Tierra de cárteles, tierra de nadie

Michoacán marcó el inicio de la guerra contra el narcotráfico en México. El 10 de diciembre de 2006, el Presidente Felipe Calderón desplegó al Ejército en el primer gran operativo antidroga de un sexenio que fue marcado por la violencia derivada del combate al crimen organizado. Desde entonces, poco ha cambiado.

El domingo, un comando armado de alrededor de treinta vehículos rotulados con las siglas del Cártel Jalisco Nueva Generación irrumpió en Zamora y atacó a agentes de la policía municipal. La fiscalía local refiere que murieron cuatro elementos y que los enfrentamientos dejaron más de diez policías heridos.

Un días después, un grupo de civiles armados de la comunidad de El Chauz en el municipio de La Huacana atacó y despojó de sus armas a miembros del Ejército que resguardaban la zona. Los militares fueron golpeados y grabados en video. Además, los pobladores los retuvieron durante más de seis horas.

La coordinación regional de la Policía de Michoacán informó que los soldados fueron liberados.

Los captores demandaban que el Estado les regresara las armas de alto calibre que habían sido decomisadas en un operativo de las Fuerzas Armadas llevado a cabo el domingo.

Los pobladores, que se denominan a sí mismos como grupos de autodefensa, han dicho a la prensa local que las armas son utilizadas para repeler la agresión de grupos criminales. La captura de los militares fue blindada por el bloqueo de las vías principales de acceso a La Huacana.

Michoacán, particularmente el municipio de Lázaro Cárdenas, es considerado por la DEA como el puerto de entrada de los precursores químicos para la producción de fentanilo y metanfetaminas, dos sustancias restringidas cuya venta ilegal se ha disparado dramáticamente en Estados Unidos en los últimos años.

El estado representa un foco rojo para la gobernabilidad del país debido a la presencia generalizada de grupos de autodefensa y de los cárteles de la droga. Los altos niveles de violencia han obligado al gobierno federal a buscar, sin éxito, alternativas de pacificación. Sin embargo, ni el despliegue de elementos de la Operación Conjunta Michoacán ordenado durante el sexenio de Calderón o el nombramiento de Alfredo Castillo como comisionado especial del estado en la administración de Enrique Peña Nieto se reflejaron en una reducción tangible y sostenida en el número de homicidios dolosos.

La entidad, que es gobernada por el perredista Silvano Aureoles, es considerada junto con Morelos y Veracruz, como un objetivo prioritario para la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana.