Sheinbaum promueve reformas para controlar la información privada

El gobierno federal impulsa en el Congreso una serie de reformas legales. De acuerdo a Luis Fernando García, director de la asociación R3D, de aprobarse, darían paso a una “verdadera infraestructura digital autoritaria” en México.

A continuación, los elementos clave de estas iniciativas y sus implicaciones más graves.

1. CURP biométrica obligatoria

• ¿Qué plantea?: La modificación a la Ley General de Población obliga a todas las personas mexicanas y a los extranjeros con ingreso legal a contar con una CURP asociada a datos biométricos (huellas dactilares, reconocimiento facial, etcétera).

• Riesgos: La creación de una base de datos centralizada con información biométrica de millones de personas abre la puerta a vulneraciones de privacidad de alcance masivo y permanente.

2. CURP para todo trámite o servicio

• ¿Qué propone? Se exige a cualquier entidad pública o privada que solicite la CURP para prestar sus servicios o efectuar trámites, sin distinción.

• Consecuencias: Se genera un registro exhaustivo de la actividad de cada individuo: dónde compra, qué consume y a qué hora.

• El condicionamiento de derechos y servicios a la presentación de la CURP promueve discriminación y exclusión, especialmente de poblaciones vulnerables como migrantes irregulares.

3. Plataforma Única de Identidad

• ¿Qué incluye? La Ley General de Población y la Ley de Desaparición Forzada refieren a una “Plataforma Única de Identidad”, un sistema automatizado que detecta y registra cualquier uso de la CURP.

• Alcance real: Aunque oficialmente se justifica como herramienta para la búsqueda de personas desaparecidas, el texto legal no impide su uso para seguimiento masivo de individuos sin supervisión externa.

4. Registro de usuarios de telefonía móvil

• Restauración de una política cuestionada: Se revive -aun después de dos intentos previos fallidos e inconstitucionales- la obligación de registrar datos personales al contratar un servicio de telefonía móvil.

• Impacto: La medida no obstaculizará el uso de chips y tecnologías que facilitan el anonimato (VoIP, chips extranjeros, etc.), pero sí restringirá el acceso a comunicaciones e Internet de quienes no puedan o no quieran inscribirse.

• La base de datos resultante será un insumo perfecto para extorsionadores y secuestradores.

5. Fusión masiva de bases de datos

• Interconexión obligatoria: Las nuevas Leyes del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia y del Sistema Nacional de Seguridad Pública establecen que todas las bases de datos públicas y privadas que defina la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana deberán conectarse y compartirse.

• Automatización y perfilamiento: Se prevé el análisis automatizado de registros biométricos, fiscales, telefónicos y de otro tipo, presuntamente mediante “inteligencia artificial” y “predicción policial” cuyas fallas de sesgo ya están documentadas internacionalmente.

6. Legalización del espionaje militar

• Modificación oculta: En reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se otorgan facultades de inteligencia formales al Ejército, además de la Guardia Nacional.

• Antecedentes de abuso: La medida reconoce de facto años de espionaje irregular, como el uso de Pegasus contra periodistas, defensores de derechos humanos y funcionarios públicos.

• Reducción de salvaguardas: Se busca dejar ambiguo el requisito de autorización judicial para acceder a datos de tráfico de comunicaciones (metadatos), contraviniendo criterios constitucionales de los últimos 15 años.