Washington, García Harfuch y la guerra contra las drogas

¿Omar García Harfuch es el único factor que se interpone entre el escenario actual y la posibilidad de una intervención militar abierta de Estados Unidos en territorio mexicano? Para responder esta pregunta, primero es necesario analizar el fondo detrás de la política contra los cárteles del gobierno norteamericano.

Primer acto: Juan Orlando Hernández, el ex presidente de Honduras que fue sentenciado en la Corte del Distrito Sur de Nueva York por recibir sobornos millonarios del Cártel de Sinaloa, a cambio de facilitar la operación de tráfico de cocaína a Estados Unidos, fue perdonado por el presidente Donald Trump esta semana.

Segundo acto: Joaquín Guzmán López, uno de los principales herederos del Cártel de Sinaloa que estructuraron una red internacional de trasiego de fentanilo, se apegó a un acuerdo de cooperación con el Departamento de Justicia este lunes. El capo podría obtener una reducción de sentencia que limitaría su tiempo de prisión a sólo diez años.

Tercer acto: Los pobladores rurales del Caribe que navegan en pequeñas lanchas son ejecutados extrajudicialmente por el Comando Sur del Ejército de Estados Unidos por la mera sospecha de que transportan drogas. El escándalo ha escalado a tal grado que senadores republicanos y demócratas del Comité de Servicios Armados abrieron una investigación por presuntos crímenes de guerra.

¿Cómo se llamó la obra?

Ioan Grillo, un destacado periodista que ha seguido la radiografía criminal de América Latina en las últimas dos décadas, utiliza estos tres ejemplos para argumentar que la guerra contra las drogas es también una guerra de clases.

En el fondo, estos tres eventos, ocurridos todos en esta semana, revelan que la cruzada de la administración de Donald Trump en contra los cárteles de la droga está marcada por profundas contradicciones.

México es el ejemplo perfecto de estas inconsistencias. Un analista de inteligencia de datos abiertos que cubre la guerra contra las drogas pone sobre la mesa la siguiente reflexión: Los ataques de drones del gobierno de Estados Unidos tienen como objetivo a pobladores rurales que trasladan cocaína de Venezuela y Colombia a Trinidad y Tobago. Sin embargo, la administración de Donald Trump no sólo se abstiene de ataques abiertos de este tipo en México, sino que trabaja ‘respetuosamente’ con el país origen de más del 95 por ciento de las drogas en el mercado estadounidense, incluyendo el 100 por ciento del fentanilo y las metanfetaminas. Siguiendo la misma línea del argumento, no hace sentido que Trump ofrezca un perdón a Juan Orlando Hernández, un presidente con vínculos con el Cártel de Sinaloa. Los nexos fueron comprobados ante el tribunal anticorrupción más importante del mundo: la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

En ese contexto, es relevante cuestionar si la guerra contra las drogas promovida desde Washington es en realidad una herramienta de política exterior. El perdón a Juan Orlando Hernández se inscribe en el proceso de sucesión presidencial de Honduras, donde el gobierno de Donald Trump ha descalificado a la administración de Xiomara Castro por conexiones con los regímenes dictatoriales de izquierda en Cuba y Venezuela. Estados Unidos ha operado activamente a favor de un cambio de régimen y está en la antesala de conseguirlo: la elección de Honduras resultó en un empate técnico entre los candidatos de derecha Nasry Asfura y Salvador Nasralla.

¿Cuáles son los intereses de Washington en Honduras? En junio de 2020, una delegación de la primera administración de Donald Trump viajó a Tegucigalpa y anunció una inversión de capital norteamericano por mil millones de dólares. La comitiva fue liderada por Mauricio Claver-Carone, uno de los alfiles del ahora secretario de Estado, Marco Rubio, y por Adam Boehler, un empresario que en la universidad fue compañero de cuarto de Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense y asesor no oficial de política exterior. Analistas identifican este punto como el antecedente del perdón otorgado a Juan Orlando Hernández.

Este indulto del presidente Trump, que ha sido descrito en la prensa estadounidense como el principal obstáculo a la credibilidad de la guerra contra las drogas, contrasta con la presión que el gobierno norteamericano ha ejercido para forzar la salida de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. La administración de Donald Trump lo ha designado como el líder del Cártel de los Soles, una organización que ha sido catalogada por el Departamento de Estado como un grupo terrorista internacional. Asimismo, el presidente Trump firmó una orden ejecutiva que autoriza acciones encubiertas de la CIA en territorio venezolano y el Ejército ha realizado el mayor despliegue militar en el Hemisferio Occidental desde la presidencia de George H.W. Bush. El objetivo en Venezuela es el cambio de régimen, una agenda que el secretario de Estado, el ex senador de Florida, Marco Rubio, ha construido meticulosamente.

El 2 de diciembre, el presidente Donald Trump dijo en un discurso televisado que cualquier país que trafique drogas a los Estados Unidos será sujeto a un ataque directo, no sólo Venezuela. Sin embargo, Marco Rubio, cuyo objetivo último en América Latina es consolidar una red de gobiernos de derecha afín a los intereses de Washington, le ha comunicado a funcionarios de la administración de Claudia Sheinbaum que eso no sucederá en México, siempre y cuando continúe la cooperación en materia de seguridad. El guion se escribe al norte del Río Bravo.

Retomamos la pregunta original: ¿Esto quiere decir que Omar García Harfuch es el único factor que se interpone entre el escenario actual y una abierta intervención militar de Estados Unidos en México? El gobierno de Donald Trump ha preparado el terreno legal, militar y político para realizar incursiones en territorio mexicano contra los cárteles, entidades que desde febrero fueron designadas como organizaciones terroristas. Sin embargo, las acciones de Washington se han limitado a operaciones encubiertas y a tareas de inteligencia compartida.

En México, el secretario de Seguridad Ciudadana es quien se ha encargado de implementar esta agenda de detenciones de alto perfil, asesinato de capos de la droga, decomisos multimillonarios de cocaína y destrucción de laboratorios de fentanilo. García Harfuch, un antagonista del llamado Cártel de Tabasco, dio un giro de 180 grados a la política de seguridad que seguían en el sexenio anterior Andrés Manuel López Obrador, Audomaro Martínez Zapata (ex titular del Centro Nacional de Inteligencia) y Adán Augusto López (ex secretario de Gobernación). Junto a Andrés Manuel López Beltrán, el hijo del ex presidente, estos cuatro personajes se han vuelto objetos de interés para el aparato de seguridad y justicia de Estados Unidos. Marco Rubio, el asesor presidencial Stephen Miller y el director de la DEA, Terry Cole, han elaborado, por separado, tres listas de políticos mexicanos con presuntos vínculos con el crimen organizado.

La semana pasada, cuando se asestó el golpe desde Palenque para remover a Alejandro Gertz Manero de la Fiscalía General de la República, García Harfuch utilizó sus contactos en Estados Unidos para apuntalar su posición dentro del gobierno de la Cuarta Transformación: logró colocar a dos personas de su entera confianza en espacios clave de la FGR: César Oliveros en la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada y Héctor Elizalde como titular de la Agencia de Investigación Criminal.

Tal como lo ha reportado la prensa mexicana, Washington ha enviado el mensaje de que restarle facultades a García Harfuch tendría consecuencias graves para la relación bilateral. El regreso al poder absoluto del llamado Cártel de Tabasco no es un escenario tolerable para el entorno de Rubio, de Miller ni de Trump.

Esta simbiosis entre el gobierno de Donald Trump y el secretario de Seguridad Ciudadana se manifestó justamente esta semana, con la neutralización de Pedro Inzunza Coronel, alias ‘El Pichón’, el segundo al mando de la estructura criminal de Fausto Isidro Meza Flores, ‘El Chapo Isidro’, y uno de los principales operadores de la cadena de suministro de fentanilo. Junto con su padre, Pedro Inzunza Noriega, ‘El Pichón’ fue el primer capo en ser acusado por cargos de ‘narcoterrorismo’ en una corte federal de California.

La organización del ‘Chapo Isidro’, el heredero del Cártel de los Beltrán Leyva que controla Guasave y gran parte del norte de Sinaloa, se ha vuelto una de las grandes obsesiones del aparato de seguridad estadounidense. En agosto de 2022, el sobrevuelo de una aeronave de inteligencia norteamericana produjo dos imágenes de un rancho de Meza Flores en la sierra de Sinaloa. La falta de cooperación con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador impidió su captura. Un año antes, en la antesala del proceso electoral de 2021, Rubén Rocha Moya, candidato de Morena a la gubernatura de Sinaloa, viajó a la sierra para entrevistarse con ‘El Chapo Isidro’, de acuerdo al testimonio de una operadora de Morena. El ahora gobernador recibió dinero en efectivo.

Con la llegada de Claudia Sheinbaum y de Omar García Harfuch al poder, las circunstancias cambiaron. El 11 de agosto de este año, el Ejército Mexicano realizó una redada en Bamba, Guasave en un presunto rancho del ‘Chapo Isidro’. El 27 de agosto, García Harfuch hizo referencia a este capo en la conferencia matutina de la presidenta. El 3 de noviembre, surgieron rumores de la posible captura de Meza Flores tras un enfrentamiento con fuerzas federales en La Brecha, Guasave. Trece miembros del cártel del Chapo Isidro fueron asesinados y cuatro más fueron arrestados. Esta secuencia de eventos es parte de la agenda de cooperación que ha llevado a Marco Rubio a declarar que nunca antes había existido tanta colaboración con Mexico en materia de seguridad nacional.

El problema de este enfoque es que depende casi exclusivamente de un solo miembro del gabinete: García Harfuch, quien no sólo es un enemigo de la ‘nomenklatura’ de Morena, sino de los grandes capos del crimen organizado. El ataque en su contra en 2020 en Paseo de la Reforma, Ciudad de México, fue autorizado por el propio Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’, el fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación.

En el estado actual de la coyuntura del sistema político en México, García Harfuch necesita a Washington y, hasta cierto punto, Washington necesita de García Harfuch. La alternativa es que, tal como lo ha confirmado esta semana Joaquín Guzmán López en su declaratoria de culpabilidad ante una corte federal de Illinois, los capos de la droga se conviertan en los socios de la agenda de seguridad de Washington. El secuestro de Ismael ‘El Mayo’ Zambada fue ejecutado por ‘Los Chapitos’, pero autorizado por agencias de inteligencia estadounidenses. Las consecuencias de este acto derivaron en una sangrienta guerra civil del Cártel de Sinaloa que parece no tener fin.

De acuerdo a Stefano Ritondale, ex oficial de Inteligencia del Ejército de Estados Unidos y uno de los analistas mejor informados del mundo criminal en México, esta confrontación entre facciones criminales fue un objetivo deliberado de Washington para debilitar al principal cártel involucrado en el tráfico de fentanilo. El gobierno mexicano debe evitar a toda costa que se repita este escenario.