Pepsi-Harbor

Alguien ya transgredió en Matamoros esa delgada línea entre la simple confrontación y pasó a la guerra abierta contra intereses de conglomerados norteamericanos en México. Como se diría cuando se alcanza un punto de no retorno: “Los cárteles cruzaron el Rubicón”.

Lo que sucedió la madrugada del lunes en las instalaciones de PepsiCo-Sabritas en la calle Marte R. Gómez, en aquella ciudad tamaulipeca -fronteriza con Texas-, es un ataque directo del crimen organizado que pretende enviar un mensaje a aquellas empresas que se niegan a cubrir el  llamado “cobro de piso”. 

Instalaciones de distribución con cincuenta camiones repartidores de refrescos y papas fritas fueron incendiados por desconocidos. Y por más que se quiera tapar el fuego con un dedo, aquello no califica como un accidente, como un “chispazo”. La mano negra de un crimen organizado indignado porque no le quieren pagar su cuota, cobró venganza.

El “cobro de piso” está creciendo en todos los estados mexicanos de la frontera con Estados Unidos, porque el negocio del huachicol fiscal -aunque no eliminado- se les desplomó. Y el único camino para recuperar los millones perdidos es cobrar protección, extorsionar para no darles dolores de cabeza.

Curiosamente, el atentado contra las instalaciones de PepsiCo en Matamoros  se da el mismo día en que Stephen Miller, subjefe de Gabinete y asesor de seguridad de la Casa Blanca, lanzó un severo cuestionamiento sobre México. “Hay una razón por la que en México no funciona el sistema judicial, no funciona el sistema político, no funciona el sistema legal: es porque hay territorios controlados y ocupados por organizaciones terroristas que matan, extorsionan, secuestran o asesinan a cualquiera que se interponga en su camino. Y la línea que impide que esa realidad se produzca en nuestro país es la frontera que ustedes defienden día tras día”.

El caso del incendio de la flota de transporte de PepsiCo-Sabritas abre un nuevo y peligroso expediente en las relaciones entre México y los Estados Unidos. Nuestro país está dando muestras de que no es capaz de garantizar a los inversionistas extranjeros la menor seguridad sobre sus activos y posesiones.

Sin pretender ser alarmistas, esto es equiparable a un ataque al más puro estilo de Pearl Harbor, aquella  batalla en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial, en la que los japoneses pretendieron acabar por sorpresa con la entonces imbatible flota naval norteamericana. La ira despertada por esa afrenta fue respondida por Estados Unidos con dos bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. La capitulación de Japón sobre Estados Unidos fue el desenlace.

Desde hace semanas, estamos escuchando advertencias de todos los niveles del gobierno del presidente Donald Trump, acusando que la Cuarta Transformación cedió el poder al crimen organizado, que ya desplegó todo un “narcoestado” en el que además de producción y exportación de drogas, o de robo y distribución de huachicol fiscal, el “cobro de piso” es su nueva fuente de recaudación.

Se vive con los aguacateros y  limoneros de Michoacán; con los mineros de Sonora, Sinaloa y Nayarit; o con los huachicoleros fiscales y factureros de Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y Baja California. Pero, hasta antes del incendio a las instalaciones de PepsiCo, esos ataques se limitaban a empresas nacionales. El acto de barbarie del lunes en la madrugada y que puede calificar como un acto terrorista, fue un “Pepsi- Harbor” -la destrucción de una flotilla propiedad de norteamericanos- que sin duda generará una reacción violenta y muy justificada del gobierno estadounidense.

En Tamaulipas -como en muchas otras entidades- el “cobro de piso” o de “compra de pax” es toda una industria que genera multimillonarios ingresos al crimen organizado. Lo mismo cuidando el transporte del huachicol fiscal que cobrando mensualidades “por no molestar” y hacerle daño a las operaciones de pequeños, medianos y grandes negocios. Y lo vivimos ya en el pasado con incendios a supermercados, a tiendas de conveniencia y ataques a camiones repartidores de refrescos, obligándoles a suspender temporal o permanentemente sus operaciones. Pero nada como este incendio masivo a las instalaciones sobre toda una flotilla de reparto. Esa afrenta se pagará de regreso y muy cara.

En los cruciales momentos en que México y Estados Unidos negocian las nuevas reglas del libre comercio y las tensiones dominan los escritorios de las negociaciones, un ataque como el de PepsiCo, en Matamoros, empaña no sólo los acuerdos, sino que nos expulsa del juego al ser incapaz el gobierno de la Cuarta Transformación de garantizar a los inversionistas extranjeros el Estado de Derecho.

El “Pepsi-Harbor” de Matamoros podría significarse en el principio de un antes y un después en las negociaciones comerciales entre México y Estados Unidos. Porque lo aceptemos o no, eso aquí y en Japón, es terrorismo.