Zerón actuó legal

Desde que en septiembre del 2014 estalló el caso de los 43 desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa, uno de los debates más enconados fue la diligencia en el río San Juan, en el municipio de Cocula, Guerrero.

La intención era verificar si como algunos testigos lo decían, en ese río habían sido lanzados los restos de los cuerpos de los normalistas desaparecidos.

La diligencia que desató la controversia fue ejecutada el 28 de octubre del 2014 y dirigida por un ministerio público federal y apoyado por Tomás Zerón de Lucio, entonces director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR.

El debate que encendió los ánimos fue el trasladado hasta ese lugar de Agustín García Reyes, alias “El Chereje”, uno de los testigos clave. Se acusaba de que su traslado a esa diligencia fue ilegal, porque no cumplía con los procedimientos legales mínimos.

Se le reprochaba a Zerón de Lucio el sacar a “El Chereje” de su custodia oficial sin tener los permisos correspondientes para su traslado al lugar de la diligencia. Ahí se finca todo el debate del llamado “debido proceso” del Caso Ayotzinapa.

La duda prevaleció por cuatro años, hasta que hoy Código Magenta está en posibilidad de revelar un documento hasta hoy desconocido.

Ese documento es un oficio de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de la Delincuencia Organizada (SEIDO) fechado el 28 de octubre del 2014 y expedido bajo el número SEIDO/UEIDMS/FE-/9941/2014.

En ese oficio, firmado por la maestra Blanca Alicia Bernal Castilla, agente del ministerio público de la federación adscrita a la SEIDO, y rubricado con el visto bueno del fiscal Jorge García Valentín, se le da una instrucción al titular de la Policía Federal Ministerial.

Bernal Castilla pide en el oficio a la policía ministerial que se proceda al cese de la guarda y custodia temporal de “El Chereje” y que al mismo tiempo se designe a elementos que acompañen al detenido a efectuar una diligencia ministerial.

“…me permito solicitar a usted se designe elementos a su digno cargo a efecto de que se procesa al CESE y CUSTODIA de forma temporal, respecto de Agustín García Reyes, toda vez que la persona antes referida efectuará diversas diligencias de carácter ministerial fuera de las instalaciones de esta Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, por lo que una vez concluidas las mismas se reanudará la GUARDA y CUSTODIA del citado”.

Por el documento, debidamente sellado por la PGR, pero desconocido hasta hoy, se echa por tierra la teoría de que Zerón de Lucio actuó por su cuenta, violentando los procesos judiciales en su visita al basurero de Cocula.

Bajo ese supuesto de que no se siguieron los procedimientos, la indagatoria en el río San Juan carecería de valor.

Con la pesquisa de este nuevo documento en poder de Código Magenta se viene abajo la presunta violación al debido proceso.

EL oficio exhibe dos horas escritas de puño y letra. La primera en la parte superior donde indica 28/octubre /2014, 13.35 horas, que presupone fue la hora de su salida.

Y la segunda, más abajo del sello de PGR, se advierte “Ingresa nuevamente a separos a las 17:12 horas del día 28/octubre/2014”, que presupone la hora en que “El Chereje” fue devuelto a la custodia ministerial.

El revelador documento acaba por sepultar la llamada violación al debido proceso. Y obliga a rectificar las versiones que del caso se dieron y que contribuyeron a crear un clima de linchamiento sobre Tomás Zerón de Lucio y la diligencia en el basurero de Cocula. El director de la Agencia de Investigación Criminal actuó conforme a derecho.