“Si no cooperan, se van a arrepentir”

“Bajo mi instrucción, el Comando Sur del Ejército de Estados Unidos cumplió un ataque kinésico, rápido y letal para ejecutar exitosamente a ‘Niño Guerrero’”. De manera pública, a la vista de todos, el presidente Donald Trump confirmó que un comando militar norteamericano realizó un operativo en territorio venezolano para asesinar al líder del Tren de Aragua. La Casa Blanca publicó el video del bombardeo. El régimen de Delcy Rodríguez, la presidenta chavista que fue instalada en el poder gracias a un acuerdo clandestino con el gobierno de Estados Unidos, comunicó que se trató de “una operación conjunta”. El ataque representa la hoja de ruta de la nueva política exterior de Washington para América Latina: ‘la Doctrina Donroe’. México debe entender este ataque como un mensaje, una advertencia de que la cruzada de la administración Trump contra los cárteles podría derivar en ataques unilaterales ordenados desde la Oficina Oval.

“¿Los norteamericanos deben esperar que Estados Unidos siga involucrado militarmente en Venezuela? ¿Deben esperar operaciones similares en lugares como Ecuador y Guatemala, donde Estados Unidos está trabajando en conjunto con esos gobiernos?”, preguntó la periodista Margaret Brennan, de Face the Nation, al secretario de la Defensa norteamericano. “Sí, deben esperarlo”, respondió Pete Hegseth. “Se llama la Coalición de las Américas contra los Cárteles y la estamos formando con gobiernos asociados de Centro y Sudamérica para perseguir, derrotar y destruir a las organizaciones terroristas internacionales, los cárteles”, agregó el jefe del Pentágono. La política vigente en Washington identifica a grupos como el Cártel Jalisco Nueva Generación como la principal amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. Hegseth argumenta que deben utilizarse contra los cárteles las mismas herramientas que fueron desplegadas contra ISIS y Al-Qaeda en Medio Oriente. “Es un refuerzo increíble de la Doctrina Monroe, ahora llamada la Doctrina Donroe”, declaró el secretario de la Defensa de Estados Unidos.

México no es parte del ‘Escudo de las Américas’. Bajo el pretexto de la soberanía nacional, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha remarcado que hay dos líneas rojas para la coalición dela Cuarta Transformación: la participación de agentes extranjeros en territorio mexicano y la cooperación del aparato de justicia mexicano con las acusaciones de Gran Jurado que los tribunales de Estados Unidos han presentado contra políticos en México, destacadamente contra el gobernador de Sinaloa en funciones, Rubén Rocha Moya. “Vienen por unos, luego por otros, hasta que Estados Unidos sea el principal elector”, se quejó la presidenta Sheinbaum en un evento de corte partidista en el Monumento a la Revolución el pasado 31 de mayo.

Sin embargo, Washington le ha hecho saber al sistema político mexicano que la falta de cooperación tiene consecuencias serias. Sara Carter, directora de la Oficina Nacional para la Política de Control de Drogas, dijo este fin de semana que el objetivo de la administración de Donald Trump no es sólo neutralizar a los cárteles, sino desmantelar las redes políticas que sostienen al sindicato del crimen: “Puede hacer eso”, dijo sobre la posibilidad de que se abran más casos contra la narcopolítica. “Uno, porque el gobierno mexicano como muchos en nuestro hemisferio, sabe que el presidente Trump habla en serio absolutamente cuando dice: ‘vamos a ir por ti, si no cooperas con nosotros, y te vas a arrepentir’”, sentenció la zarina anti drogas de la Casa Blanca. En poco menos de una semana vence el plazo que tiene el gobierno mexicano para cumplir la orden de arresto con fines de extradición contra Rocha Moya y los ex funcionarios de Sinaloa que continúan prófugos. “Que presenten las pruebas”, exige la presidenta Sheinbaum, una señal inequívoca de que no habrá cooperación en este terreno.

En la misma entrevista en la que Sara Carter lanzó una advertencia al gobierno mexicano, la funcionaria estadounidense reconoció que nunca antes había existido este nivel de cooperación con México. ¿Cómo se explica el contraste entre el discurso antagónico, retador de la presidenta Sheinbaum en la plaza pública y esta declaración de Carter? México mantiene dos posturas, producto de un divorcio silencioso en las altas esferas del poder: la de Palenque, que representa a los políticos que construyeron su carrera alrededor de Andrés Manuel López Obrador y que están bajo la mira por presuntos pactos criminales; y la del aparato de seguridad nacional, civil y militar. La Secretaría de la Defensa Nacional ha construido un canal de comunicación directo con el Comando Norte del Ejército de Estados Unidos. La Secretaría de Marina ha hecho lo propio con su contraparte norteamericana. Semanas atrás, el almirante secretario Raymundo Morales fue llamado a una gira de reuniones en Washington. Y el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, ha establecido una política de colaboración con la CIA, la DEA y Homeland Security Investigations. “Estuvimos en posibilidades de ir tras ‘El Mencho’, y lo hicimos a través de nuestra inteligencia, pero utilizando la Guardia Nacional de México, las fuerzas especiales de México, el general Ricardo Trevilla, su operación, ellos colaboraron con nosotros”, reconoció Sara Carter.

La Doctrina Donroe tiene consecuencias concretas en México. El lunes, el periódico El Universal publicó en primera plana, a ocho columnas, que la Secretaría de la Defensa Nacional planea gastar 1,200 millones de dólares para comprar 12 aeronaves de guerra que reemplacen a los cazas F-5. Una decisión de esta magnitud no se entiende fuera del contexto de presión norteamericana.

Washington ha dado muestras explícitas de intervenciones paramilitares y de espionaje en México. La explosión de una camioneta en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en el que viajaba un operador de nivel medio del Cártel de Sinaloa, fue atribuido a la CIA, según un reporte de CNN basado en fuentes de alto nivel. Desde junio de 2025, esta agencia desplegó en México un impresionante aparato de vigilancia clandestina, de acuerdo al portal especializado Intelligence Online: sobrevuelos de aeronaves militares para interceptar telecomunicaciones, operadores del Comando Sur en el terreno, el desembarco de agentes del servicio de acción terrestre de la CIA y el uso de software desarrollado por Palantir para ubicar a objetivos criminales de alto perfil. ¿El resultado? El abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes y la detención de Audias Flores Silva, los dos principales líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación; el desmantelamiento casi total de la estructura de ‘Los Chapitos’; y arrestos relevantes como el de Iván ’N’, alias ‘El 24’, lugarteniente de ‘El Chapo’ Isidro y uno de los primeros capos designados por el Departamento de Justicia bajo un esquema de terrorismo.

Apenas la semana pasada, Donald Trump advirtió que “un ataque por tierra” contra los cárteles mexicanos es inminente. Héctor Rusthenford Guerrero, el líder del Tren de Aragua que fue neutralizado este fin de semana en Venezuela, tenía una orden de aprehensión vigente de la Corte del Distrito Sur de Nueva York. A pesar de ello, Washington optó por su asesinato, no por su detención y extradición. Es un mensaje implícito para los capos mexicanos y para la clase política: la administración de Donald Trump está dispuesta a llevar al límite la relación bilateral si es necesario, sobre todo, si ya cuentan con la cooperación de la Defensa, la Marina y la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

La línea política tanto del establishment de seguridad nacional como de las voces más radicales del Partido Republicano coinciden en que el Hemisferio Occidental y el combate a los cárteles es prioridad de esta administración. Si el acuerdo de cese al fuego en Irán se concreta, podemos esperar que la atención del Estado Profundo se vuelque hacia América Latina. La semana pasada, Donald Trump nominó a Jay Clayton, ex fiscal de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, como el nuevo Director Nacional de Inteligencia. Estamos hablando del fiscal que construyó el caso contra ‘Los Chapitos’ y contra la red política de Rubén Rocha Moya.

Tras el ataque en Venezuela, Terry Cole, administrador general de la DEA, ratificó la postura de Washington: “La DEA y nuestros socios continuarán persiguiendo de manera agresiva a los cárteles terroristas designados y a sus líderes, donde quiera que operen. Ningún rango está fuera de nuestro alcance, ningún refugio es permanente y ninguna organización está por encima de la rendición de cuentas”. ¿Así o más claro?

El clima de la relación bilateral obliga varias preguntas: ¿Por qué el secretario de Relaciones Exteriores de México y un equipo de seguridad nacional acudieron a la Embajada de Estados Unidos para sostener un encuentro con funcionarios norteamericanos? ¿Por qué se rompió el protocolo diplomático? ¿Por qué no se mencionó con qué agencias estadounidenses se reunieron? ¿De qué se habló en el encuentro que no podía saberse en alguna oficina del Estado mexicano? Las respuestas podrían cimbrar a México.