el delito el establecimiento que expide la factura a sabiendas de que quien la solicita no es el contribuyente que será registrado en la compra.

¿O acaso el cajero de una licorería o el despachador de una gasolinera en la que se pida una factura a nombre de Andrés Manuel López Obrador va a permitir impunemente que el nombre del presidente sea usado falsamente para buscar inculparlo más tarde de un delito que nunca cometió?

Y aquí no cabe aquello de que el establecimiento que expide la factura está obligado a cumplir la petición del contribuyente. Ante la evidencia en la falsedad, se convertiría en cómplice del delito.

El SAT -y su nueva titular, Raquel Buenrostro- está obligado a emitir una alerta para advertir que quien incita a cometer ese delito o quien lo llegue a consumar solicitando la factura a nombre de un tercero que no es el comprador –sea el presidente o cualquier otro contribuyente- está incurriendo en delito fiscal.

Más aún, ante la evidencia de que algunos establecimientos están contribuyendo a emitir esas facturas de pagos en efectivo a favor de Andrés Manuel López Obrador, actuar con sendas auditorías para evaluar si por el número de facturas y por sus montos, tipifica para instalar a quien emite la factura dentro del rubro de “sedición fiscal”.

Por ahora basta lanzar desde aquí la alerta de que aquellos ingenuos que crean que pidiendo esa factura con el RFC del presidente le están haciendo un gran daño, podrían acabar en la cárcel.

Y que la misma suerte podrían correr aquellos negocios que se prestaron al juego de la estúpida ocurrencia fiscal de un puñado de ignorantes que ya no encuentran como desacreditar al popular inquilino de Los Pinos. Que se atengan a las consecuencias.