Washington contra los cárteles mexicanos

Los cárteles de la droga de México se han convertido en parte central del discurso político de Estados Unidos. Una semana después de las elecciones intermedias, en su primer acción ejecutiva como gobernador reelecto de Texas, Greg Abbott ratificó la designación de las redes criminales mexicanas como organizaciones terroristas y declaró una invasión en la frontera.

Esta política está basada en un documento de trabajo del Center for Renewing America, un think tank financiado por el Comité de Acción Política de Donald Trump, que propone escalar el escrutinio judicial y financiero a los cárteles de la droga basados en México.

De acuerdo a la interpretación que los asesores de Greg Abbott han hecho del Artículo 1 Sección 8 y Artículo 5 Sección 4 de la Constitución de Estados Unidos, la declaratoria de invasión hecha por el gobierno de Texas implica que los estados adquieren facultades para enviar agentes de seguridad a territorio mexicano sin la autorización del gobierno federal, en este caso, la administración demócrata de Joe Biden.

La seguridad nacional de México ha tomado un lugar cada vez más preponderante en la agenda del Estado Profundo en Washington. Greg Abbott está presionando al gobierno de Joe Biden a que la designación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas se convierta en una política federal.

A pesar de haber retenido el control del Senado, los demócratas están escuchando este tipo de reclamos. En el discurso posterior a las elecciones de medio término, el presidente Biden declaró que, ante la situación de un Congreso dividido, la Casa Blanca impulsará una “agenda de unidad”, en la que uno de los puntos centrales será el combate a la crisis de las sobredosis por opiáceos. La mayor parte de las 108 mil muertes registradas en 2021 corresponden a sobredosis de fentanilo, una droga en la que los cárteles mexicanos han desplazado a las organizaciones chinas como principales productores, de acuerdo a reportes de la DEA.

El día después de las elecciones intermedias, la prensa estadounidense comenzó a circular la versión de que Ron Klein, el jefe de gabinete de Biden, podría dejar su puesto a inicios de 2023. Acto seguido, el 12 de noviembre, Chris Magnus, comisionado de la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza, presentó su renuncia después de meses de presión del Partido Republicano por críticas de mantener políticas laxas con el crimen organizado en la frontera. Esto se ha interpretado como un signo inequívoco de que el juego en Washington ya cambió.

El hecho de que el Partido Republicano haya recuperado la mayoría de la Cámara de Representantes significa un cambio fundamental en la asignación de presupuesto, en las prioridades políticas y en el curso de las investigaciones legislativas.

Aunque una gran parte de los candidatos promovidos por Donald Trump perdieron su elección, la bancada de Make America Great Again, una facción radical del Partido Republicano, aún retiene alrededor de 80 asientos en la cámara baja.

El miércoles 16 de noviembre, horas después de que Greg Abbott declaró una invasión a la frontera, el congresista republicano del segundo distrito de Texas, Dan Crenshaw, presentó como iniciativa la Ley de Declaración de Guerra a los Cárteles. En sus palabras, esta legislación “incrementaría significativamente las penas federales para los cárteles mexicanos y para su enorme poder financiero”.

El enfoque de presión a las organizaciones criminales mexicanas no se limita al ala del Partido Republicano afín al ex presidente Donald Trump. Marco Rubio, el senador por Florida que ha sido crítico de la ascendencia del crimen organizado en la política mexicana y que es parte del establishment político estadounidense, mantiene su puesto como líder de minoría en el Comité de Inteligencia de la cámara alta. Bob Menéndez, el senador demócrata por Nueva Jersey que ha polemizado directamente con el presidente de México, seguirá en la influyente posición de presidente del Comité de Relaciones Exteriores.

Independientemente de quién tome el control del Partido Republicano, el grupo de Donald Trump o del reelecto gobernador de Florida, Ron DeSantis, la derecha estadounidense utilizará a México como un bastión político de cara a la sucesión presidencial de 2024.

Por eso, los demócratas están respondiendo. Fuentes de alto nivel dijeron a Código Magenta que, después de las elecciones intermedias del pasado martes, la relación de seguridad entre Estados Unidos y México comenzará a cambiar de manera fundamental.

Esto ocurre en un momento en el que, en la antesala del proceso electoral de 2023, la oposición, específicamente Santiago Creel, presidente de la Cámara de Diputados, y Rubén Moreira, coordinador de la bancada del PRI en la cámara baja, cuestionan por qué la reforma electoral de Morena no contempla el principal problema de la democracia mexicana: la intervención del crimen organizado.

La respuesta podría estar en los asesinatos de Sergio Carmona y Salvador Llamas y en la desaparición de Gerardo Vázquez Barrera.