Segalmex: otro día, otro fraude

¿Qué pasó?

Una nueva investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que bajo la gestión de Ignacio Ovalle en Segalmex se asignó un contrato irregular de 465 millones de pesos que simuló la venta de 25 mil toneladas de azúcar.

¿Por qué importa?

• Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) es un hoyo negro de desfalco y corrupción en la administración de Andrés Manuel López Obrador, una conclusión en la que coinciden tanto la FGR, la ASF, la UIF, la SFP y el despacho privado Salles Sainz-Grant Thornton.

• Sin embargo, su ex director, Ignacio Ovalle, no ha sido involucrado en el proceso y ya fue acomodado por el presidente Andrés Manuel López Obrador en otra posición del gobierno federal.

El contexto:

• En agosto pasado, la Secretaría de la Función Pública (SFP) dijo haber hallado irregularidades en Segalmex por 9.5 mil millones de pesos, convirtiéndose en un tsunami de corrupción inminente. La FGR ha recibido 38 denuncias de instancias de gobierno por presunto daño patrimonial a la dependencia.

• Hasta el momento, la Fiscalía a cargo de Alejandro Gertz Manero ha solicitado y obtenido 15 órdenes de aprehensión contra funcionarios de Segalmex, por lo que dicha bomba de corrupción estaría  a punto de estallar.

Los detalles:

• Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) descubrió que la empresa “fantasma” Servicios Integrales Carregin firmó en 2020 con Segalmex un contrato por 465 millones de pesos para vender 25 mil toneladas de azúcar.

• Una modesta ama de casa, Daffne Pomar Colín, quien tiene su domicilio en la colonia Ampliación Asturias de la Alcaldía Cuauhtémoc y Jorge Saúl Romero Valencia, vecino de la colonia popular del municipio de Ixtapaluca, Estado de México aparecen como accionistas de la citada compañía.

• A pesar de que ambos socios fueron utilizados, aparentemente como prestanombres, la FGR solicitó órdenes de aprehensión en su contra y los acusó de los presuntos delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

• El reportaje se desprende de una investigación del portal Animal Político, el 24 de agosto, en la que refiere que esta denuncia fue presentada por la FGR ante un juez de distrito con sede en Oaxaca, en contra de Carregin.

• Según las indagatorias, la compañía en cuestión fue contratada -de manera directa y sin licitación de por medio- el 24 de abril de 2020 para la adquisición de 25 mil toneladas de azúcar, por un monto de entre 418 y 465 millones de pesos.

• Después de que la Dirección Comercial de Diconsa generó 37 pedidos cerrados regionales por el monto original, tres semanas después, Carregin pidió a la dependencia la cancelación de la mayoría de éstos, quedando pendiente un pedido por 7 mil 800 toneladas -con un costo de 145 millones de pesos-, el cual fue solicitado por la Unidad Operativa del Bajío.

• El argumento para la cancelación fue “dificultades logísticas provocadas por la contingencia sanitaria” y aunque la Unidad habría declarado no tener la capacidad para resguardar las 7 mil toneladas, tras llegar a un acuerdo de partes, Carregin resguardó el azúcar en un domicilio ubicado en Paseo del Pedregal, en la CDMX.

• Sin contar físicamente con el producto, Segalmex depositó a las cuentas de Carregin la totalidad de los 145 millones de pesos pactados, no sin antes fijar -sin realizar un estudio de mercado- en 18.60 pesos el precio por kilogramo de azúcar.

• En diciembre de 2020, de común acuerdo, ambas partes firmaron un convenio modificatorio y de finiquito para dar por terminada la relación contractual. Hasta ese momento, la compañía había entregado en los almacenes de la dependencia 3 mil 110 toneladas de azúcar de las 7 mil 800 que ya habían sido pagadas.

• Por tal motivo, Diconsa solicitó a Carregin realizar la devolución de 88 millones de pesos a sus cuentas bancarias, por el equivalente a las 4 mil 700 toneladas de azúcar que no se entregaron, con fecha límite al 31 de diciembre.

• Ante la negativa de Carregin, seis meses después del plazo original, Diconsa volvió a requerir la devolución del dinero para el 25 de marzo y posteriormente, el 1 de julio de 2021. Sin embargo, la compañía sólo reembolsó 8 millones de pesos.

• Debido a las irregularidades y ante posibles actos de corrupción, la representante legal de Diconsa, que responde al nombre de María Oceguera Valle, presentó ante la FGR la denuncia correspondiente el 26 de agosto de 2021.

• Los fiscales aseguran que los recursos millonarios fueron pagados por adelantado a Carregin sin que se entregara la totalidad del producto solicitado por la Unidad Operativa de Segalmex, en Querétaro, como parte del Programa de Abasto Rural.

• El principal argumento de la FGR es que existió un acuerdo entre ex funcionarios y empresarios para favorecer específicamente a dicho proveedor, al no haber un contrato formal que amparara la compra, más allá de una “hoja de pedido” (con base en un acuerdo para agilizar compras ante la pandemia de Covid-19).