Se acabaron los ultimátums

No fue un simulacro ni un entrenamiento: las fuerzas de seguridad e inteligencia de Estados Unidos están operando activamente en México para detener a criminales de alto perfil.

El 6 de noviembre, el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, anunció que el Departamento de Seguridad Interior (DHS, por sus siglas en inglés) detuvo al presunto líder del Cártel de Sinaloa en Ciudad Juárez. La misión se desarrolló en territorio mexicano durante nueve meses. De acuerdo a Abbott, el operativo fue asistido por el Departamento de Seguridad Pública de Texas, así como por la Oficina de la Directora Nacional de Inteligencia y el Centro Nacional de Contraterrorismo, un programa clave en la cruzada de la administración de Donald Trump contra los cárteles de la droga.

Aunque el arresto fue ejecutado por el Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional de México, esta fue una operación dirigida y diseñada por Washington. Las decisiones se tomaron al norte del Río Bravo. El FBI, la División de Operaciones Aéreas del Departamento de Seguridad Pública de Texas, y las divisiones Aérea y Marina de la Agencia de Protección Fronteriza a nivel federal recopilaron inteligencia durante todo el año. La captura de Leonardo Daniel Martínez Vara, alias ‘El Pato’, fue producto de la decisión del Departamento de Estado de Estados Unidos de designar a seis cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. ‘El Pato’ enfrenta acusaciones de asesinato, secuestro, narcotráfico y extorsión. A pesar de ello, en México, su arresto no parecía ser una prioridad. La detención revela un cambio de paradigma en la relación de seguridad entre Estados Unidos y el gobierno mexicano.

La Directora Nacional de Inteligencia de la administración de Donald Trump, Tulsi Gabbard, dejó en claro que la captura de ‘El Pato’ no fue la primera ni será la última ocasión en la que Washington va a desplegar su aparato de seguridad sobre territorio mexicano. En un comunicado Gabbard, declaró: “No vamos a permitir que los cárteles de la droga que amenazan a los norteamericanos puedan moverse libremente, ya sea en Estados Unidos o cruzando la frontera en México. Nuestro equipo del Centro Nacional de Contraterrorismo está en vigilancia permanente, preparando el momento para atacar”. Las palabras de Gabbard son relevantes porque se trata de un perfil sumamente crítico del uso de fuerzas de seguridad estadounidenses en otras latitudes. Gabbard se ha posicionado públicamente contra las intervenciones americanas en Medio Oriente y en Ucrania. Ahora, México es la excepción. Esto representa una señal contundente de cómo la administración de Donald Trump está replanteando sus prioridades de seguridad hacia el Hemisferio Occidental, particularmente contra la amenaza de los cárteles que dominan territorios completos en México, Venezuela y Colombia.

La semana pasada, dos funcionarios de alto nivel del gobierno de Estados Unidos dijeron a NBC News que la Casa Blanca está preparando la incursión de fuerzas militares en México para combatir a los cárteles. Los entrenamientos, que involucran a la CIA y a elementos del Comando Sur y el Comando Norte del Ejército de Estados Unidos, ya están en marcha. La información pública disponible sugiere que las misiones pretenden utilizar drones para atacar objetivos criminales de alto perfil y destruir laboratorios de drogas sintéticas. La filtración se publicó apenas horas después del asesinato de Carlos Manzo, el alcalde de Uruapan que se levantó contra los cárteles y cuya muerte ha provocado una cruzada nacional de indignación en la sociedad civil mexicana.

La política de intervención militar de Estados Unidos en México es promovida por dos actores poderosos del entorno del presidente Donald Trump: Marco Rubio, secretario de Estado y titular con Consejo de Seguridad Nacional, y Stephen Miller, asesor senior de la Casa Blanca. ¿Qué tienen en común Rubio y Miller en relación a México? Que ambos han comisionado la conformación de una lista de políticos mexicanos vinculados al crimen organizado. Los personajes incluidos podrían enfrentar desde la cancelación de visas hasta acusaciones federales promovidas por un Gran Jurado. Washington prepara lo mismo una ofensiva militar que una ofensiva política.

La reacción de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a la posibilidad de una incursión Fuerzas Especiales de Estados Unidos en territorio mexicano fue la esperada. La mandataria insiste en público que defenderá la soberanía y que no permitirá operaciones de agencias extranjeras sin la autorización de su gobierno. Sin embargo, el anuncio que hizo el gobernador de Texas el pasado 6 de noviembre exhibe que Sheinbaum no tiene la última palabra. Se acabaron los ultimátums de Washington hacia México. La captura del líder del Cártel de Sinaloa en Ciudad Juárez se llevó a cabo por la determinación de las autoridades norteamericanas.

En enero, el secretario de la Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, sostuvo una videoconferencia con los secretarios mexicanos de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, y de Marina, Raymundo Morales. De acuerdo a un reporte de The Wall Street Journal, Hegseth amenazó a los funcionarios mexicanos que la administración de Donald Trump tomaría “acciones unilaterales” si México no asumía un rol más agresivo frente a las organizaciones criminales. Un mes después, en febrero, el gobierno de Sheinbaum transfirió a Estados Unidos a Rafael Caro Quintero y a otros 28 líderes de los cárteles que estaban bajo custodia del sistema penitenciario mexicano. Posteriormente, en abril, México envió a 26 líderes criminales adicionales.

Desde entonces, fuerzas de seguridad e inteligencia de Estados Unidos han desplegado aeronaves en cielo mexicano para obtener inteligencia sobre los cárteles. En febrero, un avión Boeing RC-135V River Joint de la Fuerza Área  que es utilizado para tareas de reconocimiento sobrevoló el Golfo de California. Como una medida de presión, la trayectoria se hizo pública. La vigilancia no ha cesado. Esta semana, un par de helicópteros Boeing CH-47 Chinook fueron detectados sobrevolando el espacio aéreo mexicano en la frontera de Nuevo Laredo, el cruce fronterizo terrestre más importante de América del Norte en materia comercial y un bastión criminal del Cártel del Noreste. Se trata de una muestra adicional de acciones unilaterales tomadas por el aparato de seguridad norteamericano.

El gobierno de Donald Trump mantiene una relación ambivalente con las autoridades de seguridad de México. Por una parte, el Departamento de Estado reconoce públicamente que Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana, ha permitido una coordinación sin precedentes con Washington. Por otro lado, el Departamento de Defensa ha expresado dudas sobre sus contrapartes en las Fuerzas Armadas de México. Según personas con conocimiento del asunto, esto explica las filtraciones y las medidas unilaterales tomadas por la administración Trump.

Hace más de un año, el jefe del Comando Norte del Ejército de Estados Unidos declaró al Congreso norteamericano que los cárteles controlan un tercio del territorio mexicano. La tesis se reafirmó la semana pasada con el asesinato de Carlos Manzo, en Michoacán, donde la guerra entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y Cárteles Unidos ha llevado la violencia a niveles de un conflicto armado del África Subsahariana: drones explosivos, minas terrestres, tanques blindados y armas automáticas calibre 0.50.

México representa la nueva prioridad de seguridad nacional de Estados Unidos. Michoacán, el estado para el cual la presidenta Claudia Sheinbaum acaba de anunciar un plan de pacificación, no es una excepción. Inteligencia de datos abiertos sugiere que agentes de seguridad del gobierno norteamericano han realizado operaciones encubiertas en la región.

Todos los indicios apuntan a que se acabaron los ultimátums y a que se terminó la paciencia. Washington está adoptando una nueva postura. La detención del líder del Cártel de Sinaloa en Ciudad Juárez, las palabras de la Directora Nacional de Inteligencia, los sobrevuelos de vigilancia en Nuevo Laredo, las filtraciones de ejercicios militares contra los cárteles y las operaciones encubiertas en Michoacán llevan a la misma conclusión: los americanos ya están en México.