Extinción y extorsión

A ningún mexicano le queda duda de que la bandera de la Cuarta Transformación es la lucha contra la corrupción. Y nadie podemos dejar de aplaudirla y mucho menos de apoyarla.

Pero como bien dice el refrán, del dicho al hecho hay un buen trecho. Y detrás de las muy urgentes intenciones de sanear a la República, a la hora de implementar algunas veces se aparecen prietitos en el arroz.

Dos casos de acciones anticorrupción acaparan esta semana los reflectores y el debate sobre su cuestionada forma –que no fondo– a la hora de legislarlas.

La primera es el de la llamada Extinción de Dominio, esa figura legal mediante la cual los bienes y las riquezas producto de acciones ilegales o enriquecimiento ilícito son incautados por el Estado a criminales o corruptos.

Esa es una sana práctica que opera en decenas de países. Pero el debate y aprobación de esa nueva legislación despertó una severa condena de juristas, legisladores y analistas, debido a su redacción y los posibles alcances de su implementación.

El hecho concreto es que sobre cualquier ciudadano puede pesar la presunción del enriquecimiento ilícito, pero el conflicto aparece cuando la confiscación de sus bienes se puede dar aún sin que su causa sea cosa juzgada. Y aún cuando tras un largo juicio sea declarado inocente, no habrá forma de recuperar lo subastado.

Por supuesto que redactada como está, la Extinción de Dominio se presta a arbitrariedades de una autoridad que abuse de su poder y decida aplicarla por ambición sobre los bienes que busca incautar o por venganza contra ciudadanos que califiquen como non-gratos.

Si pasa como está, se abrirá una Caja de Pandora muy ad-hoc para usarla como herramienta política contra adversarios y se convertirá en un foco permanente de violación a los derechos humanos.

El otro expediente es el de la bautizada como Ley Garrote que se estrena en Tabasco para castigar con 10 y hasta 20 años de prisión a manifestantes que bloqueen obras públicas.

Por supuesto que esa legislación tiene un motivo. Particularmente en la tierra del presidente distintas organizaciones hicieron de los bloqueos su modus-vivendi.

Exigían cuotas o derechos de piso para permitir a particulares y al gobierno mismo hacer sus obras, sobre todo a Pemex. Muy entendible el legislar al respecto.

El conflicto radica en que en la forma en la que está presentada la Ley Garrote, deja abierta la posibilidad de aplicarla discrecionalmente contra quienes en su derecho de libertad manifiestan.

¿En qué momento una manifestación o marcha de protesta se convierte en un bloqueo chantajista?

¿En el instante en que paran los manifestantes en una avenida y con ello lesionan el quehacer de comercios y oficinas?

¿En dónde está la frontera entre la libertad de expresión y la libertad de extorsión?

El debate es de fondo y por supuesto que hay que frenar la extorsión. Sin discusión.

Pero de nuevo, en la forma en que se plantea dejan también abierta la puerta para dejar a juicio de un funcionario o juez el decidir que aquello fue una libre manifestación o un bloqueo con fines de chantaje o no.

Lo que se pone en evidencia es que las dos iniciativas de poner en orden corrupción y extorsión, acaban por falta de cabildeo y de adecuada redacción en dos amenazas que penden como espadas de Damocles dependiendo de quién y con qué intención se aplican.

Cuando una ley, cualquiera que sea, queda sometida al arbitrio de quien la hace valer, es imposible que sea justa y equitativa.

Y ese es precisamente el reclamo. ¿Podría un panel de jurisconsultos imparciales eliminar las zonas grises a tan necesarios y elogiables intentos por poner las cosas en blanco?