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12 de julio 2024

7 de diciembre 2023

Internacional

Washington contra El Cártel del Huachicol

Washington tiene claro que el contrabando de combustible de EEUU a México representa una industria criminal de alto crecimiento. El gobierno estadounidense ha enviado la primera señal de que pretende hacer algo al respecto

Por Rodrigo Carbajal

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El 16 de octubre de 2023, presuntos miembros del Cártel del Noreste tomaron por asalto doce camiones que transportaban combustible en la carretera Matamoros-Reynosa y obligaron a los choferes a desechar la gasolina en un terreno baldío. Tres días antes, la Guardia Nacional había anunciado un decomiso histórico de 100 mil litros de ‘huachicol’.

Para Washington, estas imágenes se han convertido en la prueba más evidente de que el contrabando de combustible de Estados Unidos a México representa una industria criminal de alto crecimiento. El gobierno estadounidense ha enviado la primera señal de que pretende hacer algo al respecto.

El 20 de noviembre de 2023, tres congresistas de Texas enviaron una carta a Katherine Tai, representante comercial de Estados Unidos, para advertir que el emergente ‘huachicoleo’ podría poner en riesgo el T-MEC, el acuerdo de libre comercio que ha hecho de México el principal socio comercial de Estados Unidos. Además, exigieron acciones contundentes, es decir, sanciones arancelarias para presionar a México a cumplir con su parte del tratado.

Esto fue una petición bipartidista. El documento fue firmado por los legisladores demócratas Vicente González y Henry Cuéllar, uno de los políticos estadounidenses con más conexiones a la clase empresarial de Nuevo León y Tamaulipas. El otro signatario fue Dan Crenshaw, el republicano que está promoviendo una iniciativa en la Cámara de Representantes para expandir las facultades y poderes militares de la Casa Blanca con la finalidad de combatir a las organizaciones criminales mexicanas. La Ley de Declaración de Guerra contra los Cárteles designa a estos grupos como amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos y se enfoca en un procesamiento más agresivo de la estructura financiera de las organizaciones criminales. Crenshaw es uno de los principales exponentes del nuevo consenso del Partido Republicano que exige una intervención militar en México para hacer frente a los cárteles.

La carta enviada a Katherine Tai no puede entenderse sin este contexto. El segundo párrafo hace referencia precisamente al incidente del 16 de octubre de 2023, en Matamoros. “Este ataque no provocado es de gran preocupación dado que no es un evento aislado”, aseguran González, Cuéllar y Crenshaw. “El ‘huachicoleo’ es una forma de robo y venta ilegal de combustible. Estamos preocupados que esta actividad prácticamente continuará incrementándose y que incluirá a otros bienes importados”, se lee en el documento.

El contrabando de combustible tiene una inevitable connotación política. Este negocio criminal creció de manera exponencial en el primer periodo de la administración de Andrés Manuel López Obrador, específicamente durante la gestión de Ricardo Peralta Saucedo como administrador General de Aduanas. Desde 2019, las actividades de Peralta despertaron sospechas en el aparato de inteligencia estadounidense. Peralta salió de la Administración General de Aduanas debido a un conflicto con su superior jerárquico, la entonces titular del Sistema de Administración Tributaria, Margarita Ríos Farjat. El expediente de la Corte del Distrito Sur de Nueva York en contra del Cártel de ‘Los Chapitos’ advierte que uno de los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán presumía de un contacto en aduanas que les permitió hacer del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el centro de operaciones del tráfico de fentanilo en el país. Después de ser removido de Aduanas, Peralta encontró refugio en la Subsecretaría de Gobernación, donde forjó vínculos con grupos de autodefensa.

Eventualmente, el presidente Andrés Manuel López Obrador le pidió la renuncia cuando estas conexiones se volvieron públicas. Sin embargo, Peralta se convirtió en uno de los operadores electorales de referencia de Morena y ayudó a movilizar las estructuras de tierra que permitieron al oficialismo ganar las gubernaturas de 2021, incluyendo la de Tamaulipas y la de los estados de la costa del Pacífico.

Peralta aparece como el común denominador de uno de los casos que mejor exhibe la intersección entre el negocio del tráfico ilegal de hidrocarburos y el financiamiento de campañas políticas. En noviembre de 2021, el empresario Sergio Carmona fue asesinado en San Pedro Garza García, Nuevo León. En ese entonces, Carmona era considerado el principal operador de contrabando de combustible en el país y el principal mecenas de Morena en Tamaulipas y en la costa del Pacífico. De acuerdo al periodista Salvador García Soto, Carmona destinó alrededor de 500 millones de pesos en la elección intermedia de 2021 para financiar campañas de manera ilegal en estados en los que Peralta tenía presencia, a través de su estructura de movilización política.

El hermano de Sergio Carmona, Julio, fue designado por Ricardo Peralta como administrador General de la Aduana de Reynosa, Tamaulipas en 2019. Después del asesinato de su hermano, Julio se habría convertido en testigo protegido del aparato de justicia de Estados Unidos, de acuerdo a personas cercanas al asunto. Desde la aduana de Reynosa se operó un entramado de tráfico ilegal de hidrocarburos que, según la declaración que Julio Carmona hizo a agentes de la DEA, obtenía ganancias de 360 millones de pesos al año.

De manera paralela, las empresas de los hermanos Carmona, Grupo Industrial Joser y Grupo Industrial Permart obtuvieron contratos federales irregulares por al menos 1,500 millones de pesos, de acuerdo a información de la Unidad de Inteligencia Financiera revisada por Código Magenta.

La cercanía de los Carmona con la clase política se hizo patente en los vuelos de importantes figuras de Morena en el avión privado matrícula XB-PND, propiedad de estos empresarios, así como en un mecanismo de préstamo de camionetas de lujo a políticos. Erasmo González, diputado federal de Morena, muy cercano al dirigente nacional Mario Delgado, y presidente de la Comisión de Presupuesto, utilizaba una camioneta Grand Cherokee con placas WTF-420-A, que estaba a nombre de una empresa de los Carmona.

A seis meses de la elección presidencial en México, la carta enviada por González, Cuéllar y Crenshaw vuelve a colocar el caso Carmona en la agenda pública. Algunos incidentes que tocan de manera tangente la conexión de Morena con este expediente ya habían sido explorados por denuncias públicas independientes de Porfirio Muñoz Ledo, durante la sucesión del partido en 2021, y de Javier Coello Trejo, abogado defensor del ex gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, en marzo de 2023.

“Recordemos que… Sergio Carmona, en colusión con Mario Delgado, se apoderaron de las aduanas y del negocio del huachicol, pretendiendo entregar el estado a la delincuencia organizada, situación que ha sido de conocimiento público a través de los medios de comunicación, incluida la información de que el gobierno de Estados Unidos ha iniciado una investigación concreta en contra de estas personas”, aseguró Coello Trejo, cuyo cliente, Francisco García Cabeza de Vaca, tuvo una relación diplomática estrecha con el congresista Henry Cuéllar, uno de los autores de la carta.

Aunque los congresistas enviaron este documento a Katherine Tai desde el 20 de noviembre, la carta tomó relevancia pública el 6 de diciembre, dos días después del encuentro entre Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, y Xóchitl Gálvez, precandidata presidencial del Frente Amplio por México. En la reunión, Gálvez expresó dos preocupaciones: el riesgo de que el país se enfrente a una elección de Estado y a la intervención política del crimen organizado. Washington ya tomó nota.

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