Samuel García: Negocios al amparo del poder

Aquí, en mis manos, tengo la declaración patrimonial del año 2023 del gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda. Reporta un ingreso anual de 4.2 millones de pesos, una participación accionaria en once empresas y una propiedad inmobiliaria valuada en 8.6 millones de pesos.

Sin embargo, el documento está incompleto, ya que omite la verdadera magnitud del negocio familiar del gobernador, una red de despachos de asesoría fiscal conectados a intereses inmobiliarios, intereses del sector del transporte de hidrocarburos, intereses de la industria del outsourcing e intereses de empresas contratistas del gobierno de Nuevo León. Los despachos de los Samueles, el gobernador Samuel García Sepúlveda, su padre, Samuel García Mascorro y su medio hermano, Samuel García Villarreal, se han vuelto el epicentro de la operación política en Nuevo León.

De acuerdo a una investigación a la que tuvo acceso Código Magenta, Firma Jurídica Fiscal Abogados S.C. y García Mascorro Firma Jurídica Fiscal S.C., los dos despachos emblema de la familia del gobernador, reportaron ingresos ante el SAT por 981 millones de pesos en 2023, el año en que García Sepúlveda construyó la infraestructura política para su fallida candidatura presidencial. En ese periodo, las compañías registraron una cascada de transferencias mayores a 5 millones de pesos, la mayoría vinculadas a empresas subsidiarias de Grupo Gentor, propiedad del empresario Javier Garza Buffington, o de empresas contratistas como Proveedor de Productos Mexicanos Jace y North American Equipment. Por ejemplo, el 29 de agosto de 2023, Corporación Transnacional de Inversiones, empresa vinculada a Garza Bufington, transfirió en una sola exhibición 303.2 millones de pesos a Firma Jurídica Fiscal Abogados S.C.

En su declaración patrimonial de 2023, Samuel García Sepúlveda reconoció que mantiene una participación de 50 por ciento en Firma Jurídica y Fiscal Abogados S.C. y de 33 por ciento en García Mascorro Firma Jurídica Fiscal S.C. A pesar de ello, el gobernador reportó haber recibido ingresos de únicamente 2.3 millones de pesos por servicios profesionales, consejos, consultorías o asesorías; menos de 200 mil pesos al mes.

La cifra es inconsistente con las transferencias que el SAT detectó ese año a sus despachos. Además, García Sepúlveda declaró que no participa en la toma de decisiones de las empresas de las que funge como socio, que estas compañías no recibieron apoyos o beneficios públicos y que las utilidades no fueron depositadas en algún fideicomiso que tenga como beneficiario al gobernador de Nuevo León.

La declaración de 2023 también omitió el rubro de clientes principales que aparece en declaraciones de intereses de otros funcionarios públicos. Es decir, Samuel García Sepúlveda omitió declarar que las compañías subsidiarias de Grupo Gentor han transferido 778 millones de pesos a dos de los despachos propiedad del gobernador y de su familia durante toda su trayectoria política. La mayoría de estos recursos fueron pagados después de que la empresa subsidiaria SEISA recibiera contratos federales por más de 500 millones de pesos para la modernización de las centrales hidroeléctricas de Minas y Encanto, Portezuelo I y Portezuelo II.

Tres casos ponen de relieve la injerencia política de Firma Jurídica y Fiscal Abogados en el gobierno de Nuevo León.

El primero: en el 2021, durante la campaña de Samuel García Sepúlveda a la gubernatura, Servicios Especiales Senda S.A. de C.V. realizó transferencias por 111 millones de pesos a este despacho. Acto seguido, el nuevo gobernador designó a José Manuel Valdez, ex director Jurídico de Senda, como titular del Instituto de Movilidad y Accesibilidad de Nuevo León. Desde esta posición, diseñó la polémica y cuestionada licitación de 1,500 millones de pesos para renovar el Sistema Integral de Tránsito Metropolitano. Actualmente, Valdez se encuentra vinculado a proceso por el presunto delito de ejercicio ilícito de servicio público, conectado a un caso paralelo. Samuel García lo defendió públicamente.

Segundo: La compañía Suministros MYR, que obtuvo un contrato estatal para proveer alimentos a instancias gubernamentales por 964 millones de pesos, trianguló un pago a Firma Jurídica y Fiscal Abogados S.C. El esquema se operó a través de la empresa subsidiaria Proveedor de Productos Mexicanos Jace, la cual pagó 202.9 millones de pesos al despacho familiar del gobernador, luego de haber recibido una transferencia de 237 millones de pesos de parte de su compañía matriz. La oposición acusa que se trató de un soborno de 21 por ciento. Cuando García Sepúlveda fue cuestionado públicamente por este caso, el gobernador, visiblemente molesto, se limitó a decir que la explicación la daría el despacho. A la fecha, Firma Jurídica y Fiscal Abogados no ha ofrecido una respuesta satisfactoria

Tercero: Petrolíferos Lobo S. de R.L. de C.V., una compañía dedicada al transporte de gasolina importada de Estados Unidos, ha pagado 254 millones de pesos a García Mascorro Firma Jurídica Fiscal S.C., entre agosto de 2019 y febrero de 2024. Una fuente con conocimiento del asunto le dijo al periódico Reporte Índigo que el despacho fiscal del gobernador se ha especializado en proveer servicios fiscales a compañías de servicios energéticos que habrían sido extorsionadas por la Dirección General de Comercio Exterior de la Subsecretaría de Administración Tributaria de la Secretaría de Finanzas.

La fuente habla de cobros de entre 200 y 400 dólares por pipa, bajo amenaza de incautar el combustible, con el argumento de que no cuentan con los permisos de importación. En el gobierno estatal, el titular de la oficina que estaría encargada de esta operación es Carlos Contreras Segovia, quien fue administrador desconcentrado jurídico del SAT en la Ciudad de México entre 2019 y 2021.

Contreras, quien fue propuesto por García Sepúlveda como candidato a ocupar la Fiscalía de Nuevo León, salió del SAT federal en medio de una investigación anti corrupción realizada por la entonces titular, Raquel Buenrostro. De acuerdo a versiones periodísticas, Contreras fue denunciado penalmente ante la Fiscalía General de la República por ser parte de una red de corrupción en el Servicio de Administración Tributaria que alteraba documentos para proteger a empresas que sacaban combustible de Pemex, a través de buques petroleros y que ingresaban a territorio nacional simulando ser importadores de hidrocarburos de refinerías en Estados Unidos.

Carlos Contreras Segovia no es el único personaje vinculado a los despachos fiscales de la familia de Samuel García Sepúlveda. Carlos Mendoza Cano, ex empleado de las empresas del gobernador, fue designado como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica de Nuevo León al inicio de la administración. La oposición lo acusó de ser punta de lanza en un esquema de extorsión contra los disidentes del gobierno.

Al mismo tiempo, un empresario acusó a Mendoza Cano de coludirse en un presunto fraude inmobiliario operado por uno de sus representados legales, Emilio Tancredi, quien fue detenido en agosto de 2022 en Quintana Roo. Al igual que Carlos Contreras Segovia, Mendoza Cano también fue apuntado por el gobernador como candidato a titular de la fiscalía estatal. Al igual que Carlos Contreras Segovia, Mendoza Cano también fue denunciado ante la Fiscalía General de la República por la Unidad de Inteligencia Financiera de Tamaulipas, por ser parte de un presunto esquema de facturas simuladas para que presuntos grupos criminales realizaran retiros en efectivo.

Miguel Ángel Rojas, director Jurídico Tributario del gobierno de Nuevo León, es otro ejemplo de los conflictos de interés que rodean a Firma Jurídica y Fiscal Abogados S.C. Trabajó durante ocho años para el despacho de Samuel García. Después, como funcionario, firmó la adjudicación de un contrato de 140 millones de pesos para que ECM Soluciones Fiscales brindara asesoría al gobierno estatal en litigios tributarios.

Se trata de una compañía que comparte domicilio en la Torre Helicon de San Pedro Garza García con Firma Jurídica y Fiscal Abogados S.C. El representante legal de ECM Soluciones Fiscales es Erick Castillo Magaña, ex titular de la Administración Central de Devoluciones y Compensaciones del SAT federal.

El cuarteto de operadores de Samuel García en el gobierno estatal se completa con Félix Arratia, amigo personal del gobernador, ex titular del SAT acusado por extorsionar empresarios con la emisión de créditos fiscales y actual candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Juárez, Nuevo León.

Estas estampas revelan la verdadera magnitud e importancia política de la red de despachos fiscales vinculados al gobernador de Nuevo León. Durante nueve años de carrera política de Samuel García Sepúlveda, Firma Jurídica y Fiscal Abogados S.C. y García Mascorro Firma Jurídica Fiscal S.C. han reportado ingresos por 2,413 millones de pesos; 632 millones antes de que García Sepúlveda asumiera el poder y 1,781 millones ya como gobernador.

Y, aun así, esta cifra sigue sin cuantificar la magnitud de la riqueza personal de Samuel García y de su familia. En el 2021, la Unidad de Inteligencia Financiera federal y la Fiscalía General de la República investigaron al entonces candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Nuevo León por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En ese entonces, las autoridades detectaron movimientos por 1,500 millones de pesos a través de una red de al menos 60 empresas fachada. Es decir, casi el triple de lo que habían reportado los dos principales despachos de la red, Firma Jurídica y Fiscal Abogados S.C. y García Mascorro Firma Jurídica Fiscal S.C. Por otra parte, los registros por 2,413 millones de pesos no incluyen el monto operado por las otras nueve compañías de las cuales el gobernador de Nuevo León es socio, entre ellas SAGA Tierra y Bienes Inmuebles S.A. de C.V., el vehículo a través del cual se triangularon recursos a Movimiento Ciudadano en 2021, según la Unidad Técnica de Fiscalización del INE.

Tampoco incluyen a las cuatro compañías que García Sepúlveda y su esposa, Mariana Rodríguez, crearon días antes de asumir el poder: García Sepúlveda Inver S.A. de C.V., SAGA Bienes Internacional S.A. de C.V., SAGA Comercio Construcción y Transporte S.A. de C.V. y SAMAL MAR S.A. de C.V. A esto falta sumar también la aportación de empresas con el domicilio repetido, como ECM Soluciones Fiscales, o los despachos fiscales de Marcelo Flores Serna, hermano de Miguel Flores Serna, jefe de la Oficina del Gobernador: Flores Serna y Asociados y la firma Legal Business Management.

El seguimiento que el SAT, la UIF y la FGR han hecho de los reportes fiscales de Samuel García apuntan a una conclusión: el gobernador de Nuevo León construyó un imperio empresarial que lo coloca al mismo nivel que algunos de los hombres y mujeres de negocio del Grupo Monterrey, el Grupo de los Diez. Todo, al amparo del poder.