Samuel prepara un contragolpe

Samuel García está fuera de control. En un plazo de 24 horas, el gobernador de Nuevo León autorizó un nuevo asueto con base en una consulta popular en redes sociales, ordenó la clausura de una empresa de quien fue designado gobernador interino por el Congreso, desconoció los términos de la licencia que le fue otorgada por el Poder Legislativo y adelantó que impondrá como gobernador interino a su secretario de Gobierno, Javier Navarro.

La ambición presidencial de Samuel García está quebrando al sistema político de Nuevo León. El estado se encuentra al borde de una crisis constitucional, una situación en la que, a partir del 2 de diciembre, el Congreso y el Poder Ejecutivo reconocerán como mandatario interino a personas diferentes.

La estrategia del gobernador ya fue trazada: Primero, adelantar su separación del cargo del 2 de diciembre al 12 de noviembre, una decisión que le permitirá regresar a Nuevo León en caso de que no resulte el ganador de la contienda interna de Movimiento Ciudadano. Segundo, utilizar una suspensión provisional del Juez Séptimo de Reynosa, Tamaulipas para instalar a Javier Navarro como el gobernador interino.

La ruta política y jurídica que ha seguido Samuel García es una respuesta a tres factores: la guerra permanente con la oposición del PRI y del PAN, la operación de Dante Delgado para integrar a Marcelo Ebrard a Movimiento Ciudadano y el cada vez más evidente interés del presidente Andrés Manuel López Obrador en la candidatura presidencial del gobernador de Nuevo León.

El contragolpe de Samuel García ocurre en un complicado laberinto legal.

El Congreso estatal, cuya mayoría es controlada por el PRI y el PAN, otorgó al gobernador una licencia de seis meses para que pueda competir en el proceso electoral de 2024. Sin embargo, García se niega a aceptar la designación que hizo el Poder Legislativo de Arturo Salinas, presidente con licencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado, como gobernador interino.

En ese sentido, el secretario de Gobierno, Javier Navarro, promovió un juicio de amparo ante el Juez Séptimo de Distrito de Reynosa, Juan Fernando Alvarado, para desconocer los actos del Congreso. Alvarado es un funcionario judicial que ha favorecido sistemáticamente a la administración de Samuel García en decisiones vinculadas al conflicto entre poderes en Nuevo León.

No obstante, en esta instancia, el juez rechazó la solicitud de iniciar un juicio de amparo y avaló los acuerdos del Poder Legislativo bajo los cuales se nombró a Arturo Salinas como gobernador interino. La resolución argumenta que la petición del secretario de Gobierno es improcedente dado que la designación del sucesor temporal del gobernador es una facultad soberana y discrecional del Congreso.

La decisión de Alvarado coloca a Nuevo León en un limbo legal. El juez reconoció el procedimiento legislativo, pero estableció la no elegibilidad de Salinas como gobernador interino. El Artículo 132 de la Constitución estatal plantea que ningún funcionario del Poder Judicial puede ejercer un cargo en el Poder Ejecutivo. Salinas dijo a Código Magenta que este artículo no es aplicable, puesto que la posición de gobernador interino “no es un trabajo”, sino que es un mandato del Congreso, estipulado en el Artículo 5 de la Constitución federal.

“En el supuesto de que el gobernador interino designado por el Congreso estuviera impedido y ello fuera materia de procedimiento judicial, en tanto se resuelve el impedimento, debería quedar encargado de despacho del Ejecutivo el secretario General de Gobierno del estado”, se lee en la resolución del juez Alvarado, una postura afín a los intereses y planes de Samuel García.

Javier Navarro obtuvo una suspensión ampliada para que ningún cuerpo oficial pueda impedirle al secretario de Gobierno el ejercicio del cargo de gobernador interino.

Arturo Salinas sostiene lo contrario, que la decisión del juez avala su nombramiento, incluso a pesar del pronunciamiento sobre su elegibilidad: “Lo que deja claro el amparo es que yo soy el gobernador interino”, dijo.

La interpretación de esta resolución está en función de la política y subraya cómo un conflicto entre partidos se ha convertido en una crisis constitucional.

La administración de Samuel García ha intentado frenar el nombramiento de Salinas a través de un juicio ante el Tribunal de Justicia Administrativa, mediante un juicio de protección de derechos político-electorales ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y con la promoción de una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El Congreso ha respondido a esta ofensiva legal con una controversia ante el Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León, que ha emitido una suspensión favorable al nombramiento de Salinas; una queja ante el Tribunal Colegiado federal que pide la revocación de la suspensión provisional otorgada a Navarro; y una controversia constitucional ante la Suprema Corte.

Todos estos caminos recorren rutas judiciales paralelas. Jesús Garza Onofre, académico constitucionalista del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, dijo a Código Magenta que es poco probable que pueda encontrarse una salida jurídica al conflicto entre poderes y que la Suprema Corte no tiene urgencia en resolver antes del 2 de diciembre las controversias promovidas desde Nuevo León.

Esta es apenas la primera aduana de Samuel García. El gobernador de Nuevo León encuentra un segundo obstáculo en el proceso interno de Movimiento Ciudadano para designar a su candidato presidencial.

Dante Delgado ha iniciado la coreografía política para que Marcelo Ebrard se integre a Movimiento Ciudadano. El equipo del ex secretario de Relaciones Exteriores le ha hecho saber al periódico El País que Ebrard ha impuesto dos condiciones para el desembarco en MC: la inclusión de su equipo cercano en las listas de candidatos al Congreso y una “candidatura presidencial de unidad”. Este último punto representa un eufemismo para adelantar que Ebrard no participará en un proceso abierto contra Samuel García. El ex canciller espera ser ungido como candidato presidencial de Movimiento Ciudadano por aclamación.

Las negociaciones han sido confirmadas por Jorge Álvarez Máynez, el coordinador de la bancada de MC en la Cámara de Diputados y uno de los líderes de más alto perfil que pertenece al grupo político de Dante Delgado. El dirigente nacional del partido naranja tiene poder de veto sobre la designación del candidato presidencial. “Acercamientos ha habido”, admitió a El País Álvarez Máynez. Agregó que Ebrard históricamente “ha tenido simpatía por nosotros”.

Hace dos semanas, cuando se cuestionó a Dante Delgado sobre la candidatura presidencial de Movimiento Ciudadano, declaró: “Yo lo que creo es que Samuel (García) es una opción interna y el licenciado Marcelo Ebrard sería una opción ciudadana externa”. Con estas palabras, el dirigente nacional de MC dejó en claro que el gobernador de Nuevo León no sólo dejaba de ser el candidato ‘por default’, sino que también había sido desplazado a un segundo plano.

Este gesto fue una reacción política a la decisión de Samuel García de solicitar licencia al Congreso de Nuevo León. Momentos antes de que Delgado iniciara su segundo informe de actividades legislativas, el gobernador de Nuevo León comunicó al Poder Legislativo local que estaba considerando separarse del cargo para competir en el proceso electoral de 2024. Lo hizo sin el consentimiento del dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, de acuerdo a personas cercanas al asunto. Dante Delgado tenía planeado utilizar la plataforma del informe de actividades legislativas, que reunió a un conglomerado importante de figuras políticas, empresariales y militares, para realizar un anuncio sobre la contienda interna de MC.

El equipo de Dante Delgado ha delineado un cronograma para la integración de Marcelo Ebrard: el 10 de noviembre confirmaría su renuncia a Morena y su paso a Movimiento Ciudadano, el 12 de noviembre se registrará como aspirante a la candidatura presidencial y el 13 de noviembre el nombramiento será aprobado por una asamblea nacional del partido. “Cerraremos filas en ese momento”, dijo Álvarez Máynez. “Yo no lo veo como ceder cuando se dan sumas inteligentes”, justificó.

Marcelo Ebrard representa una amenaza al proyecto de Samuel García. Esto se suma al veto que un amplio sector de la iniciativa privada ha impuesto a la candidatura del gobernador. En la clase empresarial se ha gestado un consenso de que no se financiará la campaña de García.

Samuel García ha puesto de manifiesto que no pretende renunciar a su ambición presidencial. En el entorno del Andrés Manuel López Obrador refieren que se trata de una petición que le hizo el presidente. El gobernador de Nuevo León no se puede negar. La Fiscalía General de la República mantiene abierta una investigación federal de lavado de dinero contra la familia de Samuel García.

Además, el gobernador considera que hay un escenario de cierta probabilidad que le permitiría ganar la elección. Una repetición de las hazañas electorales del 2018 y del 2021, cuando García escaló del cuarto al primer lugar. Para ello, ha construido una importante operación de publicidad en redes sociales. Personas cercanas al gobernador aseguran que el plan de gasto de la campaña presidencial es de al menos 3 mil millones de pesos.

¿De dónde va a salir el dinero? Esa es la gran pregunta. Mientras tanto, el estado está al borde de una crisis constitucional.