Trump, Abbott y el nuevo orden migratorio en Estados Unidos

La crisis humanitaria en la frontera de México con Estados Unidos puede resumirse en una imagen: un campamento improvisado en Eagle Pass, Texas en el que miles de personas migrantes esperan a la intemperie que su solicitud de asilo sea procesada. La extensión de estos asentamientos temporales son testamento de la magnitud de la crisis y de que la capacidad del sistema migratorio estadounidense está rebasada. En el año fiscal de 2023, que terminó en octubre, la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) registró 2.5 millones de ‘encuentros’ en la frontera, un eufemismo para referirse a la detención de personas en tránsito. 

El problema migratorio se ha convertido en el centro del debate político en Estados Unidos. En la Cámara de Representantes, el Partido Republicano está condicionando la aprobación de asistencia militar a Ucrania a cambio de que se reactiven políticas migratorias de la administración de Donald Trump como el Título 42, la regla que estipula que las personas migrantes deben esperar la resolución de sus solicitudes de asilo en territorio mexicano.

En ambos lados del espectro político se han tomado medidas drásticas para hacer frente al fenómeno migratorio. La administración demócrata de Joe Biden cerró temporalmente dos importantes cruces ferroviarios en Texas (Eagle Pass y El Paso). Las rutas, controladas por una subsidiaria de Grupo México, son utilizadas por las personas en tránsito para llegar a la frontera. Esta política se ha traducido en pérdidas de millones de dólares para los operadores ferroviarios. Esta es la primera vez desde que se firmó el T-MEC en que el gobierno estadounidense ha privilegiado un objetivo de política migratoria a costa del comercio bilateral.

Sin embargo, la medida que más ha cambiado el status quo de la política migratoria se encuentra en la Ley SB4 que firmó este lunes el gobernador de Texas, Greg Abbott.

Texas endurece su postura contra la migración

La Ley SB4 permite a los agentes del orden de Texas cuestionar, solicitar papeles, detener y procesar a personas en tránsito. Además, estipula una potencial sanción de 20 años de cárcel para quienes crucen de manera irregular la frontera de México con Texas. “La deliberada falta de acción del gobierno de Biden ha hecho que Texas deba defenderse a sí misma”, declaró Abbott durante la firma de la legislación, que aprobada por el Congreso estatal en noviembre.

El nuevo marco legal tiene consecuencias severas para México, dado que establece que las personas expulsadas deberán ser deportadas al país por el cual se realizó el cruce ilegal de la frontera. En los hechos y de manera unilateral, México se convertiría en un tercer país ‘seguro’.

El gobierno mexicano ha retomado las críticas que organizaciones de derechos humanos han hecho respecto a la Ley SB4: “Resultará en la separación de familias, discriminación y perfilamiento racial”, comunicó la Secretaría de Relaciones Exteriores.

El martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador condenó la legislación y dijo que buscará impugnarla en tribunales estadounidenses. “Vamos a estar siempre en contra de estas medidas”, dijo. No obstante, México no tiene vías legales para hacerlo. El único recurso que está al alcance del gobierno mexicano es la publicación de un amicus curiae que no tiene consecuencias jurídicas. Esta no es la primera vez que el presidente de México tiene un enfrentamiento verbal con el gobernador texano. Rompiendo con el principio de no intervención de la política exterior de esta administración, López Obrador acusó que la Ley SB4 fue promovida para elevar el perfil político nacional de Greg Abbott. De acuerdo al presidente, el gobernador de Texas está buscando ser el candidato a vicepresidente del Partido Republicano en fórmula con Donald Trump.

La política migratoria de Abbott ha alcanzado su punto cumbre en la Ley SB4, considerada la ley más agresiva contra la migración en al menos dos décadas. Este año, el gobierno de Texas ha implementado políticas migratorias agresivas y de resonancia mediática como el transporte de migrantes en autobuses a ciudades gobernadas por el Partido Demócrata, la declaración unilateral de los cárteles mexicanos (involucrados en tráfico de personas) como grupos terroristas y la implementación de un muro flotante de boyas en el Río Bravo.

La Ley SB4 también considera un presupuesto de 1,500 millones de dólares para fortalecer la seguridad fronteriza, así como penas potenciales de diez años de prisión por el delito de tráfico de personas y de cinco años de cárcel para quienes asistan a los traficantes.

Un problema de seguridad nacional

El gobierno de Texas citó razones de seguridad nacional para la aprobación de esta legislación. Abbott hizo referencia explícita a la entrada a Estados Unidos de 24 mil ciudadanos de China a través de la frontera sur. Esta postura está en línea con el comentario que hizo el domingo Lindsay Graham, el influyente senador republicano de Carolina del Sur, en el programa Meet The Press de que nunca había estado tan preocupado por un ataque terrorista como ahora. Graham, que recientemente cabildeó una iniciativa para declarar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, vincula este riesgo con el descontrol de la frontera.

Richard Haas, miembro del Consejo de Relaciones Exteriores y un ex asesor del gobierno de George H.W. Bush vinculado al establishment de política exterior de Estados Unidos, dijo al periodista Fareed Zakaria que no entiende la postura de “fronteras abiertas” del Partido Demócrata. Argumenta que el status quo tiene fuertes costos electorales para la coalición del presidente Joe Biden.

La campaña de reelección de los demócratas se encuentra en un momento crítico y el consenso de encuestas señala a la política migratoria como el flanco más débil de la actual administración. El consenso de encuestas señala que, si la elección fuera mañana, Donald Trump sería electo como el próximo presidente de Estados Unidos. Esta coyuntura ha motivado al presidente Biden a considerar cambios significativos en el manejo de la política migratoria, optando por un endurecimiento que acerque a los demócratas a algunas de las políticas implementadas en la administración de Donald Trump.

En la última semana, Alejandro Mayorkas, el secretario de Seguridad Interior a cargo de la política fronteriza, y un grupo de oficiales de la Casa Blanca se han reunido diariamente con senadores de ambos partidos para negociar un nuevo marco de política migratoria. Sin embargo, las conversaciones podrían colapsar pronto. La Ley SB4 ha colocado al gobierno federal en una ruta de colisión con el Partido Republicano.

El efecto Trump

La Ley SB4 fue firmada apenas 48 horas después de que Donald Trump, precandidato presidencial del Partido Republicano, repitiera que los indocumentados “están envenenado la sangre de Estados Unidos”. Las palabras del ex presidente fueron calificadas por la Liga Antidifamación (ADL, por sus siglas en inglés), una organización civil, como “racistas, xenófobas y lamentables”.

En un evento en Nueva Hampshire, Trump declaró que, en caso de regresar al poder, implementaría la mayor deportación de migrantes indocumentados en la historia del país.

Los asesores del ex presidente ha marcado la pauta del discurso migratorio del Partido Republicano. The Center for Renewing America, un think tank de la nueva derecha que es dirigido por ex funcionarios de seguridad nacional de la administración Trump, está promoviendo una interpretación legal de la Constitución que expandiría las facultades legales y militares de los estados fronterizos para defenderse de presuntas amenazas de seguridad nacional. Bajo este entendimiento, Texas podría tomar decisiones sin la autorización del gobierno federal para desplegar fuerzas cuasimilitares en la frontera y para procesar a miles de personas en situación de tránsito.

Joaquín Castro, congresista demócrata de Texas, argumenta que el gobierno de Abbott está usurpando funciones que le competen exclusivamente al gobierno federal. En una carta enviada al fiscal General, Merrick Garland, Castro ha solicitado la intervención del Departamento de Justicia para ratificar la autoridad federal en materia migratoria y de asuntos exteriores. “Deben detener esta legislación inconstitucional y peligrosa”, se lee en el documento. “Esta ley estatal es la más extrema en Estados Unidos”, continúa. De acuerdo a Castro, la Ley SB4 derivará en la deportación masiva, sin debido proceso, de migrantes en Estados Unidos.