Sheinbaum y Harfuch: “Hasta donde tope”

En la antesala al juicio de Ovidio Guzmán, bajo la presión de Washington, Claudia Sheinbaum se desmarca del pasado, al menos en el discurso público: “Hasta donde tope, hasta donde den las investigaciones. Nosotros no vamos a proteger a nadie. A nadie”. Con esta advertencia, pronunciada en la conferencia mañanera del 8 de julio, la presidenta marcó su línea y dejó en claro que su gobierno pretende erradicar sin concesiones el huachicol fiscal. ¿Voluntad real o ‘performance’ para la Casa Blanca? Políticamente, esto representa un acto de guerra contra los intereses que se enquistaron en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y que hicieron del contrabando de combustible el principal vehículo financiero de los cárteles y de las campañas electorales de Morena.

Esto quedó en evidencia con el histórico decomiso de 15.4 millones de litros de huachicol en Coahuila. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana, declaró que fue la mayor incautación de la actual administración. Sin embargo, esto arroja tanto esperanzas como preguntas serias: la magnitud del hallazgo redefine el mapa de las redes criminales, pero la ausencia de detenciones significativas siembra dudas sobre la voluntad o, peor, la capacidad de Sheinbaum para procesar a los altos mandos políticos, empresariales y militares que operan como los arquitectos reales del huachicol. “Si hay funcionarios públicos involucrados, con pruebas, se actuará”, declaró la presidenta en la mañana posterior al decomiso de Coahuila.

En Saltillo y en Ramos Arizpe, los sitios de la incautación del pasado lunes, se revelan los engranajes de una red internacional de huachicol que trasciende fronteras e intereses mexicanos. En el entramado confluyen herederos de la estructura criminal de Sergio Carmona, empresas energéticas de Texas bajo investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, empresarios mexicanos con vínculos al crimen organizado y firmas financieras, inmobiliarias y de asesoría fiscal que fungen como blanqueadoras de capitales. Desde las vías del ferrocarril en la capital de Coahuila, donde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Marina y la Guardia Nacional aseguraron 129 ferrotanques, emerge una conspiración internacional más sofisticada de lo previsto.

Paradójicamente, el gobierno ha sido críptico y poco transparente sobre los responsables de la operación incautada en Saltillo y en Ramos Arizpe. Oficialmente, aún se ignoran el origen y el destino del combustible. La versión oficial es que las autoridades encontraron el combustible “abandonado” en un predio. No obstante, de manera extraoficial, fuentes federales dijeron a Código Magenta que se ha colocado como sujeto de interés en la investigación a José Cortés Huerta, alias ‘El Titán’. Lo señalan como el presunto autor intelectual del entramado.

La falta de información concreta ha llevado a cuestionamientos como el de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad. El colectivo periodístico asegura que el decomiso de Coahuila incluye 10 millones de litros que no fueron reportados en la incautación que se hizo recientemente en Tampico al buque Challenge Procyon. Un informe interno de la Secretaría de Marina y documentos judiciales revelan que, en realidad, en Tampico se encontraron 20 millones de litros. Nadie sabe dónde quedó el resto.

A pesar de ello, el caso del Challenge Procyon puso en evidencia un sofisticado mecanismo de huachicol fiscal con promotores como la empresa texana Hevi Transport LLC; Mefra Fletes, propiedad de Roberto Blanco Cantú y señalada en Estados Unidos por vínculos al Cártel Jalisco Nueva Generación; e Intanza, la empresa importadora cuyos socios se coludieron con un alto funcionario de la ASIPONA de Tampico. Esta red habría facilitado la entrega de diésel para una planta de la CFE en Nava, Coahuila como parte de un esquema de corrupción dentro de la paraestatal, de acuerdo a personas cercanas al asunto. Ese hallazgo destapó la colusión de agentes de la Secretaría de Marina y de la Agencia Nacional de Aduanas. También colocaron a México bajo la lupa de las autoridades norteamericanas, particularmente de la Oficina de Control de Activos (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro.

De manera paralela emerge una nueva ruta de investigación. De acuerdo a Reforma, el gobierno de Claudia Sheinbaum siguió la ruta de Juan Manuel ‘El Mono’ Muñoz Luévano para obtener la información que los llevó al histórico decomiso del pasado lunes. En Coahuila, es de conocimiento común en el gobierno estatal y en el sector empresarial que Muñoz Luévano es la figura dominante de la industria de hidrocarburos en la región. Las gasolineras de la marca Cargo Gas se multiplicaron en la última década. La distribución de gasolina se convirtió en el eje sobre el cual reconstruyó su imperio empresarial luego de haber sido detenido en España en 2017, extraditado a Estados Unidos y sentenciado por una corte federal por lavado de dinero vinculado al Cártel de los Zetas. Después de tres años en prisión y de haber colaborado como informante del aparato de justicia estadounidense, Muñoz Luévano fue liberado. Su ascenso ocurrió en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, un periodo marcado por el auge del huachicol fiscal.

En los últimos dos meses, en medio de la cruzada del gobierno federal contra el huachicol fiscal, Muñoz Luévano regresó al escrutinio público. A finales de mayo, fue detenido al tratar de evitar el decomiso de carro tanques de hidrocarburos. Horas después fue liberado gracias a que su defensa promovió un amparo. El 28 de junio, el día en que García Harfuch celebró una conferencia de prensa para hablar de un operativo simultáneo de incautaciones de huachicol, el gobierno federal aseguró 2 millones de litros de hidrocarburos en Saltillo. El caso, aseguran fuentes de inteligencia, también involucraría la operación de José Cortés Huerta. En las imágenes difundidas por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se aprecia un vehículo con la marca de Cargo Gas, propiedad de Muñoz Luévano. Días más tarde, siete gasolineras de Cargo Gas fueron cateadas por el Ejército en Torreón.

En torno a Juan Manuel Muñoz Luévano, el relato adquiere matices de complicidad gubernamental. Acusado por fiscales norteamericanos de ser el enlace del Cártel de los Zetas en Europa y el blanqueador de capitales de decenas de grupos de la delincuencia organizada en México, ‘El Mono’ tejió una red de influencias con políticos y jueces en Coahuila, según intervenciones telefónicas obtenidas por el periódico El País. En 2016, Código Magenta documentó que, con base en estas escuchas, la Policía Nacional de España sospechó de los vínculos de Muñoz Luévano con Rosendo Villarreal, un político panista que fue alto directivo de Pemex y cuya familia hoy aparece como un jugador esencial del sector de hidrocarburos en Coahuila.

Las conexiones políticas de Muñoz Luévano parecen vigentes. Aunque una carta difundida por la empresa desvincula a su propietario e investigaciones formales, el emblema del Cargo Gas se ha convertido en objeto de interés a raíz de la operación federal del 28 de junio en Coahuila.

¿Por qué este evento importa más allá de la magnitud del volumen incautado? Porque el robo de combustible dejó de ser un delito local para convertirse en un instrumento de financiamiento de organizaciones criminales transnacionales. En el Distrito Sur de Texas, los empresarios norteamericanos James y Maxwell Jensen fueron acusados de brindar apoyo material al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización designada como grupo terrorista por el Departamento de Estado. A través de la empresa Arroyo Terminals, facilitaban el contrabando de crudo y el lavado de ganancias en millones de dólares de la organización paramilitar más peligrosa para la seguridad nacional de Estados Unidos en el Hemisferio Occidental.

El juicio marca un precedente: la cooperación entre fiscales federales de ambos países con el objetivo de desmantelar la cadena completa del huachicol. El decomiso en Coahuila revela además la presencia de empresas energéticas de Texas como Jefferson Energy Companies y Lambrucar en los ferrotanques incautados. En ese sentido, Washington tiene jurisdicción y vía libre para judicializar la trama. La operación norteamericana lleva por nombre “Muerte Líquida”. Al respecto, un fiscal estadounidense señaló sobre el caso Jensen: “El crudo fue adquirido sólo por compañías autorizadas por los cárteles mexicanos. Esta es una clara situación de blanqueo internacional de capitales a través del comercio bilateral”.

Coahuila, que en la última década se ha considerado como un estado que no ha podido ser penetrado por los cárteles, vuelve a ser escenario clave para el crimen organizado. En las últimas semanas, el gobernador Manolo Jiménez Salinas apuntó que el hidrocarburo “venía de paso” por Saltillo, recalcando que la entidad es un nodo logístico más que un origen definitivo. Su advertencia sugiere un trasfondo aún más profundo: funcionarios aduanales corruptos y operadores del crimen organizado que utilizan el estado como corredor internacional.

Mientras tanto, en Tabasco y Veracruz, dos enclaves de Morena y del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, la estrategia de Sheinbaum y García Harfuch contra el huachicol fiscal ha continuado. A principios de julio, la FGR y autoridades estatales decomisaron casi 880,000 litros en Cunduacán. La narrativa oficial subraya que este golpe refleja la misma unidad y discreción pregonada por la presidenta y el secretario de Seguridad Ciudadana.

No obstante, la pieza fundamental aún falta: la detención de los grandes protagonistas. Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad advierte que los 10 millones de litros desaparecidos en el buque Challenge Procyon, la otra mitad del cargamento, siguen sin esclarecimiento total, y señala que la Marina y la FGR deben determinar responsabilidades con transparencia. La carga de la prueba recae ahora en la voluntad política de las autoridades federales para citar a declarar a ex directores de Pemex, ex titulares de Aduanas, altos mandos militares, empresarios transportistas y los financieros de mayor perfil que habrían lavado capitales del huachicol.

El reto de la administración Sheinbaum y de su secretario de Seguridad Ciudadana es demostrar que este decomiso no será un episodio más de propaganda sino el punto de inflexión para desmontar la red criminal, convertir el discurso en resultados y entregar a la justicia a los verdaderos cerebros del huachicol. Sólo así, con pruebas, cargos y condenas, se cerrará el ciclo de impunidad que, por décadas, ha socavado la soberanía energética de México. La promesa de la presidenta es llegar “hasta donde tope”.