Subsídiame esta (democracia)

El presidente de Ecuador, Lenin Moreno, sobrevivió a la que ha sido la mayor crisis política de su gobierno. Luego de una semana de protestas generalizadas, lideradas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas, se derogó el paquete de ajustes económicos promovido por el Fondo Monetario Internacional, que incluía un aumento en el precio de la gasolina.

El costo, sin embargo, fue excesivo: murieron cinco personas en los enfrentamientos con las fuerzas de orden público.

La lección inmediata es la de las consecuencias políticas de la suspensión de un subsidio en América Latina. La movilizaciones de la clase media en Argentina, Brasil y Ecuador en la época reciente guardan un común denominador: irrumpieron a raíz de un alza en los precios de consumo y terminaron revelando un descontento mayor, derivado del hartazgo ciudadano frente a la corrupción endémica.

México no es la excepción. La opinión del equipo de campaña de José Antonio Meade es que el llamado gasolinazo del 2017 fue uno de los factores preponderantes para explicar la magnitud del fracaso electoral del candidato oficialista. En su calidad de secretario de Hacienda del gobierno de Enrique Peña Nieto, Meade fue uno de los mayores defensores de la medida. Empíricamente, tuvo razón en argumentar que se trató de una política progresiva, con efectos positivos para mitigar la desigualdad de ingreso. No obstante, la administración anterior fue incapaz de comunicarlo adecuadamente.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha entendido esta lección. Hasta ahora, el presidente ha mantenido su promesa de campaña de no elevar considerablemente el precio de la gasolina y de la electricidad en términos reales. Su administración entiende que se trata de un subsidio regresivo con un alto costo para las finanzas públicas. Sin embargo, el cálculo político de su gobierno es que la medida es necesaria para contar con el apoyo mayoritario de la clase media.

La crisis política de Ecuador llevó al extremo el supuesto latinoamericano de la suspensión de un subsidio: Lenin Moreno se vio obligado a decretar un toque de queda en la capital y a trasladar temporalmente la sede de su gobierno de Quito a Guayaquil.

Esto ocurrió apenas meses después de que el electorado argentino rechazó la política de austeridad de Mauricio Macri y le dio una ventaja casi definitiva al candidato opositor peronista, Alberto Fernández, en la primera vuelta de la contienda presidencial. La historia de Argentina es la de una economía colapsada por la inflación y el fracaso del programa de ajuste del Fondo Monetario Internacional. Es decir, el ciclo clásico de crisis y protestas que ha caracterizado la dinámica política del país en los últimos treinta años.

En Brasil, el ascenso al poder del presidente de ultra derecha, Jair Bolsonaro, no podría entenderse sin la condena generalizada de la clase media al gobierno de Dilma Rousseff, del Partido de los Trabajadores. La heredera de Lula da Silva enfrentó la caída global del precio de las materias primas, el motor de la economía externa brasileña, de modo que su administración fue incapaz de financiar los programas sociales que le permitieron a su antecesor construir una nueva clase social que pudo escapar por primera vez de la pobreza.

Una y otra vez, la experiencia latinoamericana refiere que el retiro de un subsidio tiene consecuencias políticas ominosas para el gobierno en turno.

Thomas Sowell, el célebre economista estadounidense, acuñó una frase que se ha convertido en adagio: “La primer regla de la economía es que no existen recursos suficientes para satisfacer todas las necesidades. Y la primer regla de la política es ignorar la primer regla de la economía”.

Para el caso de América Latina, no obstante, la frase debería ser reconfigurada: la realidad económica ya no puede obviar a la realidad política.