Palacio Nacional “a puerta cerrada”

Algo grande y serio debe estarse debatiendo tras las puertas del poder -o del no poder- en Palacio Nacional. Las señales que hacia adentro de su Gabinete envía la presidenta Claudia Sheinbaum, en los últimos días, no dejan duda de que algo grande y muy serio está en gestación.

Sólo así puede explicarse que, hace poco más de una semana, algunas de las reuniones del Consejo de Seguridad fueron cerradas a todos aquellos fuera del círculo más  íntimo de Palacio Nacional. Algo que, al menos en el gobierno actual, no había sucedido.

Sólo un puñado de los más cercanos fueron convocados, la mayoría de quienes asisten todos los días a esa reunión fueron invitados a abandonar, por algunos días, el recinto. ¿Qué se está analizando? ¿Qué existe en la compleja agenda nacional que obligue a la presidenta Claudia Sheinbaum a desconfiar de tantos -o para confiar en tan pocos- como para limitar el debate de algún tema a los que de verdad están en posibilidades de tomar las decisiones y ejercer el poder?

Desde que arrancó -en 2018- el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, las juntas de seguridad tienen lugar todos los días a las seis de la mañana. Es la primera reunión que sostiene, en el día, el presidente en turno. A ellas asisten escaladamente unos 30 funcionarios de alto y medio nivel responsables de evaluar los avances en las estrategias trazadas para custodiar la soberanía territorial, para combatir los embates el crimen organizado, para evaluar las regiones más golpeadas por la violencia  y -por supuesto- para asumir acciones concretas que encaminen a solucionar los múltiples conflictos.

Pero lo que sucedió recientemente -y durante algunos días- fue un cambio drástico en la operación cotidiana de esa prioritaria reunión mañanera de seguridad. La presidenta Claudia Sheinbaum solicitó que sólo cuatro personajes se concentraran en su entorno: el secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla; el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales; el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch; y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez. Nadie más.

Las puertas de la sala de juntas en la que cotidianamente debaten unas 20 personas, de todas las dependencias relacionadas con seguridad, fueron cerradas para que ahí se debatiera en secrecía una agenda muy particular. Nada se ha filtrado hasta hoy de su contenido. Lo limitado de esa asistencia hace suponer que se garantiza la extrema prudencia de los muy delicados temas que ahí se discutieron, en los distintos días de esos cónclaves a puerta cerrada.

Pero no es difícil deducir de dónde viene el cambio -así sea temporal- en el cónclave de seguridad. Este giro de “puertas cerradas” se da en medio de las presiones de Estados Unidos para elevar el combate al crimen organizado, que tiene bajo control grandes territorios de México y que tiene su clímax en las exigencias del presidente Donald Trump para que se actúe de inmediato, no sólo contra los capos de los cárteles criminales y terroristas, sino contra los capos políticos que los protegen y les reparten “abrazos, no balazos”. En palabras del inquilino de la Casa Blanca, lo que sucede en México ya es “inaceptable”.  El mensaje es claro: o lo arreglamos juntos, presidenta Sheinbaum, o lo arreglo yo.

Tampoco es difícil concluir que los temas en extremo delicados -que incluso otros altos funcionarios de seguridad no están convidados a escuchar o a debatir- exigen asumir posiciones que serán de confrontación. O porque las decisiones que se tomen no serán  del agrado de quienes van a ser los perjudicados, o porque esas decisiones crearán un choque frontal de “soberanía” con aquellos que, fuera del territorio nacional, las están solicitando.

En pocas palabras, el círculo presidencial en materia de seguridad se cierra por “razones de Estado”, a discreción, para impedir filtraciones hacia aquellos en quienes recaerán las consecuencias de esas decisiones o hacia quienes están exigiendo resultados que podríamos, como país, no estar en posibilidades de cumplir. No solos.

El tema no es menor cuando la presidenta Claudia Sheinbaum está bajo el fuego cruzado entre las exigencias de lealtad absoluta de Palenque y las de resultados inmediatos de Washington.

Tampoco es menor cuando todavía, en Palacio Nacional, resuenan los ecos del discurso del presidente Donald Trump en las Naciones Unidas en el que nos colocó la etiqueta de “epicentro” mundial de los cárteles y exigió el castigo para los funcionarios que se coluden con ellos.

La estrategia de “puertas cerradas” también se entiende en los momentos en que el New York Times le abre una ventana a la discusión de la corrupción del júnior de la Cuarta Transformación, Andy López Beltrán. Y no se diga de la investigación de TV Azteca sobre el escondite en Suiza de Jorge Amílcar Olán, el amigo favorito de Andy, junto con Daniel Asaf y Antonio Martínez Dagnino.

Y será el sereno, pero días después de que esta política de secrecía se da,  comienzan a circular imágenes e informes de los bloques de mandos altos y medios de la Defensa y de la Marina, que ya están viajando a recibir entrenamientos en la sede del Comando Norte de los Estados Unidos.

Lo que presagia esta política de “puertas cerradas” en Palacio Nacional -así sea temporal o circunstancial- es que algo grande está en la estufa de las decisiones, que no serán fáciles para todos. La pregunta es ¿para quién? ¿Quién estará contento? ¿Quién será el damnificado?