16 de noviembre 2026
Política
Lenia, Martí y el 2030
Un prominente político de Morena está operando silenciosamente como el ‘caballo negro’ en la sucesión del gobierno de la 4T para 2030. Se trata de Martí Batres, el director del ISSSTE, quien para lograr su objetivo pretende instalar a su hermana, Lenia Batres, como la ministra presidenta de la Suprema Corte
Por Rodrigo Carbajal
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El ala dura de Morena tiene un grave problema: no cuenta con un proyecto de candidatura presidencial para el 2030.
Sin embargo, ante la debilidad del perfil de Clara Brugada, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, y ante la secuencia de escándalos alrededor de Andrés Manuel López Beltrán, un prominente político de Morena está operando silenciosamente como el ‘caballo negro’ en la sucesión del gobierno de la Cuarta Transformación. Se trata de Martí Batres, el director del ISSSTE que controla el mayor aparato de movilización electoral de la capital y que ha tejido redes con figuras del movimiento de la 4T, que van desde Citlalli Hernández hasta Luisa María Alcalde y el propio Gonzalo López Beltrán.
Batres podría ser la alternativa de izquierda nacionalista que compita en el terreno político-electoral con las dos únicas figuras que, hasta ahora, se han posicionado en el imaginario colectivo de los mexicanos como opciones reales para el 2030: Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad Ciudadana, y el empresario Ricardo Salinas Pliego.
Pero antes, Martí Batres deberá conseguir un objetivo esencial para su proyecto presidencial: instalar a su hermana, Lenia Batres, como la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. “No se equivoquen, Lenia será la próxima presidenta de la Corte y yo me voy a encargar de eso”, asegura Martí Batres en privado a sus correligionarios de la 4T, de acuerdo a un reporte de prensa.
Estamos hablando del político que, desde las sombras, descarriló la candidatura de Omar García Harfuch a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y que contribuyó al nombramiento de Ernestina Godoy como sustituta de Alejandro Gertz Manero en la Fiscalía General de la República. Martí Batres es un ejecutor de la agenda de ‘Palenque’.
La operación política de la Suprema Corte tiene consecuencias impredecibles para la seguridad jurídica y para la certidumbre económica en México. Las pifias, los conflictos de interés, la irresponsabilidad de los proyectos de sentencia e incluso las acusaciones de corrupción de la ministra Lenia Batres han encendido alarmas en un amplio sector del empresariado, dentro y fuera de México. No es únicamente el hecho de que Lenia Batres es considerada una ideóloga del ala más radical y a la izquierda de Morena, sino que ha probado ser incompetente como ministra de la Corte. En el Pleno anterior a la Reforma Judicial, Lenia Batres fue la ministra con el menor tiempo en el cargo, pero con el mayor rezago de trabajo: 36 de los 47 asuntos que el máximo tribunal dejó pendientes eran responsabilidad de Batres.
A mediados de este año, durante una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum, un grupo de empresarios le pidió explícitamente a la inquilina de Palacio Nacional que interviniera para bloquear la llegada de Lenia Batres a la Suprema Corte. El contingente incluyó, según reportes de fuentes con conocimiento del encuentro, a Carlos Slim (América Móvil); Germán Larrea (Grupo México); Alejandro Baillères (Grupo BAL); Carlos Hank González (Grupo Financiero Banorte); Bernardo Gómez (Televisa-Univisión) y a José Medina Mora (Consejo Coordinador Empresarial).
El argumento de los empresarios fue que Batres ha tomado la postura radical de promover “acciones de nulidad del juicio concluido”. Es decir, extender las facultades de la Suprema Corte para echar para atrás sentencias firmes del Poder Judicial y poner fin al principio rector de la no retroactividad de la ley. De acuerdo a expertos en derecho constitucional, esto implica una transgresión grave al sistema jurídico. Las consecuencias económicas, advierten en el gremio empresarial, podrían ser catastróficas. Incluso en la Secretaría de Hacienda de Édgar Amador consideran, en privado, que la mera llegada de Lenia Batres a la Suprema Corte echaría por la borda cualquier posibilidad de que la tasa de crecimiento económico alcance la meta oficial de 2.5 por ciento al año.
Para los Batres, la postura de Lenia no es parte de una agenda ideológica-radical, sino de un asunto pragmático. De acuerdo a fuentes consultadas por Código Magenta, la ministra Batres ha mantenido reuniones privadas con empresarios, cabilderos y operadores políticos para atraer casos a la Suprema Corte. Los encuentros, aseguran a Código Magenta, rayan en el conflicto de interés.
Algo similar a lo que sucedía con Ulises Lara, ex pareja sentimental de Lenia Batres, como antiguo fiscal de asuntos relevantes de la Fiscalía General de la República. Lara, un engrane político esencial del proyecto de Martí Batres, fue removido de su puesto bajo acusaciones de extorsión. De hecho, políticos de alto nivel de la 4T hablan sobre tres episodios que habrían contribuido a su salida: el cobro indebido de comisiones a empresarios de casinos, el descubrimiento de una red de sobornos en algunas delegaciones regionales de la FGR y el uso de oficiosa falsos de la Secretaría Anticorrupción para exigir coimas a contratistas del gobierno federal. Aunque Ulises Lara está separado de Lenia Batres en lo personal, en lo político jamás se divorció de su familia.
Por eso, sorprende el tipo de casos que Lenia Batres ha acaparado en la Suprema Corte de Justicia. De manera sistemática ha intentado llevar al máximo tribunal casos de créditos fiscales que el SAT no pudo fincar a grandes contribuyentes.
En octubre de 2025, la ministra buscó insistentemente atraer una disputa de Samsung con la autoridad fiscal por un crédito fiscal de 9,500 millones de pesos. El caso escaló a un reclamo internacional y se evitó la debacle diplomática de un caso que, alega la empresa coreana, ya estaba juzgado en firme. Lo mismo pasó con un recurso de revisión fiscal que el SAT pidió atraer en contra de FEMSA por un supuesto adeudo de 2,868 millones de pesos contra el conglomerado que dirige José Antonio Fernández. Dado que existía una sentencia firme del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el proyecto de sentencia de Lenia Batres fue rechazado ocho a uno. A pesar de ello, la ministra argumenta equivocadamente de manera reiterada que, para salvaguardar al erario, la ley puede interpretarse de manera retroactiva.
La postura implica una mezcla de ignorancia y pragmatismo político. En una discusión paralela, Lenia Batres aseguró que las herencias deben ser gravadas debido a que reproducen las desigualdades sociales. Al margen de ese argumento, la ministra parece no entender la diferencia entre juzgadores y legisladores. La falta de competencia de Batres no ha sido motivo para marginarla de proyectos relevantes: la ministra fue la ponente de la revocación del amparo al ex gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, y de la decisión que faculta a la Unidad de Inteligencia Financiera a bloquear cuentas sin la necesidad de una orden judicial (abandonando la jurisprudencia de 2018 que exigía la petición expresa de una autoridad extranjera para ello).
En contraste, cuando Batres ha tenido que defender asuntos financieros de figuras como Manuel Bartlett o su propio hermano, Martí Batres, no ha dudado en ignorar las críticas de conflictos de intereses. En abril de 2024, intentó eximir a la planta hidroeléctrica de la CFE de Tecpatán, Chiapas del pago de 3,575 millones de pesos de predial: “En la discusión insistí en que el principio de cosa juzgada no es absoluto y que sobre él debe prevalecer la Constitución”. Dos años más tarde, en abril de 2026, también intentó otorgar al ISSSTE, instituto que dirige su hermano, una omisión del pago de predial por 5 mil millones de pesos.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación enfrenta una crisis de gobernabilidad. La sucesión está en disputa. Con la aprobación de la Reforma Judicial, los legisladores de Morena y sus aliados introdujeron al artículo 94 una redacción que se contrapone a lo establecido en el artículo 97 constitucional. La nueva redacción establece la rotación de la Presidencia de la Corte cada dos años, siguiendo el orden en función del número de votos que los ministros obtuvieron en la Elección Judicial. Pero, el artículo 97 estipula que el cambio de Presidencia ocurre cada cuatro años y es por designación del Pleno del máximo tribunal.
Originalmente, Batres estaba encaminada a ser la primera presidenta de la Corte después de la Reforma Judicial. De manera sorpresiva, Hugo Aguilar se impuso en los comicios del acordeón. Dentro de la 4T, la maniobra fue atribuida a Ricardo Monreal como un mecanismo para limitar el poder de la familia Batres en la coalición de Morena. Sin embargo, Lenia obtuvo 5.67 millones de votos. Quedó en segundo lugar, lo que la habría habilitado para tomar protesta como presidenta de la Corte en septiembre de 2026. Eso no ocurrió.
“Lo que deberían intentar es un acuerdo entre los ministros para que no se presentaran este tipo de confrontaciones públicas que ya están rebasando lo normal y lo recomendable”, declaró recientemente Monreal. “La solución debería orientarse a preservar el modelo del artículo 97”, escribió en un artículo el legislador Alfonso Ramírez Cuéllar, uno de los hombres más cercanos a la presidenta Claudia Sheinbaum. De hecho, la propia presidenta dijo el 5 de agosto que “hay empresarios que plantean una u otra persona, no necesariamente Lenia Batres, pero, bueno, ese es un asunto de la Corte”.
La presidenta se refería a Yasmín Esquivel, quien ha construido una candidatura alternativa a la de Lenia Batres. De acuerdo a fuentes del máximo tribunal, Esquivel habría alcanzado acuerdos previos con los ministros Loretta Ortiz, Arístides Guerrero, Giovanni Figueroa e incluso María Estela Ríos, ex consejera jurídica del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Lenia Batres ha antagonizado a toda la corta. “Veo una animadversión insana y de verdad quisiera creer que no tiene que ver con el oficio que el día de hoy mandé al Órgano de Administración Judicial respecto del presupuesto de esta Corte”, dijo Batres en una discusión del Pleno en 2026. “Se hacen expresiones que me parecen preocupantes. Todo lo que he escuchado en este debate han sido puntos de vista jurídicos y serios”, respondió Yasmín Esquivel. “Nadie ha hecho una descalificación en razón de la persona o en razón de alguna cuestión específica, incluso es contradicción de criterios. No está involucrado algún otro interés de ningún tipo”, complementó el ministro presidente Hugo Aguilar, quien se declara neutral para resolver la indefinición en la Corte.
Lo cierto es que Lenia Batres no tiene el apoyo de sus compañeros. Está injugable. En noviembre de 2024, Latinus publicó que pagó viajes con recursos públicos para atender mítines de Morena “de la defensa de la Transformación del Poder Judicial”. Además, en el exceso de la hipocresía contra la austeridad republicana, Batres declaró en un oficio enviado al Órgano de Administración del Poder Judicial de la Federación que contaba con 95 personas en su nómina directa, una erogación mensual que supera los 5 millones de pesos en sueldos brutos. Un exceso diez veces mayor al gasto que tenía Norma Piña como ministra presidenta de la antigua Corte, para ponerlo en perspectiva.
En Palacio Nacional entienden el riesgo de que Lenia Batres llegue a la Presidencia de la Corte, una aduana estratégica de cara a la elección de 2030. “Yo voy a dejar que sea la Corte la que defina cuál será el método de elección o qué interpretación le van a dar al artículo de la Reforma Judicial”, le dijo Claudia Sheinbaum al grupo de empresarios que la visitaron a mediados de 2026.
A pesar de ello, Martí Batres y el grupo de Andrés Manuel López Obrador insisten en colocar a Lenia Batres al frente del máximo tribunal. Martí necesita la influencia de la Suprema Corte para apalancar su proyecto al 2030. Si Lenia llega, contra todo pronóstico, será una confirmación adicional de que las reglas no se escriben en Palacio Nacional, sino en la sede alterna del poder en México.