18 de noviembre 2026
Política
Confirman desvíos entre Samuel y papá
Lo que era un secreto a voces entre las élites políticas de México fue confirmado ayer por la Auditoría Superior de NL: desde la Tesorería del estado se triangularon 1,696 mdp a través de proveedores de gobierno al despacho de Samuel García Mascorro, padre del gobernador Samuel García Sepúlveda
Por Rodrigo Carbajal
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Lo que era un secreto a voces entre las élites políticas de México, ayer fue confirmado por la Auditoría Superior de Nuevo León: desde la Tesorería del estado se detectaron 786 transferencias por un monto de 1,696 millones de pesos trianguladas a través de proveedores de gobierno al despacho de Samuel García Mascorro, padre del gobernador emecista Samuel García Sepúlveda, quien también es socio de esa firma jurídico-fiscal.
Los desvíos incluyen no sólo presuntas comisiones de contratistas estatales, sino transferencias a ese despacho familiar que alcanzan al ISSSTELEÓN, al DIF -que recae en la responsabilidad política de la esposa del gobernador, Mariana Rodríguez Cantú- así como presuntas triangulaciones desde la Universidad Autónoma de Nuevo León.
En comparecencia frente al Congreso estatal, el auditor Alejandro Reynoso Gil presentó los resultados de la fiscalización de la Cuenta Pública 2025 del gobierno de Nuevo León. En total, la Unidad de Investigación de la ASENL encontró cerca de 8 mil observaciones no solventadas por 61 mil millones de pesos.
Los hallazgos de la Auditoría Superior de Nuevo León llegan en un momento crítico para Samuel García. En diferentes niveles, operadores políticos de la Cuarta Transformación están presionando al gobernador emecista a “entregar” el estado en las elecciones a la gubernatura de 2027. El 16 de octubre, la Auditoría Superior de la Federación denunció ante la Fiscalía General de la República una presunta triangulación de más de 7,200 millones de pesos desde el gobierno estatal. El auditor federal, Aureliano Hernández, habló en la tribuna de la Cámara de Diputados de un amplio esquema de triangulaciones y simulaciones con base en una firma jurídica fiscal propiedad de un familiar de un alto funcionario de Nuevo León. No dijo nombres, pero todos saben a quién se refería.
Alfonso Ramírez Cuéllar, diputado federal de Morena y uno de los operadores políticos más cercanos a la presidenta Claudia Sheinbaum, acusó a Samuel García de ser “un facturero” en el poder. De hecho se refirió al caso de las triangulaciones desde el gobierno estatal como “La Estafa Regia”. Días más tarde, acompañó a la precandidata de Morena a la gubernatura, Clara Luz Flores, a interponer una nueva denuncia en contra de Samuel García y de su familia ante la Fiscalía General de la República.
Los casos que este martes presentó el auditor estatal Alejandro Reynoso Gil alimentan esta hoguera foso fosfo. Se trata de una investigación institucional ampliamente documentada.
La ASENL encontró que el “despacho jurídico y fiscal” recibió 1,696.6 millones de pesos en 786 depósitos. Más de 968 millones de pesos fueron realizados por empresas contratistas de la administración de Samuel García, que se encuentran bajo una investigación activa. El resto del dinero llegó a través de cuatro rutas, todas con origen en la Tesorería estatal: una constructora, una comercializadora, una empresa de servicios y un proveedor de equipamiento.
Las cuatro empresas siguieron el mismo modus operandi. Por ejemplo, la firma constructora recibió 5,851 millones de pesos del gobierno del estado y posteriormente transfirió 5,154.6 millones de pesos a una subsidiaria, que a su vez realizó pagos por 385.3 millones de pesos a la firma jurídica y fiscal. En una de las transferencias de este caso, el proveedor depositó 261.4 millones de pesos al despacho, que al día siguiente envío 262 millones de pesos a una firma inmobiliaria. El movimiento replica un esquema denunciado a nivel federal por la Auditoría Superior en el que la familia del gobernador de Nuevo León habría comprado un terreno campestre en Linares, por cerca de mil millones de pesos, con base en la triangulación de un contratista estatal.
El caso construido por la Auditoría Superior de Nuevo León pone al centro de una trama de desvíos a la figura de Mariana Rodríguez Cantú. El DIF Nuevo León pagó 1,953 millones de pesos a una empresa de servicios de alimentos que dispersó los recursos entre cinco filiales del mismo grupo y en un plazo de ocho días transfirieron 23.3 millones al “despacho jurídico y fiscal “fundado por un funcionario y un familiar”.
Las irregularidades no son cosa menor. La empresa facturó el kilo de chayote en 300 pesos, cuando en el mercado al mayoreo se encuentra en 18 pesos el kilo. El aguacate se cotizó a 250 pesos el kilo, el tomate a 200 pesos el kilo y la cebolla a 180 pesos el kilo. Un abierto desfalco.
Por si fuera poco, la ASENL encontró que la nómina del DIF realizó pagos privados por 3.15 millones de pesos a cuatro colaboradores de “una empresa de cosméticos de la cónyuge de un funcionario de primer nivel y del despacho jurídico y fiscal”. Es decir, el gobierno estatal pagó la nómina de trabajadores de la compañía de Eugenia Rodríguez Cantú, hermana de Mariana, y de empleados de Firma Jurídica y Fiscal.
La Unidad de Investigación de la ASENL documentó, además, una triangulación del ISSSTELEÓN y de la Universidad Autónoma de Nuevo León en la compra a sobre precio de medicamentos contra el cáncer. Ambas instituciones depositaron 420.6 millones de pesos a una empresa contratista encargada de la distribución de medicamentos. Posteriormente, una compañía con el mismo domicilio fiscal realizó un pago por 74.1 millones de pesos al despacho jurídico fiscal y a “empresas relacionadas con el hermano de un funcionario de primer nivel”. Es altamente probable que se refiera al medio hermano del gobernador, Samuel Orlando García Villarreal, abogado fiscalista y socio del mandatario en algunas firmas operadas por la familia.
Las denuncias han sido turnadas tanto a la Fiscalía de Nuevo León como a la Fiscalía General de la República para deslindar responsabilidades. En cualquier otra latitud, en cualquier país con el mínimo grado de rendición de cuentas, la magnitud del escándalo ameritaría un maxi proceso. En México y en Nuevo León, está por verse.