Sheinbaum y la DEA: Una relación complicada

Tras años de fricción por el caso Cienfuegos y por las restricciones que México impuso a agentes extranjeros, el gobierno de Claudia Sheinbaum parecía recomponer la cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad. Pero el 19 de agosto la presidenta negó públicamente la existencia de un acuerdo con la DEA (anunciado un día antes por la propia agencia bajo el nombre “Project Portero”) y reclamó respeto a la soberanía y a los protocolos bilaterales. “No hay acuerdo con la DEA”, dijo, precisando que lo único realizado fue un taller en Texas con cuatro policías mexicanos.

El contraste entre el desmentido de Sheinbaum y la narrativa de la DEA exhibe el delicado estado de la cooperación bilateral: ambos gobiernos dicen querer trabajar juntos contra el tráfico de drogas sintéticas, armas y dinero, pero discrepan sobre la forma, los tiempos y, crucialmente, quién anuncia qué. La DEA presentó “Project Portero” como una iniciativa “emblema” con capacitación e intercambio de inteligencia “lado a lado” con México; la Presidencia respondió que cualquier entendimiento debe firmarse gobierno a gobierno y no con agencias.

El episodio llega cuando Washington ha endurecido su marco legal y político frente al crimen organizado. En enero, la Casa Blanca emitió la EO 14157 para permitir la designación de cárteles como Foreign Terrorist Organizations (FTO). En febrero, el Departamento de Estado incluyó a ocho grupos, entre ellos Sinaloa y CJNG, en la lista de organizaciones designadas como terroristas. Este rediseño jurídico tiene efectos de gran calado sobre cooperación, sanciones, jurisdicción y uso de herramientas antiterroristas.

En paralelo, el gabinete de seguridad de Sheinbaum (encabezado por Omar García Harfuch) ha mostrado gestos de coordinación con Estados Unidos: en febrero y en agosto México trasladó a 29 y a 26 reos vinculados a cárteles hacia la justicia estadounidense, y funcionarios de ambos países han sostenido reuniones de alto nivel que incluyeron al propio García Harfuch. Aun así, varias coberturas han subrayado que estos movimientos responden tanto a objetivos de seguridad como a la presión política y comercial de Washington.

La fricción actual no puede entenderse sin el quiebre del sexenio anterior. Tras el arresto en Los Ángeles del exsecretario de la Defensa Salvador Cienfuegos en 2020 (un caso que Estados Unidos luego desestimó y México cerró sin cargos) el Congreso mexicano reformó la Ley de Seguridad Nacional para restringir severamente la operación de “agentes extranjeros” (incluida la DEA). López Obrador llegó a acusar a la agencia de “fabricar” pruebas. La confianza operativa se resintió y la cooperación quedó bajo mínimos.

Además, la historia de desencuentros es larga. Según InSight Crime, en 2006 la DEA abrió la llamada “Operación Polanco” para indagar supuestos intentos de cárteles, Sinaloa y Beltrán Leyva, de influir en campañas electorales. El episodio alimentó la desconfianza política hacia la agencia durante años. (El reporte no implica cargos ni sentencias contra candidatos; da cuenta de una línea de investigación de la DEA).

La figura del actual administrador de la DEA, Terrance Cole, también incide en la ecuación. Una investigación de ProPublica documenta que, ante el cierre de válvulas de cooperación en 2019, Cole lideró la compilación de expedientes sobre decenas de funcionarios mexicanos presuntamente coludidos con mafias, y ha defendido priorizar casos de corrupción político-criminal. Su postura, y el nuevo andamiaje legal en Estados Unidos, auguran un escrutinio más agresivo sobre “narcopolíticos”, algo políticamente tóxico al norte y al sur de la frontera.

Visto así, el desmentido de Sheinbaum no es un portazo, sino un recordatorio del marco en el que se negocia un nuevo pacto de seguridad transfronterizo. México busca reencauzar la colaboración con un acuerdo general cercano a cerrarse (basado, dice, en soberanía, confianza y “coordinación sin subordinación”) y marcar la línea entre cooperación y tutelaje. Para Washington, en cambio, la urgencia por resultados (muertes por fentanilo, armas de asalto que cruzan al sur, y redes financieras) empuja anuncios y operaciones visibles que muestren “acción”. Cuando los anuncios se adelantan a la diplomacia, estallan chispas.

La relación Sheinbaum–DEA es, por diseño, tensa: una administración mexicana que busca cooperación acotada y un aparato estadounidense que, tras blindarse con nuevas herramientas, pretende ir más rápido y más lejos, incluida la persecución de redes político-criminales. El reto para ambos será traducir principios en protocolos y resultados sin incendiar la interlocución pública. El caso “Portero” es una advertencia temprana: la forma y el relato importan tanto como el fondo.